Donostia. La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha estimado el recurso de casación interpuesto por la Sociedad Iparragirre contra el Círculo Carlista de Tolosa en el litigio que mantienen a cuenta de la sede que los segundos ocupan en un edificio emblemático de la villa papelera. La resolución judicial reconoce que la propiedad del inmueble pertenece a la Sociedad Iparragirre, con lo que los actuales ocupantes deberán abandonar su sede tan pronto se dicte orden de ejecución de la sentencia. Al Círculo Carlista le queda la posibilidad de apelar al Tribunal Constitucional.
Este fallo es similar al que a principios de mes dictó el Tribunal Supremo sobre el edificio que ocupa el batzoki del PNV también en Tolosa. La única diferencia es que este segundo inmueble fue incautado por la Falange Española a los propietarios que acaban de ganar el juicio en el Supremo, mientras que en el caso de la sede carlista, la Sociedad Iparragirre lo arrendó, también a la Falange.
Juan Ramón Gutiérrez de Rozas, liquidador y abogado de la Sociedad Iparragirre, explica que el inmueble en cuestión es un piso de casi 800 metros cuadrados de planta ubicado en el primer piso de un imponente y señorial edificio ubicado en la calle San Fransciso de Tolosa. En el balcón, hay colgada una chapa metálica sobre la que se pueden leer las siglas del Partido Carlista de Euskadi. El abogado recuerda que en 1977 la Falange lo desocupó y, a continuación, sus actuales ocupantes "entraron sin permiso. Y ahora se tienen que ir", recalca.
"Han sido cuatro años de lucha jurídica", explica Gutiérrez de Rozas frente a los argumentos de la otra parte, que defiende que ocuparon el piso antes de que estallara la Guerra Civil, cuando la Falange lo incautó hasta abandonarlo en 1977. Según Gutiérrez de Rozas, "si raspas la pintura de las siglas del Partido Carlista aparecerán las de la Falange".
Este caso se ha resuelto apenas tres semanas después de conocerse el fallo del Tribunal Supremo respecto al edificio que ocupa el PNV en Tolosa y que fue incautado por la Falange en 1937. Al término de la dictadura, el PNV instaló otra vez su batzoki en el edificio, mientras que la otra parte litigante reclamaba para sí la sociedad Ureta. Aunque la Audiencia de Gipuzkoa falló en un principio a favor del PNV por entender prescrita la reivindicación de Ureta, el Supremo cambió la decisión.