Donostia. Alguien de la dirección de ETA dio a Arnaldo Otegi y Rafa Díez Usabiaga a finales de 2008 la orden de crear un grupo, en el que estarían Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodriguez, que "planificara y gestionara la nueva estrategia de acumulación de fuerzas soberanistas, en aras de a la culminación del proceso independentista".

Es la principal conclusión que se saca a de la sentencia del caso Bateragune. Los dos primeros fueron condenados ayer a diez años de prisión cada uno como autores de un delito de "pertenencia a organización terrorista, en grado de dirigentes". Zabaleta, Rodriguez y Jacinto, a ocho cada uno por un delito de "pertenencia a organización terrorista".

El tribunal, presidido por Ángela Murillo y compuesto por Teresa Palacios y Juan Francisco Martel (ponente) y que absuelve a Txelui Moreno, Mañel Serra y Amaia Esnal, basa su tesis en el documento que ETA redactó en 2008, Herri antolatuaren estrategia independentista baterantz. Nazio estrategia askapen prozesuaren eragile. "Con motivo de cumplirse en 2009 el 50º aniversario de ETA -afirman los magistrados-, tal organización terrorista [...] dio un giro al planteamiento recogido en [...] la primavera de 2008, puesto que ahora hace primar, a efectos puramente estratégicos, la línea política sobre la lucha armada, a la que deja en un segundo plano, pero por supuesto no abandona".

Ahí se recoge la creación del "frente soberanista entre todas las fuerzas políticas de la izquierda vasca que deje al margen al PNV". El quid de la cuestión vuelve a ser, como lo es en los casos Sortu y Bildu, si la iniciativa se desarrolla "bajo el amparo de la prepotencia armada" de la organización terrorista o no.

Los jueces se pronuncian: "Anticipamos que los acusados se hicieron eco de tales iniciativas y cumplimentaron a partir de marzo de 2009 los mandatos que propugnaba ETA".

Los magistrados vinculan a los acusados con la organización armada a través de una serie de argumentos entre los que destaca la tibieza de los procesados -que "cumplían las instrucciones que les marcaba" ETA- respecto a la violencia en la época de su detención (octubre de 2009).

En este sentido, los magistrados recogen cinco "hechos-base contrastados e inatacables" que llevan al "hechos-consecuencia directamente y sin fisuras". El tribunal entiende que existe una "relación causa-efecto" entre los pronunciamientos entre ETA y la izquierda abertzale o pone en evidencia los viajes de Otegi y Díez Usabiaga a Iparralde para reunirse "con distintas personas del entorno de ETA".

Entre esos hechos-base, los magistrados inciden de una manera especial en los términos que leen en los escritos intervenidos a los cinco acusados y en los obtenidos en operaciones contra miembros de ETA. En este sentido, Murillo, Palacios y Martel apuntan términos como "proceso democrático", "muro popular" o "acumulación de fuerzas".

Tampoco pasan por alto el posicionamiento respecto a la violencia de ETA, insuficiente: "En ninguna de sus manifestaciones y escritos, de las fechas de producción de los hechos que han sido juzgados, se constata una expresión de condena de la violencia producida por ETA, y solo al cabo de cuatro meses después de las detenciones efectuadas, en un documento elaborado en el seno de la Izquierda Abertzale, aparece claramente un relativo alejamiento de aquellos métodos violentos, que no ruptura y nítida condena".

Las condenas Los acusados deberán cumplir, según la sentencia conocida ayer, al menos la mitad de las condenas impuestas para poder optar a salir de prisión. En los casos de Otegi y Díez Usabiaga, cinco años, de los que el primero ya lleva 700 días (casi dos años) en lo que supone su cuarta condena en los tribunales.

En el caso del ex secretario general de LAB, que abandonó la cárcel de Estremera (Madrid) en abril de 2010 (tras cumplir seis meses de castigo) previo pago de una fianza de 30.000 euros para poder cuidar a su madre, el tiempo y su reingreso en prisión se analizará en una vistilla que tendrá lugar el lunes. Zabaleta, Jacinto y Rodríguez, mientras tanto, deberán cumplir cuatro años de los ocho impuestos para poder aspirar a abandonar la cárcel. Para esa sesión del lunes, la acusación popular, ejercida por Voces contra el Terrorismo, anunció ayer que pedirá la vuelta de Díez Usabiaga a la cárcel, mientras que la Fiscalía no se pronunció.

Además, los magistrados detallaron en su sentencia que los cinco condenados permanecerán inhabilitados para ejercer un cargo público diez u ocho años.