El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó ayer que la aprobación de la nueva Ley de Vivienda consagrará a ésta como un “derecho social” y revertirá, afirmó, el modelo de especulación de la que fue objeto en años anteriores y que dio lugar a corrupción que después se tradujo en “crisis y desahucios”.
Una Ley de Vivienda que fuentes del Ministerio de Transportes esperan que esté aprobada antes de final de año ya que, afirman, los grupos siguen negociando y son dos o tres escollos los que están generando discrepancias.
Este proyecto de ley ha sido uno de los principales caballos de batalla entre el PSOE y Unidas Podemos, con estos últimos acusando a sus socios de demorar sine die la tramitación de la norma y de plegarse a los intereses del sector inmobiliario.
En una firma de construcción de viviendas en Madrid, el jefe del Ejecutivo español realizó lo que él considera una “reflexión fundamental”. Así, señaló que hace no demasiado tiempo era casi imposible hablar de vivienda sin emplear dos términos que eran los de la “burbuja y especulación”.
“Como consecuencia de ello tuvimos que añadir otras dos palabras a nuestro vocabulario inmobiliario: crisis y desahucios”, añadió Sánchez quien señaló que como consecuencia de aquello se descubrieron “fenómenos de corrupción asociados a la especulación que todavía hoy nos avergüenzan por su descaro, alcance y comportamiento inmoral”.
En este sentido, quiso dejar claro que no se trata solo de cuestiones políticas y económicas, sino que lo que es la “historia de sufrimiento humano que ese modelo ocasionó a miles y miles de compatriotas, los planes de vida que quedaron truncados, las heridas en términos de exclusión social que todavía no se han cerrado del todo”. Y esa es la situación que aspira a revertir Moncloa con la norma de Vivienda, a base de alquiler asequible o con el plan estatal 2022-2025, entre otras.
