Tirón de orejas de la Comisión Europea a España. Esta vez, por el estado de la transparencia y el acceso a la información en el Estado. Y, especialmente, por mantener vigente, a día de hoy, la Ley de Secretos Oficiales, la vieja ley franquista que desde abril de 1968 permite meter en un cajón todos aquellos asuntos que el Estado quiera mantener ocultos, por la razón que sea, e incluso a veces sin razón, que es lo que la hace incompatible con un sistema que se jacta de la rendición de cuentas y el acceso ciudadano a la información pública.

Pese a su escaso label democrático –la ley carece de plazos de desclasificación y tiene toda la arbitrariedad de una ley de dictadura–, todos los gobiernos de la democracia la han utilizado sin rubor. Lo que precisamente reprocha la Comisión Europea no solo es que siga vigente, sino que los trabajos para alumbrar una nueva norma hayan quedado paralizados desde 2023. De ahí que la Comisión Europea recomiende a España que “avance”, “particularmente mediante la reforma de la Ley sobre Secretos Oficiales teniendo en cuenta las normas europeas sobre acceso a documentos oficiales”.

El aviso consta entre las recomendaciones que el Ejecutivo comunitario –presidido por Ursula von der Leyen y compuesto por una serie de comisarios que son como ministros– ha dejado escritas en el informe anual sobre el cumplimiento del Estado de Derecho en cada país de la UE.

En uno de los apartados, la Comisión Europea recuerda que esta petición no es nueva, y que también la hizo el año pasado. La Ley de Información Clasificada, como así llamó el Gobierno a la norma para sustituir a la de Secretos Oficiales, era una eterna promesa del Ejecutivo de Sánchez. El anteproyecto llegó, con bastante retraso, en pleno agosto de 2022. El resultado no pudo ser más decepcionante: planteaba una norma con plazos de desclasificación larguísimos –de hasta 65 años– y prácticamente sin igual en países del entorno. Apenas suponía un cambio con respecto a lo que ya había.

Informes en contra

El borrador recibió un carretón de informes en contra –desde el fiscal general del Estado hasta el Consejo de la Transparencia, pasando por el Consejo General del Poder Judicial– y las críticas de profesores, archiveros y periodistas, que la consideraban casi un insulto. El ministro Félix Bolaños, el encargado de poner en marcha el tema, prometió revisarla y hacer cambios.

En eso llegó la disolución de las Cortes. Sánchez decidió adelantar las elecciones generales tras los malos resultados del PSOE en las autonómicas y locales. Sin Congreso ni Senado, el proceso legislativo “se interrumpió”, constata la Comisión Europea, que recuerda que “las partes interesadas siguen expresando su preocupación” por el hecho de que no haya avances.

Ahora hay que retomarlo, viene a decir el Gobierno de la UE, que recuerda que en octubre de 2023 el Estado español ratificó el convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos.

El informe también incluye la respuesta sobre este tema qué trasladaron las autoridades españolas a la Comisión durante una visita a España, indica el trabajo: que la intención es “volver a poner en marcha el proyecto de Información Clasificada”, pero “sobre la base del proyecto de 2023”.

Es decir, sobre el documento que tantas críticas –al menos en su primera redacción– recibió. Esto es significativo porque supone reconocer, por parte del Gobierno del Estado, que no atenderá la propuesta de reforma que el PNV tiene registrada en el Congreso desde el mes de marzo, y que lleva a las Cortes de forma ininterrumpida –y sin éxito– desde hace casi una década.

Es una propuesta sencillísima y que supondría dar un salto de gigante con respecto a la actual situación. Sin embargo, Sánchez nunca la ha atendido y ya acumula 15 retrasos este año. Ahora solo queda que al menos el Gobierno cumpla con su propia palabra y supere de una vez la ley franquista.

Más recomendaciones

La ‘mordaza’, pendiente

El trabajo periodístico, cada vez más difícil. El informe repasa otros aspectos de la vida democrática estatal. En un epígrafe, la Comisión Europea recomienda al Estado que “proceda a aprobar la ley sobre la actividad de los grupos de interés”, es decir, los lobbys, de tal manera que queden incluidos en un registro público. Y recuerda que “aunque el Gobierno la considera prioritaria, sigue pendiente de materialización la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana”, la ley mordaza de tiempos de Rajoy que Sánchez prometió derogar ya en 2018. Mención aparte merece un párrafo en el que constata que “los periodistas siguen enfrentándose a cada vez más dificultades para hacer su trabajo” en España. El proyecto Mapping Media Freedom registró 52 alertas en España en 2023, por casos de agresiones físicas, acoso o intimidación y amenazas contra periodistas, y la Comisión se hace eco de las quejas de los profesionales por “la tendencia, cada vez más extendida”, en instituciones y partidos, de celebrar conferencias de prensa sin preguntas.