Víctimas trasladan a Casado que no se oponen a acercamientos “legales”

Donostia - Varias asociaciones y colectivos de víctimas trasladaron ayer al presidente del PP, Pablo Casado, que no se opondrán a los acercamientos de presos de ETA y la kale borroka que autorice el Gobierno de Pedro Sánchez siempre que se hagan dentro de lo establecido por la ley o la normativa penitenciaria. “No tenemos más remedio que acatarlos”, precisaron. El dirigente popular se reunió en la sede de Génova con los responsables de la AVT, Covite y Dignidad y Justicia que también le pidieron que reclame a los reclusos la colaboración con la justicia para el esclarecimiento de asesinatos sin resolver.

Los encuentros por separado con cada una de las tres asociaciones sirvió para rebajar la tensión después de que a mediados del pasado agosto la AVT y Covite requirieran a Pablo Casado y Albert Rivera (Ciudadanos) que no utilizaran a las víctimas de ETA para hacer oposición al Gobierno. Fue a raíz de los traslados de los presos Olga Sanz y Xabier Moreno desde la cárcel de Villabona (Asturias) a Basauri. Son recursos en tercer grado penitenciario que han renunciado a la violencia y se han desmarcado de la banda y, por tanto, podían pedir su traslado de prisión, como así lo hicieron, para disfrutar del régimen abierto.

Covite y la AVT expresaron entonces su distanciamiento respecto al PP que aprovechó los traslados a Basauri para criticar al Gobierno español. Estas asociaciones calificaron el acercamiento de los dos reclusos como una medida “absolutamente legal” y totalmente ajustada a derecho. “El PP es el primero que ya tenía pactados con el PNV los acercamientos y la transferencia de Prisiones. Ahora si quiere hacer política de oposición, que la haga”, dijo entonces Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite. En parecidos términos se expresó Maite Araluce (AVT) al considerar que los traslados cumplían “con los requisitos establecidos por la ley”. Araluce recordó a Casado su oposición a “los acercamientos generalizados” y pone como condición que los presos colaboren con la Justicia.

Fue Dignidad y Justicia la asociación que le planteó una reforma legal para que sea obligatoria “la colaboración efectiva” de los presos de la banda con los tribunales en el esclarecimiento de crímenes (algo más de 200 según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y unos 300 según las asociaciones de víctimas) para que puedan obtener el segundo grado penitenciario. - H. Unzueta