En una nueva intromisión de las posiciones judiciales en el contexto político, el juez del caso Volhov considera que Carles Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron “estrechas relaciones personales” con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, dispuesta a apoyar “económica y militarmente” la independencia de Catalunya. En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, acuerda prorrogar por otros seis meses la investigación de la trama rusa sobre las supuestas conexiones de dirigentes independentistas con el país de Vladimir Putin para lograr su apoyo en el procés, y lo hace horas antes de que el Congreso debata la aprobación de la amnistía.
Para el magistrado, de la instrucción de la pieza separada del caso Volhov sobre los supuestos contactos en Rusia para el procés se desprenden indicios de que el entorno de Puigdemont trabajó para desarrollar una “legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos” y de que su entorno llegó a reunirse con “los más altos capos de la mafia rusa”. En esta pieza separada de la causa están investigados Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, el informático de Waterloo Jaume Cabaní y el excargo de CDC Víctor Terradellas, entre otros.
En su auto, el juez esgrime datos que apuntan a “estrechas relaciones personales” entre algunos investigados con diplomáticos o personas vinculadas con los servicios secretos rusos o miembros “influyentes” de partidos de la extrema derecha alemana o italiana, “con intereses en establecer relaciones de influencia política y económica” con la Generalitat si Catalunya “se independizaba de forma unilateral de España”. También apunta a que los intereses rusos en el procés derivan de su propósito de “desestabilizar” a la UE, mediante una eventual salida de España por la independencia unilateral de Catalunya, “apoyada por el gobierno ruso, mediante soporte económico y militar”. Según Joaquín Aguirre, en la causa se ha acreditado que Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, intercambió una serie de mensajes con Alay que revelan “de manera inequívoca sus contactos con altos dirigentes del Kremlin”, dado que señalaban que el expresident no debía criticar a Vladimir Putin por el caso del disidente Navalny ni al presidente de Bielorrusia, Viktor Lukashenko. En opinión del juez, Alay y Boye viajaron además a Rusia para “entrevistarse con los más altos capos de la mafia rusa, tales como Zakhar Kalashov, Vasili Kristoforov, Koba Shermazashivili y, posiblemente, también con Evgeni Primakov, un político relevante en el Kremlin”.
Según el magistrado, los contactos con “altas instancias del Kremlin” se llevaron a cabo tanto antes como después de la declaración unilateraI de independencia (DUI) y, tras octubre de 2017, Alay pasó a relevar a Terradellas en los contactos con Rusia, dado que este quedó “inutilizado” por su detención en la primera fase del caso por la presunta trama de desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona. “Si los contactos con el Kremlin existieron antes y después de octubre de 2017 puede extraerse la deducción de que había alguna persona común a Terradellas y Alay y por encima de ellos que permitiría tales contactos”, apunta el magistrado.
Contactos en el Kremlin
Destaca el juez que, de unos mensajes que Terradellas intercambió con J.B.S., supuesto intérprete y enlace con Rusia, a principios de 2018 se desprende que los contactos en el Kremlin “debían ser de muy alto nivel” porque se “intuye” que el exdirigente de CDC sabe que va a empezar la invasión de Ucrania por Rusia. Los chats intervenidos, añade, también confirman que Terradellas pretendía que “una personalidad catalana” cuyo nombre no se especifica le acompañe a Rusia para explicar los “ofrecimientos” del Kremlin a Catalunya. El juez cree necesario comprobar la veracidad de los datos recabados y si en los teléfonos de los investigados aparece información más relevante sobre el “soporte que pudo haber dado Rusia al proceso de independencia de Cataluña a cambio de unas concretas contraprestaciones en pago por tal ayuda”. Entre los indicios figura la declaración como testigo de la exdirigente de Junts Elsa Artadi, quien habría admitido dos reuniones con “personas que hablaban ruso” los días previos a la DUI, una de ellas en la Casa dels Canonges en presencia de Puigdemont.
