Madrid. La vida de Arnaldo Otegi sigue inexorablemente ligada a la Audiencia Nacional. Así, poco después de ser haber sido absuelto por lo sucedido en el acto de Anoeta, este mismo tribunal decidió ayer poner en marcha un juicio oral contra él, contra el exsecretario general del sindicato LAB Rafa Díez Usabiaga y contra otras seis personas relacionadas con la izquierda abertzale ilegalizada, a los que la Fiscalía acusa de tratar de retomar la actividad política de la antigua Batasuna a través del proyecto Bateragune.
El Ministerio Fiscal tiene ya el auto emitido ayer por la Audiencia Nacional y ahora dispone de un plazo de cinco días para presentar su escrito de calificación en el que deberá fijar las penas que pide para los procesados. Cuando esto suceda, la sala anunciará la fecha de celebración del juicio contra el que fuera líder de Batasuna, que verá así cómo se resuelve uno de los juicios que le mantienen aún en prisión provisional encerrado en la cárcel de Logroño. Precisamente hacia este penal se dirigirá este mismo domingo una marcha para pedir la liberación del dirigente de la izquierda abertzale ahora ilegalizada que pondrá el broche a un fin de semana en el que cadenas humanas pedirán el sábado la legalización de esta sensibilidad política en los principales municipios vascos.
lograr "treguas encubiertas" El juez Baltasar Garzón procesó el 25 de enero a estas ocho personas por integración en organización terrorista. Entre ellas figuran también la que fuera tesorera de EHAK Sonia Jacinto; Miren Zabaleta, hija del coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta; y Arkaitz Rodríguez, que fue juzgado en 2006 acusado de integrar los aparatos de captación e información de ETA y que posteriormente fue absuelto de esta acusación. Los otros tres procesados son Txelui Moreno, candidato al legislativo navarro y ahora voz autorizada de este sector, José Manuel Serra y Amaia Esnal, que quedaron en libertad con una fianza de 10.000 euros.
Garzón sostenía en su auto que Otegi era el máximo responsable de este nuevo proyecto -Bateragune- y que entre sus actividades estaría la de "conseguir treguas encubiertas para Euskal Herria de acciones de ETA".
Además de la Fiscalía, en este procedimiento está también personada como acusación particular la asociación de víctimas Voces contra el Terrorismo, que lidera el ex presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) Francisco José Alcaraz.
