La cuestión de la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en las instituciones de la Unión Europea vuelve este martes a un consejo de ministros en la UE, en el que el Gobierno español defenderá que es una prioridad para el Estado porque forman parte de su "identidad nacional".
Este uno de los argumentos que sostiene el memorando que el Gobierno ha distribuido a los otros veintiséis países del club comunitario, acompañado de una carta del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que incide en ese punto, según fuentes europeas.
Esta cuestión es una "prioridad" para España ya que la diversidad lingüística forma parte de la "identidad nacional española", la cual es "inherente" a las estructuras fundamentales, políticas y constitucionales del país, incide Albares en su misiva y también el memorando.
Albares dijo este lunes en Bruselas, donde participó en una reunión de ministros de Exteriores, que los argumentos del Estado en este asunto son "sólidos y legítimos" y pidió al PP que apoye la reivindicación del Gobierno en el club comunitario.
Albares pide al PP su apoyo
"Si el Partido Popular quisiera, mañana mismo -por este martes-, en la mesa del Parlamento Europeo, podríamos convertir en lengua de trabajo al catalán, al euskera y al gallego. Y si nos ayudara a seguir explicando mejor a los países representados en el Consejo, de su familia política, podríamos conseguir también esa oficialidad", afirmó.
No se vota este martes
En todo caso, el tema se va a tratar este martes como un punto informativo en el Consejo de Asuntos Generales para fijar el estado de la cuestión, y por tanto no se espera debate ni votación al respecto.
Solo se tomará "nota" de forma "muy breve" y se analizará "más a fondo" más adelante, según las fuentes.
Hasta ahora, el Estado español se ha comprometido a asumir el coste de la oficialidad de las lenguas, que según una estimación preliminar de la Comisión Europea sería de 132 millones de euros, aunque según Bruselas la cifra definitiva solo se sabrá si se aprueba la propuesta y cuando se sepa cómo se aplicará.
El Gobierno también ha defendido que el catalán es una lengua que supera los 10 millones de hablantes -más de los que tienen otros idiomas oficiales en la UE- y ha querido tranquilizar a sus socios asegurando que no creará precedentes porque el caso español es "único".
