La Ley estatal de Vivienda va camino de despeñarse. Después de que el Gobierno vasco anunciara un recurso de inconstitucionalidad que, previsiblemente, Catalunya también ejecutará, son ya cinco las comunidades autónomas que han mostrado su rechazo a la normativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez con el inicial respaldo de Esquerra y EH Bildu. El último de los territorios en oponerse a varios artículos y disposiciones del texto ha sido Baleares tras haberlo hecho igualmente Andalucía y la Comunidad de Madrid. Un capítulo más dentro de una semana en la que ERC dio un paso atrás y se enganchó a este furgón asumiendo los postulados de Junts, y que en su día ya expuso el PNV, de cara a plantear su disconformidad ante el Tribunal Constitucional, algo que la coalición soberanista no tiene intención de poner en práctica ni siquiera con tal de seguir la senda de sus socios republicanos.

El Govern balear ha iniciado ya los trámites para interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, una vez consultados los servicios jurídicos de la comunidad, al observarse que determinados preceptos “desconocen el reparto competencial que realiza la Constitución española, sobrepasando la competencia estatal e invadiendo el ámbito propio de las comunidades autónomas”. En concreto, ha identificado nueve artículos y cuatro disposiciones de la norma estatal que, en algunos de sus apartados, “vulneran el Estatut d’Autonomia”. Entre otros, inciden en las regulaciones de la vivienda protegida, el parque público de viviendas, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, las medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de arrendamiento o las modificaciones de la Ley de enjuiciamiento civil. En paralelo, la consellera balear del ramo indicó que su Ejecutivo trabaja en la redacción de una nueva Ley de Vivienda para Baleares. “En caso que al regular competencias autonómicas, el Estado considerara que se está haciendo mal o que se está yendo en contra de la normativa estatal, pues habrá una Comisión Bilateral, nos sentaremos y hablaremos de las competencias pero nosotros no vamos a limitar, en absoluto, el ejercicio de la competencia autonómica en materia de vivienda”, expuso Marta Vidal.

“Hay una invasión clarísima, es la opinión del Govern y de la Abogacía”, reiteró, evocando, entre otros, los argumentos ofrecidos desde la CAV para interponer el recurso. No en vano, el pasado miércoles el lehendakari Iñigo Urkullu puso el dedo en la llaga al asegurar ni siquiera el PSOE “parecía querer” esta ley, que fue “promovida por el segundo partido del Gobierno (Unidas Podemos) y por determinados partidos que lo apoyaban, entre ellos ERC y Bildu”. El jefe del Ejecutivo vasco, sin profundizar en los avances o retrocesos reales en el acceso a la vivienda que derivan de esta normativa, ni tampoco “los problemas que supone aprobar leyes sin predecir las consecuencias que pudieran tener”, dejó claro que esta norma “puede suponer una clara invasión competencial”. Su recado a la izquierda abertzale fue nítido. “La cabriola de ERC al apoyar una ley para luego recurrirla solo es superada por la decisión de EH Bildu de apoyarla y justificar la invasión competencial que supone. Una huida hacia adelante con consecuencias impredecibles para nuestra capacidad de decisión y también para la oferta real de vivienda en Euskadi”, atizó. En concreto, se impugnan un total de siete artículos del texto, una disposición transitoria, una adicional y dos finales. 

Desde Catalunya, ERC registró una propuesta de resolución propia en la que, siguiendo las recomendaciones del Consell de Garanties Estatutàries, aboga por recurrir hasta seis artículos (2, 15, 27, 28, 29, y la disposición final séptima) aunque reclama “mantener la esencia de la ley en relación a los avances en materia habitacional para todo el mundo”. La ley vulnera, según el dictamen del Consell, el principio de autonomía financiera y la autonomía de gasto de la Generalitat. “Damos este paso para defender el autogobierno de Catalunya y, a la vez, mantener los avances en materia habitacional”, precisó el partido liderado por Oriol Junqueras después de haberse implicado, junto a Bildu. Allí, será el 1 de septiembre cuando el Parlament adopte una posición en un pleno convocado a petición de Junts.