Donostia - El alcalde de Bilbao, Ibon Areso, afirmó ayer que la querella presentada contra 38 alcaldes entre los que se encuentra el propio regidor de la capital vizcaina, por incumplir la Ley de Memoria Histórica y mantener símbolos franquistas, “no le preocupa absolutamente nada”. En el marco de una firma en el Ayuntamiento bilbaino, Areso aseguró que tiene que decir “con rotundidad” que el tema “no le preocupa absolutamente nada”, porque en el Consistorio tiene “la conciencia tranquila de haber actuado en ese campo”.

Igualmente, aseguró desconocer el caso de otros regidores y de otras ciudades pero recordó que en Bilbao hubo otra denuncia anterior cuya sentencia “clarificó” cuáles eran las obligaciones de la Casa Consistorial, y “se hizo un recorrido de los símbolos franquistas que pudiesen estar en Bilbao”. “En esa sentencia quedó claro -relató Areso- que el Ayuntamiento tiene unas responsabilidades pero otras no”. En ese sentido, el alcalde añadió que “no es el “Ayuntamiento a quien le compete, en un edificio del Estado, retirar un símbolo franquista, será en su caso la institución estatal propietaria del edificio la que tendrá que valorar si lo hace o no lo hace”.

Areso señaló que la citada sentencia indicaba como incumplimiento la del Paseo Sánchez Mazas, y precisó que el Ayuntamiento había entendido que Sánchez Mazas era un escritor famoso y que la explicación de ese paseo estaba en su faceta literaria, no en su faceta de exministro de Franco. El regidor bilbaino indicó que el juez estimó que “podía ser reconocimiento a un personaje o a un ministro de Franco e inmediatamente” el alcalde firmó un decreto “quitando esa calle y esa denominación”. Areso apostilló que “iniciar un nuevo proceso judicial sobre algo que ya en Bilbao se ha juzgado” no le ve “mucho sentido”.

En concreto, es el abogado especializado en Derechos Humanos Eduardo Ranz quien presentó ayer una denuncia contra 38 alcaldes del Estado español, entre ellos Areso, además de contra la regidora de Madrid, Ana Botella, por un supuesto delito de desobediencia que habrían cometido al vulnerar la Ley de Memoria Histórica, que obliga a las Administraciones a retirar la simbología franquista. El letrado recuerda que el artículo 15 de la citada norma obliga a las Administraciones Públicas a tomar las medidas oportunas para retirar los escudos, las insignias, las placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la “exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. - N.G./Efe