La investidura de Sánchez se demora ante la necesidad de pulir la ley de amnistía

Los contactos, el intercambio de documentos y las reuniones en Bruselas no cesan pero la investidura de Pedro Sánchez no termina de certificarse. Podría pensarse que la imputación de Carles Puigdemont y toda la ofensiva judicial contra la ley de amnistía podrían estar cumpliendo su objetivo de desmoronar el acuerdo entre PSOE y Junts aunque los actores en juego niegan la mayor y aseguran que el pacto no corre peligro. “Pronto”, se limitó a asegurar ayer el secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, a este periódico, sin concretar una fecha orientativa para la fumata blanca, aunque desde ambas partes parecen rebajar las expectativas de que pueda ponerse el broche esta semana, como en un principio estaba previsto.

La cuestión afecta más a los aspectos técnicos de esta medida de gracia para que luego no pueda ser puesta en duda, de ahí que sea difícil establecer un “horizonte temporal”, pendientes de que los servicios jurídicos pulan todos y cada uno de los detalles, al tiempo que Puigdemont trata de encajar en la normativa ciertos casos ajenos al procés. La densidad del texto obliga a una revisión del mismo por parte de los respectivos asesores legales, que miran con lupa cuestiones del redactado que afectan principalmente a la exposición de motivos, vinculada estrechamente con la constitucionalidad de la ley. De hecho, todo se resolvería antes si sólo fuese una simple cuestión política, más aún por cómo están encendidos los ánimos en la derecha con sus algaradas callejeras correspondientes. La relevancia de semejante legislación, insisten fuentes conocedoras de la negociación, obliga a obrar con rigor y a hacer un buen trabajo.

El primer interesado en zanjar su reelección es el propio Sánchez. Además, su deseo era poder acudir el próximo sábado a Málaga como jefe del Ejecutivo con plenas funciones para intervenir en el Congreso que el Partido Socialista Europeo celebra en esa ciudad andaluza. A su vez, Junts es consciente de que la presión y la pelota está en el tejado socialista, con fecha límite hasta el 27 de noviembre, al tiempo que desde la formación soberanista matizan que ellos están inmersos en una tarea que, por ejemplo, Esquerra no habría realizado. Los temores llegaron ayer cuando la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, fue menos contundente que otras veces sobre el futuro de la legislatura al responder con frialdad en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros: “Si es que sigue adelante la investidura y, por tanto, hay un nuevo Gobierno, como deseamos”. Con todo, aluden a la cautela, que no al pesimismo.

En este contexto, el PSOE recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) el cambio de Reglamento del Senado que promueve el PP para dilatar la ley de amnistía porque entiende que modifica la Constitución y “vulnera los derechos de senadores y diputados”.