Los socios del Gobierno español encaran el final de la reforma de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana –la conocida como ley mordaza– impulsada por el PNV y que hasta hace poco había permanecido bloqueada en el Congreso.
Tras la reunión de la ponencia el pasado 21 de diciembre, los participantes se muestra optimistas sobre la posibilidad de cumplir con la promesa de reformar en esta legislatura la norma aprobada en 2015 con la mayoría absoluta del PP.
La previsión es seguir trabajando en enero, aunque no existe aún fecha para que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana se eleve a la Comisión de Interior, paso previo para su aprobación en el pleno del Congreso.
No obstante, persisten líneas rojas debido a la renuncia del PSOE a dejar de usar las pelotas de goma como material policial antidisturbio, así como prescindir de los rechazos en frontera de migrantes, un asunto este último que se ha vuelto a poner en primer plano con críticas a la gestión del Ministerio del Interior tras la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio.
El PNV, EH Bildu y otros socios del Ejecutivo reconocen que han encallado en artículos como el de desobediencia (36.6) o el de faltas de respeto (37.4), recordando que son los que motivan más sanciones por parte de las Fuerzas de Seguridad gracias a la ley mordaza.
Fuentes parlamentarias subrayan que el consenso puede llegar si se establecen “elementos para objetivizar estas sanciones, evitando situaciones injustas”. También reconocen puntos de desencuentro en la responsabilidad de las manifestaciones a la hora de hacer frente a posibles infracciones.
En la última reunión a puerta cerrada de la ponencia, los socios del Gobierno acordaron graduar las sanciones en función de si afecta a menores y atendiendo a la capacidad económica. La Ley de Seguridad Ciudadana en vigor ya contempla la graduación de sanciones (artículo 33) con mención a “la capacidad económica del infractor”, pero ahora se incluye “la minoría de edad del infractor”.
Además, se desarrolla este artículo para establecer retoques a la baja en las multas para reducirlas en un 50% para quienes perciban un salario de hasta 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y del 25% si es entre 1,5 y 2,5 veces del SMI.
Para atender a las “circunstancias personales, familiares y sociales”, el artículo pactado contempla la posibilidad de reducir la multa y hasta suspenderla en función de si hay un acto de conciliación entre la persona autora con las personas ofendidas, así como una actividad reparadora, sobre todo en aquellos supuestos en los que el sancionado es menor de edad.
Según explicó el ponente de Unidas Podemos, Enrique Santiago, se trata de generalizar un modelo que ya regía para los menores y ha generado un “gran acuerdo” para que, a partir de la aprobación de la ley, se pueda utilizar en “todos los supuestos de infracciones que afecten a bienes públicos o privados” siempre que exista una clara voluntad de conciliación entre las partes.
Además, se ha acordado –teniendo en cuenta una sentencia del Tribunal Constitucional– la reducción de algunas sanciones y, en palabras de Santiago, la “no penalización” de la difusión de imágenes de protestas o actividades de las Fuerzas de Seguridad. Textualmente, la enmienda incorporada establece que “no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones o su mera difusión”.
concentraciones pacíficas
Sobre la propuesta inicial del PNV, también hay acuerdo de los socios del Gobierno para dejar de castigar la convocatoria y celebración de concentraciones pacíficas en los alrededores de las cámaras parlamentarias, así como para modificar el artículo 20, que regula los registros corporales para “reducir al mínimo” los desnudos.
