Donostia - Cristina Cifuentes, otrora figura emergente en las filas populares, ha pasado a ser considerada como elemento nocivo en Génova, hasta el punto de que la dirección del PP evitó ayer valorar la decisión de la Fiscalía de pedir tres años y tres meses de prisión a la expresidenta de la Comunidad de Madrid por el denominado caso máster. En Génova consideran que se trata de un asunto “privado” y que la expresidenta madrileña no tiene nada que ver con el PP que dirige Pablo Casado. Está claro que en plena precampaña electoral para las generales del 28 de abril y con Ciudadanos y Vox disputando al PP el voto de la derecha, en las filas populares han marcado distancias con este asunto del máster con el fin de proteger al líder del partido. Así, consideran que Cifuentes pertenece al pasado y no tiene nada que ver con la dirección que dirige Pablo Casado.
La única frase amable, por llamarlo de alguna manera, partió de la candidata del PP a las elecciones autonómicas, Isabel Díaz Ayuso, quien manifestó que “nadie ha sufrido un linchamiento personal y político como el que está soportando” la expresidenta regional.
Desde el PSOE, el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, mostró el “máximo respeto a las decisiones judiciales” pero consideró que la petición fiscal les da la razón cuando presentaron una moción de censura contra Cifuentes tras su comparecencia en el Pleno. “Está más justificada la presentación de aquella moción, no como otros grupos que prefirieron tapar lo que pasaba como el PP o facilitar la continuidad de los gobiernos del PP, como hizo C’s”, señaló.
Falsedad documental Y es que, Cristina Cifuentes desayunó ayer con la petición fiscal de tres años y tres meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial en el denominado caso máster. El escrito de acusación de la Fiscalía de Madrid se produce después de que la jueza Carmen Rodríguez-Medel concluyera la investigación y procesará a Cifuentes, al ex director del Instituto de Derecho Público Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Enrique Alvarez Conde, a la profesora Cecilia Rosado y a la exasesora del Gobierno regional María Teresa Feito.
Hace casi un año, el digital eldiario.es publicó la noticia que desembocó en este procedimiento judicial tras detectarse irregularidades en el máster que cursó en 2011-2012 la expresidenta regional. La exmandataria popular se retiró de la política en mayo de 2018 tras la publicación de un vídeo en el que aparecía supuestamente hurtando cremas en un supermercado.
El Ministerio Público considera a la exdirigente madrileña inductora de la falsificación de un acta “a sabiendas” de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM) “que jamás se produjo” y que exhibió en varios medios y redes sociales “para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse”.
El fiscal señala a la docente Cecilia Rosado como autora de la falsificación del acta y pide para ella 21 meses de prisión, esto es, una pena inferior a la de la ex presidenta madrileña porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación. Del mismo modo, considera a Alvarez Conde coautor indirecto del delito y le reclama tres años y nueve meses de prisión mientras que para la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito solicita otros tres años y tres meses de prisión.
En cuanto a las multas, la Fiscalía pide para Alvarez Conde y para Cifuentes 20 meses a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de diez euros y para Rosado cuatro meses con una cuota diaria de cinco euros.
Supresión del instituto El mismo día que se hacía pública la petición de la Fiscalía contra Cristina Cifuentes, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobaba ayer un acuerdo por el que se autoriza la supresión del Instituto Universitario de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde cursaron sus polémicos másteres tanto Cifuentes como la exministra socialista Carmen Montón y el líder del PP, Pablo Casado.
Hay que señalar que el Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos acordó el pasado 21 de septiembre la disolución del Instituto de Derecho Público.
