De nuevo no hicieron falta declaraciones altisonantes de la oposición. Bastó el público de siempre para que el desfile militar del 12-O se convirtiera una vez más en un acto de agravio contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez en una jornada en la que, además, quedó en evidencia la crisis en el Poder Judicial. Las críticas hacia el presidente del Gobierno español se redoblaron por su estrategia de saltarse el protocolo para evitar, sin suerte, la riada de abucheos. El líder del PSOE intentó hacer coincidir su llegada a la plaza de Lima con la de los monarcas para sortear los pitos de los congregados pero el coche en el que viajaban Felipe VI y Letizia Ortiz apareció antes en escena y los reyes tuvieron que retrasar unos segundos su bajada del vehículo hasta que Sánchez se sumó a la comitiva de recepción. Aún así, no pudo evitar los reproches, peticiones de dimisión y hasta insultos de trazo más que grueso tanto al inicio como al término del evento, algo que acontece en todas las citas anuales por el día de la llamada Fiesta Nacional desde la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.
Para colmo, y al margen de la baja de Carlos Lesmes, cuya dimisión como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), vocales del bloque conservador de este órgano decidieron también ausentarse ante el malestar por la forma de comunicarles la invitación, optando por acudir solamente a la recepción organizada por la Casa Real. Según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces, tanto desde Moncloa como desde Zarzuela se pusieron en contacto para preguntar a quién debían invitar a los actos en plena crisis institucional, y desde el CGPJ se les indicó que a los 18 vocales que componen actualmente el Consejo, los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS) y los presidentes de la Audiencia Nacional (AN) y los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ). Los datos de contacto de cada una de estas personas se facilitaron en un único listado a finales de la semana pasada. Lo habitual es que ambas invitaciones lleguen juntas pero este año recibieron primero la cursada por la Casa Real, mientras que la del Gobierno no llegó hasta 24 horas antes –entre el lunes por la tarde y el martes por la mañana– y solo a los vocales del CGPJ, dejando fuera a los representantes del Supremo, los TSJ y la AN.
En un primer momento, algunos vocales, al ver que solo recibían la de la Casa Real, intentaron contactar con Defensa para descartar fallos y, según sostienen, se les respondió que no estaban invitados. Cuando comenzaron a entrar a última hora del lunes, observaron que era con cambios respecto a años anteriores, ya que se hacía mención expresa a que acudieran sin acompañante. Finalmente, el martes por la tarde el Ejecutivo transmitió al Poder Judicial que se había producido un error en el Ministerio y que ese era el motivo de que no se hubieran cursado las invitaciones como debían. Pese a ello, vocales conservadores comunicaron que no asistirían al desfile, algo que desde fuentes gubernamentales consideraron como un “boicot”, mientras que los progresistas, entre ellos Rafael Mozo, el miembro de mayor edad, sí estuvieron presentes en la parada militar. Este último sector es quien rechaza la vía sucesoria en el CGPJ marcada por el TS, que apunta a su vicepresidente, el magistrado Francisco Marín Castán, como el único legitimado para ocupar el cargo, un pulso que podría abocar a la bicefalia.
Cautela de cara al acuerdo
Entre tanto, las negociaciones entre PSOE y PP siguen avanzando desde la cautela y el hermetismo, siendo ayer el tema más recurrente en los corrillos. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, rebajó las expectativas sobre los tiempos indicando que la posibilidad de un acuerdo “progresa adecuadamente”, sin querer echar las campanas al vuelo hasta que exista un pacto firme plasmado en el BOE, después de que el martes estuviera reunido con el interlocutor del PP, Esteban González Pons. El líder de Génova 13, Alberto Núñez Feijóo, precisó que la entente puede llegar “en días” si se cumplen los criterios de idoneidad y constató la exigencia de que el Gobierno se comprometa por escrito a que, una vez renovado el CGPJ, habrá una reforma de la ley para la elección de dicho órgano. Sin embargo, Sánchez dejó claro que no puede haber condiciones previas y recordó que para la reforma legal hace falta una mayoría de la que ahora mismo no dispone.
El líder del PSOE había arrancado el día señalando en su cuenta de Twitter su apuesta por una “España abierta, solidaria, diversa y moderna. La que avanza día a día frente a los retos, la que crece ante la adversidad”; al tiempo que Feijóo destacaba la celebración de “nuestra historia, cultura y tradiciones abrazando la pluralidad de España”. Para el líder de Vox, Santiago Abascal, había “mucho que celebrar y nada de lo que arrepentirse”. “Tal día como hoy hace 530 años, Cristóbal Colón descubre América y se inicia la Hispanidad, la mayor obra de hermanamiento realizada por un pueblo en la Historia universal”, subrayó el ultraderechista. En el polo opuesto, y desde Waterloo, el president en el exilio, Carles Puigdemont, reseñaba que la monarquía española tiene una deuda pendiente con los pueblos indígenas “que nunca paga”. Lo hizo adjuntando la fotografía de un tablero de juego de América del Sur con piezas que simulan indígenas. “La partida original acabó en genocidio”, espetó, añadiendo textualmente que el 12 de octubre “los pueblos indígenas no tienen nada que celebrar sino mucho que reclamar”.
La mayor parte del Gobierno de Sánchez, incluida la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, asistió al desfile, salvo la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, en avanzado estado de gestación, y el de Universidades, Joan Subirats, ambos de Unidas Podemos; mientras que por la parte socialista se pudo ver a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, así como a las ministras de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y de Industria, Reyes Maroto. Todos los presidentes autonómicos, entre ellos la presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite, estuvieron presentes. Con excepción, como ya es habitual, del lehendakari Iñigo Urkullu, y el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Desde el Govern, que desarrolló una jornada de trabajo en el Palau, se trasladó la idea de que no había “nada que celebrar porque el 12-O es la efeméride de un genocidio”.
