Gobierno y partidos censuran el fallo contra el euskera que hace suyas las tesis de Vox

Indignación porque, como señalan los dos partidos políticos de obediencia no estatal, se trata de un nuevo varapalo judicial contra el euskera que en los últimos tiempos viene sufriendo ataques que obstaculizan su empleo y el derecho de los vascohablantes de Euskadi. Y preocupación porque supone una nueva prueba de la judicialización de las decisiones políticas tomadas hace décadas con amplios consensos en torno al euskera, como señala el Ejecutivo vasco.

La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, apuntó esta judicialización de la política como argumento para criticar la sentencia del Tribunal Supremo, ratificando una anterior del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y añadió que con este tipo de sentencias se puede “romper el pacto social histórico” sobre el uso del euskera alcanzado entre diferentes fuerzas políticas. 

La sentencia del Supremo sostiene que en el decreto del Gobierno vasco sobre el euskera se produce un “desequilibrio entre las dos lenguas que son igualmente cooficiales, en favor de una de ellas, del euskera, lo que resulta incompatible con la Constitución” sobre el sistema de cooficialidad lingüística, que no consiente la preferencia de una de las lenguas. Es decir, que no se permite que la primera palabra del funcionario o empleado público sea en euskera porque rompe el equilibrio, pero no sucede lo mismo cuando lo hace en castellano. En este sentido, Ubarretxena señaló que “el euskera es un idioma oficial y como tal se le exigen cosas que no se le piden al castellano”.

El decreto del Gobierno vasco de nuevo tumbado por los tribunales tiene como fin la regulación de los usos institucionales y administrativos del euskera y del castellano en las de Euskadi, así como garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas en sus relaciones con las Administraciones locales.

Tras indicar que la sentencia del alto tribunal es firme, la también consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno manifestó que “habrá que analizar las vías” que se pueden seguir, pero fue firme al afirmar que, “a pesar de los obstáculos, desde el Gobierno vasco seguiremos con nuestro camino”.

Silencio del PSE y Vox

En una entrevista a Euskadi Irratia, Ubarretxena también expresó su inquietud porque “en este momento hay determinados partidos políticos que quieren poner obstáculos y llevar el tema al terreno judicial”, en referencia a Vox –la formación de ultraderecha tiene solo un parlamentario sobre un total de 75 en el Parlamento Vasco–, que fue el partido que inició el procedimiento judicial contra el decreto autonómico sobre el euskera. También el PP presentó un requerimiento judicial y recurrió una serie de artículos distintos a los impugnados por Vox.

El PSE no se ha pronunciado sobre la sentencia del Supremo. En lo que va de legislatura vasca, los de Eneko Andueza se han distanciado de sus socios jeltzales en el Gobierno vasco cuando estos han impulsado medidas para el impulso y blindaje del euskera. Recientemente, el partido de Sabin Etxea ha presentado una reforma legislativa para dotar de seguridad jurídica a los requisitos lingüísticos en los procesos selectivos de las instituciones. La iniciativa no ha tenido el aval del PSE, aunque las partes han negado que eso suponga una ruptura del acuerdo de gobierno entre ambas formaciones.

Desde el PNV, Markel Olano acusó a Vox y PP de “querer lograr en los tribunales lo que no pueden conseguir en las urnas”. El burukide jeltzale también se refirió a declaraciones de representantes de EH Bildu alentando la confrontación y, en este sentido, señaló que “el euskera no necesita enfrentamientos, sino unidad y trabajar conjuntamente”.

La coalición califica la sentencia de “muy grave” porque va “contra la normalización del euskera, la autonomía municipal y el autogobierno”. La parlamentaria Nerea Kortajarena tildó de “inaceptable que quienes son irrelevantes en nuestro país, la ultraderecha española, que no tiene ni un concejal, marquen el camino y un tribunal español nos imponga decisiones” sobre los derechos lingüísticos de Euskadi.

EH Bildu considera que, ante “la situación de emergencia lingüística” que atraviesa el euskera, “ya no es suficiente mostrar indignación”, por lo que reclama al PNV “tomar decisiones y articular políticas de normalización ambiciosas y valientes”.

También los sindicatos

Vox no ha hecho hasta el momento ninguna valoración o declaración sobre la sentencia. Sí lo hizo ayer el PP, por boca de su parlamentaria Laura Garrido, que lo redujo a una “cuestión de libertad de elección, no de políticas impositivas que flaco favor hacen al impulso del euskera”. En redes sociales, asegura que “el euskera es patrimonio de todos” y añade que las políticas lingüísticas “no pueden suponer la discriminación de los ciudadanos que quieren elegir el castellano con la Administración”.

También los dos sindicatos mayoritarios en la CAV cargaron ayer contra el fallo judicial. En un comunicado emitido ayer, ELA considera que “el Tribunal Supremo hace suyos los argumentos de la extrema derecha” y anula, a petición de Vox, varios artículos del decreto y así “garantiza la primacía del castellano”. Por su parte, LAB sostiene que “negar la prioridad al euskera supone de facto aceptar la prioridad al castellano, ya que establecer legalmente la obligatoriedad de tratar de la misma manera a dos lenguas que se encuentran en una situación desigual supone “perpetuar ese desequilibrio”. l