- El Parlament salió ayer en defensa de su expresident Roger Torrent ante su imputación por haber autorizado debates sobre la autodeterminación y la monarquía en su etapa al frente de la Mesa del hemiciclo autonómico. En esa línea, el procesamiento de Torrent, actual conseller de Empresa del Govern de Pere Aragonès, es considerado por las instituciones catalanas un nuevo capítulo en el marcaje judicial al soberanismo por parte del Estado español.
Por ello, la junta de portavoces de la Cámara catalana publicó una declaración de apoyo al expresident y al resto de miembros independentistas de la Mesa en la anterior legislatura, que también han sido llamados a declarar por desobedecer al Constitucional. Así las cosas, el Parlament denuncia una “persecución judicial ilegítima” contra personas que han ejercido responsabilidades en el órgano que rige el hemiciclo.
El texto aprobado en la junta de portavoces, promovido por ERC y apoyado por Junts, la CUP y los comunes, señala que en el pleno del Parlament “se puede hablar de todo sin ningún límite más allá el respeto a los derechos humanos y la democracia”. De esta manera, la Cámara catalana vuelve a reivindicar su soberanía y capacidad de llevar a pleno cualquier asunto o iniciativa, por mucho que el Tribunal Constitucional trate de vetar debates sobre la independencia de Catalunya o sobre la monarquía española.
Sin embargo, la Justicia española sigue con su vía de imputaciones y presión en los tribunales al soberanismo y el lunes el Superior catalán citó a declarar a Torrent, a Josep Costa y Eusebi Campdepadrós (JxCat) y a Adriana Delgado (ERC), que fueron miembros de la Mesa, en relación a la querella por desobediencia que presentó al Fiscalía al haber tramitado el órgano parlamentario resoluciones sobre el derecho a decidir y la jefatura de Estado española.
Según la Fiscalía, Torrent y el resto de diputados de la Mesa de JxCat y ERC dieron luz verde a la tramitación de las resoluciones en cuestión, pese a haber sido advertidos de su ilegalidad por parte del secretario general de la Cámara y ser conscientes de que el Constitucional lo había prohibido.
La declaración institucional tilda la citación de “persecución judicial ilegítima, impropia de una democracia” y apunta que profundiza “en la deriva autoritaria del poder judicial español”, que solo tiene por objetivo “limitar el debate y la libertad de expresión en el seno del Parlament”.
En esta línea, el texto aprobado ayer reivindica la Cámara catalana como “un espacio de debate libre” y se compromete a garantizar “el derecho de los diputados a debatir sin censura” sobre los temas “que afectan e interesan a la ciudadanía”. Por este motivo, considera que la defensa del Parlament es “la defensa de la soberanía de Catalunya” y se compromete a defender “la inviolabilidad de la cámara, así como la separación de poderes”.
El propio Roger Torrent también se pronunció ayer sobre su procesamiento y consideró que existe una “persecución insistente” de buena parte del aparato del Estado hacia el independentismo. Asimismo, lamentó la “censura” que sufre en ocasiones el Parlament y se preguntó si estarían inmersos en un proceso judicial si, en lugar de plantear una reprobación, hubieran hecho una adhesión a la monarquía. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Torrent se mostró convencido de hacer “lo que teníamos que hacer” en términos democráticos, parlamentarios y de defensa de la institución”.
“Hicimos lo que teníamos que hacer en defensa de la libertad de expresión”
Conseller de Empresa
