El Gobierno responsabiliza al PP del bloqueo en la UE a la oficialidad de catalán, euskera y gallego

En declaraciones previas a la reunión de ministros de Asuntos Europeos en la capital comunitaria, el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, ha afirmado que España está en contacto con distintos socios europeos como Francia, Alemania, Hungría o Bélgica, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, para avanzar en el reconocimiento europeo de las lenguas cooficiales.

"Estamos trabajando con los servicios del Consejo para fortalecer lo que creemos que es un caso muy sólido desde el punto de vista legal", ha señalado Sampedro, subrayando que se puede incluir las lenguas cooficiales en España en el reglamento lingüístico de la UE "sin necesidad de reformar tratados".

En todo caso, ha achacado la falta de avances en el reconocimiento de las lenguas a que la familia europea pone palos en la rueda. "El problema es que probablemente nos encontramos de forma sistemática que, detrás de argumentos que se presentan de forma legal, hay razones políticas", ha asegurado.

Postura común

Sampedro ha añadido que sería "útil" que el PP se sumase a la iniciativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través de los gobiernos conservadores en Europa, para conseguir la oficialidad de las tres lenguas, insistiendo en que "a día de hoy" se podría usar el catalán, el gallego y el euskera pero el rechazo de los 'populares' lo han impedido.

El propio ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pidió expresamente en el Congreso al PP, y en menor medida a Vox, que ayuden al Gobierno intercediendo ante sus socios tanto en la Eurocámara como en las capitales europeas para que avalen la oficialidad de catalán, euskera y gallego, para la que hace falta unanimidad de los Veintisiete.

España cerró el pasado diciembre su presidencia semestral de la UE sin lograr la reforma del reglamento lingüístico europeo para añadir el catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea a la espera de los análisis jurídicos, prácticos y financieros que las capitales han reclamado para examinar la cuestión a fondo.

De hecho varias delegaciones europeas lamentaron entonces que el asunto siguiera en el orden del día a pesar de la falta de avances y de no contar con la información precisa sobre el impacto legal, práctico y financiero para abordar una reflexión de fondo.

En ese contexto, Bélgica no tiene previsto elevar el asunto de nuevo al debate a nivel de ministros mientras no se den a nivel técnico los avances que reclaman otras capitales para analizar la petición de fondo, incluidos informes de los servicios jurídicos del Consejo y evaluaciones de coste e impacto.