Tras más de dos meses de cocina, negociando con el PNV y con el Gobierno vasco una fórmula para concertar las nuevas tasas a la banca y las empresas energéticas, el Gobierno español ha decidido escenificar finalmente con EH Bildu la firma de la enmienda que establece una salvaguarda competencial dentro de la proposición de ley de estos impuestos. El texto, en cualquier caso, aún no detalla si Euskadi recaudará directamente las tasas, o si el Estado le pagará una compensación económica por los fondos que obtenga de empresas como Iberdrola y Petronor, cuestión que llevan meses negociando el consejero Azpiazu y la ministra Montero. La enmienda que han transaccionado la coalición abertzale y el grupo socialista sí fija como principal novedad que se acordará en el plazo de tres meses desde la aprobación de la ley. El texto estipula que la participación de la comunidad autónoma vasca y la navarra en estas tasas se establecerá en la Comisión Mixta del Concierto Económico y la Comisión del Convenio en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, cuyo dictamen se ha debatido este jueves en el Congreso.

En lo que se refiere a los plazos, a esos tres meses, la enmienda acordada recoge la petición de EH Bildu. Pero, en el fondo del asunto, en cuanto a las vías para llegar a un acuerdo, se sigue la redacción planteada por el PNV. En concreto, tanto el PNV como el PSOE y Unidas Podemos habían planteando que se acuerde en una reunión de la Comisión Mixta la forma en que las haciendas forales deben participar, que es la redacción por la que finalmente se ha optado, y no la de EH Bildu, que planteaba además la "adaptación" del Concierto y el Convenio, lo que para el PNV sugería un cambio legal que no es necesario ni es el procedimiento que se sigue en estos casos.

Sánchez ya había rectificado

La firma de esta enmienda en la comisión del Congreso ha concedido un repentino protagonismo a EH Bildu en una negociación que llevaba meses desarrollándose entre bambalinas con el Gobierno vasco. En su enmienda, de hecho, más allá del plazo, no hay novedad. EH Bildu se arrogó el mérito de que el Gobierno español rectificara y accediera a la concertación. Pero no es algo nuevo. El presidente Sánchez ya había confirmado que se concertarían los impuestos, y la ministra María Jesús Montero se lo repitió al PNV en el debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos.

La rectificación del Gobierno español, por lo tanto, ya se había producido hace semanas, tras un primer momento de confusión porque estos gravámenes se han presentado como tasas y esa condición dificultaba su concertación con las haciendas forales para que puedan recaudarlos directamente. Como mínimo desde septiembre, el mes en que se hicieron públicas las negociaciones, Azpiazu busca una vía con Montero para concertarlos o bien para recibir una compensación económica.

Sí es cierto que EH Bildu ha arrancado un compromiso con los plazos, con los tres meses para acordar la participación vasca cuando se apruebe la ley. La coalición abertzale celebró como un logro exclusivamente propio esta enmienda, que consigue "defender el autogobierno y blindar sus competencias". Puso en valor el compromiso de cerrarlo con "la mayor celeridad posible, siempre antes de tres meses desde la entrada en vigor de la ley". "De esta manera, EH Bildu ha conseguido que el Gobierno rectifique y respete de manera íntegra las competencias y capacidades fiscales propias reconocidas a las instituciones de Hego Euskal Herria", destacó la coalición. La proposición de ley se votará definitivamente el jueves.

Estudiar que las tasas sean permanentes

Por otro lado, según informó EH Bildu, el Gobierno español se ha comprometido por escrito "a realizar un informe para estudiar convertir dichos gravámenes en estructurales y permanentes". La coalición insistió desde un principio en que establecer estas tasas solo para los ejercicios 2022 y 2023 no solucionaría el problema de fondo y "se felicita de haber conseguido mover al Gobierno". La coalición ha presentado este acuerdo como el primero que se consigue en el marco de las negociaciones presupuestarias "que se extenderán durante los próximos días con el objetivo de ensanchar derechos y libertades y lograr mejoras sociales para la ciudadanía vasca y las clases populares del Estado". Por ahora, su voto favorable a los Presupuestos, que se votarán en pleno la semana que viene, no está garantizado.

En el habitual reparto de juego dentro de la negociación presupuestaria, el PSOE ha dado todo el protagonismo a EH Bildu en estos impuestos, con una enmienda transaccional donde no se ha contado con la firma del PNV.

El PNV denuncia no haber estado en la firma "por petición de Bildu"

El PNV, por su parte, introdujo en la ley unas correcciones que le darán “mayor seguridad jurídica", y evitarán que los tribunales tumben la iniciativa y obliguen a devolver cantidades millonarias. Idoia Sagastizabal concretó que se han aprobado dos enmiendas de su grupo en su literalidad y se han acordado otras dos. Las incorporaciones del grupo jeltzale aclaran el ámbito territorial de aplicación de la ley, excluyen del importe neto de la cifra de negocios los ingresos correspondientes al Impuesto sobre Hidrocarburos, y se especifican las actividades reguladas que quedarán excluidas.

El grupo jeltzale celebró que se garantice la participación de las instituciones forales en estos gravámenes temporales con una enmienda "cuya redacción final ha tomado como referencia una enmienda planteada por el Grupo Vasco a ese mismo precepto". "EAJ-PNV se felicita, por tanto, porque EH Bildu se sume, 41 años después, a la defensa del Concierto Económico y lamenta que por una petición expresa de EH Bildu no haya podido participar como firmante en esa enmienda transaccional", denuncia en una nota de prensa.

La transacción se ha realizado sobre la literalidad de una enmienda de mi grupo que sí que regulaba bien esta cuestión”, defendió Sagastizabal, y “resulta curioso que no nos hayan dejado entrar en esa transaccional”.

Excluidas las tarifas reguladas de luz, gas y butano

El PDeCAT introdujo también varias enmiendas. El resultado de todo este mix es que quedan excluidas las tarifas reguladas de luz, gas y butano y los ingresos por redes de transporte y distribución de electricidad y gas. Solo se incluirá la actividad en el Estado.