- El reparto de competencias, que concede a las comunidades y los ayuntamientos capacidad de decisión en materia de vivienda, anima a la insumisión de distintos gobiernos autonómicos y municipales, fundamentalmente del PP, contra la ley de vivienda anunciada por el Gobierno español. Todavía sin conocer los detalles, el presidente del PP, Pablo Casado, anunció ayer que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional, como hizo con una ley similar aprobada en Catalunya; la calificó de “comunista” y avisó de que no se aplicará en sus comunidades. La madrileña Isabel Díaz Ayuso también recurrirá. Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León han avanzado sus críticas. Casado anunció en Telecinco que no se aplicará lo referente a la regulación de precios en zonas tensionadas, ni el recargo en el IBI por vivienda vacía en sus ayuntamientos. En otro tono, la consellera catalana de Derechos Sociales, Violant Cervera, avisó también el martes de que, si la ley “invade competencias”, el Govern la recurrirá.
En una rueda de prensa tras la cumbre UE-Balcanes Occidentales, el presidente Sánchez pidió colaboración al PP. “No se puede decir que no a un proyecto de ley que ni siquiera ha podido leer”, dijo. Planteó “un gran acuerdo de Estado en el que no solo el Gobierno, sino las comunidades, los ayuntamientos y todas las fuerzas políticas pudiéramos dar una respuesta común”.
En Barcelona, su alcaldesa y líder de los comunes, Ada Colau, sí ha celebrado el pacto. Unidas Podemos arrancó esta regulación a la que se resistía el PSOE, aunque no ha logrado la ambición que pretendía. El alcalde de Donostia, el jeltzale Eneko Goia, cree que la ley vasca está en un “estadio mucho más avanzado”, con un impuesto que penaliza la vivienda vacía con un 100%; y Gasteiz no tiene intención de aplicar un recargo en el IBI a las viviendas vacías.
