TRAS la firma del acuerdo entre el PNV y el Gobierno de Zapatero por el que la formación jeltzale se comprometió a apoyar al PSOE para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y, en contrapartida, el Ejecutivo español acordó el traspaso de las competencias pendientes del Estatuto de Gernika, las críticas del PP no se hicieron esperar.
Mariano Rajoy, presidente de los populares, aseguró que el acuerdo era "un pacto contra la gente y los ciudadanos", con el que "sale perjudicada toda España". Desde la calle Génova no escatimaron las diatribas contra el PNV, al que acusaron de "aprovecharse de la debilidad del Gobierno Zapatero". Además, dejaron claro que el PNV se había dejado engañar por el jefe del Ejecutivo español, "que no va a cumplir sus compromisos".
Los dirigentes del PP demostraron con sus críticas disponer de una flaca memoria, al no tener en cuenta que antes que el PSOE, fueron ellos quienes pactaron con el PNV. El 30 de abril de 1996 se celebró una reunión en Madrid entre el PNV y el PP. Por parte jeltzale acudieron a la cita el entonces presidente del Euzkadi Buru Batzar, Xabier Arzalluz, e Iñaki Anasagasti, que era el portavoz el Grupo Vasco en el Congreso. La escuadra del PP en aquella reunión estaba compuesta por quien era su presidente, José María Aznar, que acudió a la cita acompañado por tres de sus máximos colaboradores en aquella época: Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y, precisamente, Mariano Rajoy. El PP había ganado las elecciones generales, pero no tenía mayoría absoluta en el Congreso, por lo que necesitaba el apoyo de diversos partidos políticos que avalaran la investidura de Aznar como presidente.
Tras haberse asegurado el apoyo de CiU y Coalición Canaria, el PP, matemáticamente, no necesitaba de forma imperiosa los votos del PNV, pero los populares insistieron en negociar con los jeltzales, "en beneficio de la estabilidad política de España", tal como entonces se aseguró desde las filas del PP.
En aquella reunión, y aunque Aznar quiso dar a entender que su palabra era suficiente para garantizar el pacto, Xabier Arzalluz exigió un acuerdo por escrito y firmado por los líderes de ambas formaciones, PP y PNV.
Así, el primer punto del acuerdo suscrito entre los dos partidos señalaba el compromiso por "el pleno y leal desarrollo del Estatuto de Gernika, de conformidad con los principios que le inspiraron y respetando su singularidad. El desarrollo integro se realizará básicamente de conformidad con los principios y contenidos expresados en el Informe sobre prioridades de negociación de las transferencias pendientes".
Catorce años después, el PNV ha tenido que arrancar del actual Gobierno español, en este caso del PSOE, el acuerdo para cerrar las 27 transferencias estatutarias que aún están pendientes de ser traspasadas. Los ocho años de presidencia de José María Aznar no sirvieron para que el PP cumpliera el pacto que había firmado con Xabier Arzalluz aquel 30 de abril de 1996.
euskaltel Si el nudo gordiano de la negociación, el desarrollo pleno del Estatuto de Gernika, no se llevó a cabo, sí es cierto que Aznar cumplió con otros de los puntos que se recogían en el acuerdo y con alguno que -a propuesta de los populares- no aparecía citado en el pacto, pero sí tuvo su refrendo.
El PNV pidió al PP un segundo operador de telefonía en Euskadi, rompiendo de este modo el monopolio que mantenía Telefónica. José María Aznar accedió a ello, pero con la condición de que esta decisión no apareciera por escrito en el acuerdo. La razón era clara, no quería que CiU, que también se había comprometido a darle su apoyo en la investidura, exigiera para Catalunya su propio operador. Gracias a este pacto, no recogido por escrito, vio la luz Euskaltel, que se ha convertido en el operador nuevo que más cuota de mercado ha sido capaz de arrebatar a Telefónica en un territorio donde operan ambas empresas.
En el convenio suscrito entonces por el PNV y PP, por Arzalluz y Aznar, también se recogían las relaciones de orden tributario entre Euskadi y el Estado español. Así, se amplió la capacidad normativa de las Diputaciones en el impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, se acordó la revisión quinquenal de las relaciones financieras, y el Estado español se comprometía a impulsar la Formación Continua.
Junto a estos acuerdos económicos, el Gobierno Aznar accedió a la devolución del patrimonio incautado por la dictadura de Franco a los partidos políticos, la supresión de la figura de los gobernadores civiles o finalizar con el servicio militar obligatorio.
