Los nuevos portavoces parlamentarios se reúnen este jueves por primera vez tras la constitución de las Cortes para ordenar el primer pleno de la XV Legislatura, que a cuenta del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso ha enfrentado a los partidos de izquierda, independentistas y nacionalistas, con el PP y Vox.
Y es que después de que la Mesa del Congreso haya aprobado con los votos del PSOE y de Sumar un acuerdo para que se pueda empezar a utilizar el catalán, el euskera y el gallego con traducción simultánea en el próximo pleno del 19 de septiembre, el PP ha avisado de que analizará su legalidad dado que primero se tendría que aprobar la reforma del Reglamento de la Cámara que concrete dicha implantación.
La Junta de Portavoces, integrada por todos los grupos parlamentarios (PSOE, PP, Sumar, Vox, ERC, JxCAT y el Grupo mixto) tendrá que dar el visto bueno a ese primer pleno donde, por primera vez habrá traductores e intérpretes de las tres lenguas cooficiales y donde incluso se podrá hablar en otras lenguas no oficiales, como el asturiano o el bable, siempre que el diputado se autotraduzca.
La primera reunión de portavoces, en la que se estrena la portavoz de Sumar, Marta Lois, y de Vox, Pepa Millán, se prevé tensa; sobre todo porque la iniciativa que permitirá reformar el Reglamento se pretende tramitar por la vía de urgencia y en lectura única, sin pasar por la Comisión del Reglamento, que -por otra parte- todavía no se ha constituido.
Este punto ha levantado las críticas del PP y de Vox, que no ven urgencia ni prioridad en reformar el Reglamento para introducir las lenguas cooficiales en la actividad parlamentaria, máxime cuando afectará a toda la labor de la Cámara, desde los plenos hasta las comisiones, pasando por los textos de las iniciativas o de las enmiendas.
Los populares recalcan que se trata de una reforma de calado que debería ir acompañada de un informe jurídico ya que cualquier intervención o escrito tendrá que ser traducido cuando se apruebe la reforma reglamentaria.
Además avisan de un informe de los letrados que advierte de que los plazos para presentar enmiendas u otros procedimientos podrían verse modificados ante las traducciones que se requieran.
No obstante, los socialistas recuerdan que hay un plazo máximo de seis meses para adaptar el Congreso a la nueva logística que requiere este nuevo trabajo. En la Cámara existe ya un equipo técnico de traducción con sus correspondientes auriculares, pero la intención de los proponentes de la iniciativa es que se establezca un dispositivo estable, que en todo caso conllevará contrataciones de traductores y compra de recursos.
Grupos parlamentarios de JxCAt y ERC
Por otra parte, la Junta de Portavoces también tratará este jueves el escrito que registró el PP para impugnar la formación de los grupos parlamentarios de ERC y de JxCAT, que fueron constituidos con la cesión de varios diputados del PSOE y de Sumar ya que ninguno de los dos partidos cumplía con los requisitos para tener grupo propio.
Los populares solicitan la disolución de estos grupos y argumentan que existió fraude de ley puesto que los diputados del PSOE y de Sumar prestados regresaron a sus respectivos grupos y piden que los siete diputados de JxCAT y los siete de ERC se integren en el grupo mixto junto a los de UPN, CC y BNG.
Lo justifica en la vulneración de los derechos fundamentales del resto de diputados y en que se distorsiona el resultado electoral.
Vox también ha reclamado a la Mesa del Congreso la nulidad de estos grupos parlamentarios aunque la formación que dirige Santiago Abascal lamenta que el PP pida en el Congreso la disolución de estos grupos y que en el Senado con su mayoría sí lo permita.
