donostia - Pusieron mucho énfasis las acusaciones del caso Altsasu y la Fiscalía lo sacó a colación en cuanto pudo que al Supremo no se acude para un nuevo juicio. Que la ley de 2015 -que modificó los supuestos para acceder al recurso de casación en el Supremo para que, de esta forma, el Alto Tribunal solo revisara situaciones excepcionales-, no permite por tanto que la Sala haga una revisión de las pruebas ni se convierta en una doble apelación. Parecía, por tanto, como si las acusaciones tuvieran cierto recelo a que se entrara a discutir sobre el fondo del asunto. Pero es que este no se corresponde ni más ni menos con lo que reprodujeron ayer las defensas de los ocho jóvenes condenados a entre 2 y 13 años de cárcel. Es decir, que no se trata de que se resetee sobre la prueba o los hechos, sino que se debate, se estudie y se analice con rigor y serenidad la aplicación de las normas de la lógica y la experiencia a dicha prueba. Por tanto, si la fundamentación jurídica, como aquí parece, no termina sino siendo una construcción fantasmagórica que resulta imposible de creer que sucediera de ese modo. Por ello, las defensas de Altsasu, que hablaron de un fallo ilógico, irracional y desproporcionado, cuestionaron desde el inicio la investigación de los hechos (por ser la Guardia Civil interviniente, por haber hecho informes de los acusados antes incluso de que fueran detenidos, porque había un interés en perseguir un terrorismo solo presente en un pensamiento onírico). A las irregularidades durante la instrucción, como las ruedas de reconocimiento, en las que según las defensas se vulneraron todas las garantías, se suma el hecho de que no tuvieron en su opinión un juicio justo y garantista. Por ello, aluden a que la jueza Espejel debió ser recusada por su relación con la Guardia Civil, siempre arte y parte del proceso. Como remate, y quizás en el punto en el que el Supremo puede hacer más ahínco, las defensas cuestionaron una sentencia vaga y genérica en hechos y extraordinariamente severa en cuanto a las penas a imponer. “Ni se individualiza la conducta de los acusados, ni hay pruebas objetivas aparte de las declaraciones de las víctimas, ni las lesiones se corresponden con el relato contado, ni hay una base probatoria que sustente tales condenas”. El Supremo lo verá ahora y decidirá en un plazo razonable. Hay esperanza porque hay argumentos de sobra.
“fiel al rey y españa” “Irracional”, “ilógico”, “excesivo”..., fueron los calificativos que las defensas de los jóvenes de Altsasu utilizaron ayer para pedir la absolución de los condenados en una vista en la que el fiscal, por su parte, reclamó desestimar los recursos de los altsasuarras por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la madrugada del 15 de octubre de 2016, al subrayar que lo que allí ocurrió fue un “ataque ideológico” contra agentes que “son fieles a España, al rey y al pueblo español”. Ante una sala abarrotada de público, sobre todo de familiares de los condenados, el Tribunal Supremo celebró ayer la vista pública para revisar las condenas de entre 2 y 13 años de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a los ocho jóvenes acusados, cuyas defensas solicitaron su absolución. Para los abogados no existe discriminación ideológica, ya que la Guardia Civil no se puede considerar “un cuerpo vulnerable”, y además “hay disparidad de opiniones entre los agentes”.
La vista, que comenzó a las 10.30 horas, concluyó sobre las dos de la tarde, tras escuchar los argumentos de la defensa y la Fiscalía, que pidió mantener las penas. El tribunal está presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, e integrado además por Antonio del Moral, Andrés Palomo, Susana Polo y Vicente Magro. Sobre la mesa los recursos de los abogados de los ocho jóvenes contra la sentencia de la Audiencia Nacional que no les condenó por terrorismo, pero les impuso penas de entre 2 y 13 años de cárcel por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.
La Fiscalía siempre defendió durante el proceso que lo ocurrido en Altsasu cuando los dos guardias y sus parejas fueron increpados en el bar Koxka, rodeados por un grupo de varias personas y atacados con “golpes, patadas y puñetazos” por los acusados, fue terrorismo. Pero la Audiencia Nacional sentenció que no lo fue, de manera que el fiscal no recurrió al Supremo y se limitó a impugnar los recursos de las defensas.
El fiscal Álvaro Redondo aseguró que el ataque se produjo porque las víctimas eran guardias civiles, por lo que puede existir discriminación ideológica hacia ese cuerpo. “¿Cómo que no puede haber una razón ideológica para atacar a la Guardia Civil? ¿Cómo que no? Claro que sí”, dijo el fiscal. La Guardia Civil, añadió, “no es una asociación de amigos que se reúne para comer un asado, sino una institución del Estado que asume los valores constitucionales y es fiel a España, al rey y al pueblo español”. Por tanto, a su juicio, los agentes “pueden ser objeto de un ataque ideológico” como así figura en los hechos probados que “muestran que el ataque se produjo porque las víctimas eran guardias civiles”.
Por su parte, los cinco letrados de las defensas arremetieron contra las condenas que ven excesivas porque “las lesiones no fueron tan graves”, más aún, cuando todos han negado las agresiones y algunos han recordado que sus defendidos ni siquiera se encontraban aquella noche en el bar, otros se habían ido antes de que ocurrieran los hechos y dos de ellos afirman que estaban durmiendo en casa.
Es por ello que los letrados de la defensa criticaron que en la sentencia “todo es genérico, se habla de personas y no de nombres” e, incluso, señalaron que el testigo fundamental para las acusaciones “dijo que se había metido a gente en la cárcel que no tenía que estar”. Se quejaron especialmente de que sus testigos, que descargaban a los acusados en el juicio, no fueron tenidos en cuenta al desaparecer del contenido de la sentencia, lo que demuestra que “se pasa olímpicamente de toda la prueba practicada por las defensas”.
Además, hicieron hincapié en que se ha estigmatizado a los acusados como presuntos terroristas y cuestionaron los informes de lesiones de los guardias civiles y especialmente las ruedas de reconocimiento que se practicaron “con personas sudamericanas, mulatas y árabes”.
El juicio quedó visto para sentencia y el fallo se conocerá en los próximos días. - N.G.
