scribía Ramón Jáuregui hace ya un tiempo en un medio local un artículo titulado Tragedia y ruptura, con motivo del 20º aniversario de los asesinatos de Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez a manos de ETA, artículo este en el que, con motivo del citado aniversario, da su versión del llamado Relato (tan de moda y esgrimido por todos), muy parcial y alejado de la verdad.
Básicamente, se deslizan en este artículo dos tesis, bastante discutibles una y sencillamente inadmisible, por falsa, la otra, al existir pruebas fehacientes que la rebaten de pleno.
La primera consiste en establecer sutilmente un hilo conductor entre los citados asesinatos y la firma por parte del PNV del Pacto de Estella en octubre de 1998. Habría que recordar que el Pacto de Estella fue una opción absolutamente legítima del PNV de romper su colaboración con los socialistas e ir a la unidad, no solo de fuerzas abertzales, aunque destacase Herri Batasuna, hasta entonces marginada del juego político, sino también EA, además de partidos que no eran de signo abertzale como IU, así como de sindicatos y otras fuerzas sociales.
Opción tan legítima como haber seguido con el pacto de Ajuria Enea, que no daba ningún fruto en la consecución del desarme de ETA, y más legitima todavía cuando el Pacto de Estella vino acompañado de una tregua de ETA, tregua trampa al decir de Mayor Oreja.
Lo que reprocha Jáuregui al PNV es su disposición a traer la paz, gestionando la autodeterminación y asumiendo por tanto las tesis "políticas de los violentos". En este punto, entendemos que la autodeterminación une a muchísimos ciudadanos, de pasado violento o no, y se ejerce de forma absolutamente normal en Escocia y Quebec, aunque sea una ficción comparar al Reino Unido o Canadá con el Estado español en sus ejercicios de cultura democrática. Por otro lado, tampoco deja el autor resquicio a una salida, digamos civilizada, para una mentalidad europea, cuando culpa de la vergonzosa intervención judicial en el procés, saldada con elevadísimas penas de cárcel, a miembros de la Generalitat y del Parlament de Catalunya por facilitar y desarrollar un mero ejercicio de determinación política en clave de democracia directa.
Aunque dedica durísimas palabras al lehendakari Ibarretxe sin nombrarlo y a Xabier Arzalluz, tiene la buena intención de entender que prefiere pensar que al PNV lo engañó ETA. Vamos, algo así como lo engañado que estuvo él mismo en tiempos del GAL siendo delegado del gobierno en Euskadi, tiempo en que también se asesinó a Mikel Zabalza, sin una palabra suya, salvo el declarar que el teniente-coronel Galindo, al que alcanzaban las pistas de la investigación por los horribles asesinatos de Lasa y Zabala, acusado en numerosos sumarios por torturas y finalmente condenado en firme por el Tribunal Supremo, era el policía más profesional y serio de Euskadi. Escalofriante.
Además, para mayor manipulación, obvia que el Pacto de Estella ya había sido finiquitado meses antes por el final de la tregua de ETA, que asesinó al teniente coronel Pedro Antonio Blanco, y la no condena de Herri Batasuna.
Por tanto, ni levemente esos asesinatos fueron debidos al pacto de Estella. El PNV y el resto de firmantes actuaron con absoluta honestidad buscando nuevas vías, aunque pudiesen no ser del agrado del PSOE y del PP, que, por otro lado, paradójicamente, no tuvieron empacho en aliarse para llegar al Gobierno Vasco, valiéndose de la ilegalización del segundo partido más votado del país.
Y con esto hilamos con la segunda tesis del artículo: que la victoria sobre ETA se consiguió no a base de cesiones políticas (no hace falta volver sobre Escocia) sino con las ilegalizaciones y con la ley, persiguiendo la estructura política y social que acompañaba su violencia.
En otro artículo de la misma fecha, esta vez en El Confidencial, es mucho más explícito al decir que a la violencia se acabó "limpiamente, con justicia".
Aquí ya el sr. Jáuregui debe padecer la misma amnesia que en tiempos del GAL para poder afirmar, sin sonrojarse, que se hizo limpiamente y con justicia.
Pues no, la realidad jurídica demuestra que se hizo, en numerosas ocasiones, vulnerando el Convenio Europeo de Derechos Humanos, según consta en reiteradas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -entre otras, European Court of Human Rights (ECHR), 2010. Affaire San Argimiro v. Espagne (Requête no 2507/07); sentencia de 28-9-2010; ECHR, 2012a. Otamendi v. Spain; sentencia de 16-10-2012; ECHR Case of del Rio Prada v. Spain (Application no. 42750/09); sentencia de la Gran Sala del TEDH de 21-10-2013; ECHR, sentencia de 8-10-2013, Román Zurdo y otros v. Spain ECHR; sentencia de 8-10-2013, Nieto Macero v. Spain. ECHR; sentencia de 12-11-2013, Sainz Casla v. Spain. ECHR; sentencia de 5-3-2013. Varela Geis v. Spain. ECHR; sentencia de 19-2-2013, García Mateos v. Spain; sentencia del TEDH de 31-5-2016, Beortegui v. Spain-; con innumerables torturas y sevicias por parte de las FSE, ya cuantificadas y estudiadas por un minucioso estudio de la UPV/EHU, encargado por el Gobierno Vasco, que cifra en más de 4.000 los torturados desde 1960 hasta 2014. Quizás le parezca al autor imprescindible o lo considere un mal menor. Podría, al menos, decir lo mismo que un exrector de la UPV que manifestó que a ETA se le derrotó aplicando el Estado de Derecho "sin contemplaciones, aunque se quedasen unos pelos en la gatera". Terribles pero claras palabras aunque desautoricen éticamente a su autor.
La batalla del relato, que puede ser el fin último del citado artículo, la ganará quien vaya con toda la verdad, asumiendo aciertos y errores. De lo contrario, solo será un blanqueamiento de parte y también de quien pueda tener un borroso pasado.
