Los itinerarios laborales personalizados que se implantarán a partir del 1 de enero y el impulso del tercer grado para que el 40 % de la población reclusa pueda cumplir sus penas en semilibertad son las principales claves del modelo vasco de prisiones que aspira a ser "más humano" y a convertirse en un referente.
Cuando han pasado dos meses de la asunción de la competencia, el Gobierno vasco sigue trabajando para que el primer día de 2022 coja las riendas la agencia pública "Aukerak" que se encargará de gestionar una de las principales señas de identidad de este sistema, la preparación y la formación de los presos para la vida laboral una vez que salgan de la cárcel.
El juez que asesora al Ejecutivo vasco para desarrollar esta nueva competencia, Jaime Tapia, pone el énfasis en la labor de esta entidad, que asume la misión de contratar en este momento a alrededor de 300 internos que trabajan tanto en talleres como en tareas internas en las cocinas o el economato.
Hasta aquí nada nuevo con respecto a la responsabilidad de la agencia estatal que se ocupa de esta labor en las comunidades en las que la competencia no está transferida, todas salvo el Euskadi y Catalunya.
El "plus" que Euskadi quiere aportar a este ámbito, según explica Tapia, es el desarrollo de una "orientación profesional personalizada" para cada recluso, paralela a los programas de tratamiento individualizado que ya se desarrollan con cada preso en función del delito cometido.
"Se trata de preguntar (al preso) que es lo que quiere ser, hacer un proyecto, orientar su formación hacia este objetivo y que además de que le sirva dentro del centro también le sea útil en semilibertad y cuando salga", destaca.
"Lo cualitativamente diferente" radica en que logren incluso una titulación de Formación Profesional en hasta 21 especialidades en ámbitos con "alta empleabilidad" como la limpieza, la cocina, el mantenimiento o tareas similares.
TERCER GRADO Y REINSERCIÓN
El impulso de la semilibertad está también entre las prioridades del modelo vasco, que incluso se marca como meta que el 40 % de los reclusos puedan cumplir sus penas en tercer grado, en especial los que tengan condenas inferiores a los cinco años, es decir las relacionadas con delitos menos graves.
Con estas actuaciones "fruto de la sensibilidad jurídica, social e institucional" vasca se busca potenciar el fin último de la reinserción y evitar en la medida de lo posible la reincidencia, señala Tapia, quien no obstante deja claro que eso "no significa que todo esto se vaya a hacer de hoy para mañana". "Esto es una maratón", sentencia.
Tapia asume que el Gobierno vasco "no ha descubierto el Mediterráneo", pero estima que con el "margen de mejora" que existe sí es posible "hablar de un modelo penitenciario vasco, sin ninguna pretenciosidad". Confía en que "con el compromiso de todos habrá algo diferente, un poco mejor y más humano" y en que "en la siguiente legislatura las prisiones vascas se distingan de lo que pasa en Burgos, e incluso de lo que pasa en Catalunya".
Bromea con los "comentarios" que le llegan sobre un posible "efecto llamada" de presos de cárceles de otras autonomías que pidan el traslado a Euskadi porque vean "más oportunidades de trabajo y orientación socio-laboral más profunda".
"Lo primero es asegurar lo bueno que ya existe y a partir de ahí profundizar y que las cosas fluyan", recalca tras rechazar las pretensiones de asociaciones que trabajan con presos de acabar con las cárceles. "No se trata de una revolución y además no podemos levantar un modelo parecido al sueco o al noruego porque estamos condicionados por la legislación y por las infraestructuras", manifiesta.
PRESOS DE ETA
Tapia opina que el consenso que existe entre los partidos en Euskadi al apoyar esta competencia, todos menos PP+Cs y Vox, permite dotar de estabilidad a lo que ahora se inicia con independencia de las formaciones que dirijan el Gobierno vasco, estabilidad que no ve posible en el resto del Estado porque "no es lo mismo que Gobierne el PSOE que lo haga el PP, la sensibilidad en política penitenciaria es distinta".
Precisamente el argumento utilizado por los populares y por Vox para desconfiar de esta nueva competencia es que pueda ser usada por las instituciones vascas para favorecer a los presos de ETA, alrededor de 70 del cerca de millar de internos que componen la población reclusa en los tres centros vascos.
En este sentido, Tapia reitera que "más allá de los condicionamientos legales", ya que la legislación y los juzgados que se encargan de este colectivo no son los mismos que para el resto de delitos, el Gobierno vasco "les aplicará la legislación penitenciaria igual que al resto de presos".
"Unos nos van a acusar de una cosa y otros de la contraria, pero lo vamos a intentar hacer de manera igualitaria, aplicando el derecho de igualdad, pero la situación legal es la que es y la aplicación de la ley por parte de los jueces es la que es. No podemos hacer lo que nos de la gana ni en un sentido ni en otro", concluye
