Otra vez, la jacobina Yolanda

Parafraseando la famosa canción de Carlos Puebla sobre la revolución cubana, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, “llegó y mandó a parar”, una vez más, cualquier iniciativa que esté relacionada con Euskadi, incumpliendo acuerdos previos con el Gobierno español e, incluso, como el último desaire protagonizado por la líder de Sumar, de retener una competencia recogida en el Estatuto de Gernika como son las prestaciones y subsidios de desempleo que deberían de estar gestionadas por el Gobierno Vasco desde hace ya 46 años. 

Nuevamente, a la líder de Sumar se le ha vuelto a ver el “plumero” jacobino que aflora cuando se trata de asuntos que tienen que ver con la realidad vasca como fue el comportamiento negativo, o cuando menos esquivo, que desde el año 2022 mantuvo para impedir una reivindicación histórica vasca como la de que los convenios autonómicos deben prevalecer sobre los estatales, siempre y cuando sus condiciones sean mejores. Como hemos visto en un reciente estudio del Gobierno Vasco, se estima que el coste de la vida en Euskadi está entre un 7 y un 11% por encima del conjunto del Estado. 

Yolanda Díaz, que vio que este acuerdo que favorecía a los trabajadores vascos suponía romper con el modelo centralista de la negociación colectiva, se puso del lado de los sindicatos CCOO y UGT hasta el punto de contemplar la posibilidad de que el asunto fuera objeto de negociación en la mesa de diálogo social formada por la patronal española CEOE y los sindicatos de obediencia estatal, saltándose a la torera el acuerdo firmado entre el PNV y el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

La situación se solventó con la incorporación de esta reivindicación en un decreto de los llamados ómnibus que fue aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado año, a raíz de la amenaza que lanzó el PNV, a través del entonces portavoz jeltzale Aitor Esteban: “Vamos hacer descarrilar votaciones si no se da prevalencia a los convenios porque los acuerdos están para cumplirlos. Ya lo hicimos con la Reforma Laboral, con la que estábamos básicamente de acuerdo”.

La historia se vuelve a repetir con los mismos personajes y parecidos argumentos, aunque condicionada a un cambio de paradigma importante que se ha producido en las últimas semanas, y, donde la debilidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su partido es más que evidente, a raíz de los casos de corrupción que han aflorado teniendo como protagonistas a importantes dirigentes socialistas. Aunque bien es verdad, que tal es el grado de frenetismo en el que se desarrolla la política española que, cuando aún no se ha digerido el último escándalo, surge otro de mayor envergadura por el lado de la oposición, como es el caso Montoro, en una especie de sinvivir que no deja lugar a sobreponerse. Es el péndulo de la corrupción que pervive históricamente en el Estado español.

En ese escenario, es dónde Yolanda Díaz con su incumplimiento al acuerdo suscrito en noviembre de 2023 entre Pedro Sánchez y el entonces presidente del PNV, Andoni Ortuzar, para el traspaso de 30 competencias pendientes de cumplir del Estatuto de Gernika, entre ellas el régimen económico de la Seguridad Social, ha vuelto a ser correa de transmisión de los sindicatos CCOO y UGT y no ha puesto determinación y voluntad política para eliminar las reticencias centralizadoras que expresan los funcionarios de su ministerio a la hora de poner negro sobre blanco las transferencias pendientes.

Días antes de la reunión bilateral del lehendakari Pradales con Sánchez, que tuvo lugar, el pasado día 15, en el Gobierno Vasco ya se había constatado que en el Ministerio de Yolanda Díaz no habían hecho los deberes y no habían elaborado la documentación necesaria para abordar la transferencia de las prestaciones y subsidios de desempleo. Por eso, Pradales se trajo las competencias que estaban controladas por el Ministerio de la socialista, Elma Saiz, como son las prestaciones por cuidado familiar y de nacimiento, así como el seguro escolar.

Todo ello, en un marco político donde la dirigente de Sumar, cuyo partido está en horas bajas, quiere marcar posición política para liderar ese espacio de la izquierda española en el que compite con Podemos, a través de marcar perfil propio en el seno del Gobierno español y de tomar decisiones políticas de carácter social como es la reducción de la jornada laboral, cuyo proyecto de ley fue retirado del debate parlamentario al constatar falta de apoyo parlamentario. En concreto, de Junts. A Díaz poco le importa que su partido haya votado a favor de la transferencia de la competencia que se niega a traspasar en el Parlamento Vasco. Su marco es otro.

Los agoreros de siempre, sean funcionarios o sindicalistas, que plantean el café para todos para resolver los problemas territoriales en el Estado, siguen utilizando los mismos argumentos para justificar su negativa a cumplir con los acuerdos políticos firmados en aras al cumplimento de una ley orgánica como es el Estatuto de Gernika o que tienen que ver con la singularidad vasca. Se aplica el famoso Estado de Derecho cuando conviene.

En el caso de la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, el argumento que utilizaban es que podría existir una brecha salarial entre los trabajadores porque un empleado andaluz no puede pedir que se aplique el mismo convenio que a un vasco aun trabajando en la misma empresa, algo que se cae por su propio peso porque la situación socioeconómica y laboral entre ambas comunidades no es la misma y, por lo tanto, no se puede uniformizar.

Ahora plantean que cumplir con el Estatuto de Gernika puede constituir la ruptura de la unidad que debe cimentar el sistema de la Seguridad Social, ya que puede dar lugar a una desigualdad territorial entre las comunidades y, por lo tanto, contravenir principios constitucionales. Según esta tesis, con la gestión del régimen económico de la Seguridad Social el Gobierno Vasco pudiera ejecutar mejoras en la prestación por desempleo, a través de la vía de complementos, como lo que se diferenciaría de otras regiones agravando la desigualdad económica entre ellas.

Como no podía ser menos, nuevamente, la ruptura de la caja única de la Seguridad Social vuelve a aflorar como el gran espantajo, cuando desde hace muchos años se ha convertido en un queso gruyere cuyos recursos han sido utilizados por el Gobierno central para construir líneas férreas o carreteras y ahora tiene que recibir financiación a través de créditos de la Administración para cumplir con las prestaciones sociales. Es un concepto contable que se está aprovechando de manera política como un mantra por parte de aquellos que mantienen posiciones centralistas y centralizadoras 

De poco sirven las sentencias del Tribunal Constitucional que desde 2012 hasta 2024 ha dictado y en las que, de una manera taxativa, se elimina cualquier argumento opositor a la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, al reconocer que el Gobierno Vasco puede ocuparse de la prestación contributiva del desempleo y de otros tipos, así como la cotización para la jubilación, “respetando el carácter unitario del sistema y la legislación básica del Estado”. Más claro, imposible.

El fondo de la cuestión para Yolanda Díaz, los funcionarios de su Ministerio y los sindicatos estatales, es que la transferencia de esa competencia, que se estima aporte unos recursos en torno a 800 millones de euros, puede suponer a Lanbide alinear las políticas activas de empleo y las pasivas, así como la RGI, que pueden dar lugar a un aumento de las incorporaciones al mundo laboral. Una oportunidad que también podría ser aprovechada por Andalucía, Galicia o Comunidad Valenciana, ya que en sus estatutos de autonomía se recoge esa competencia, sin que hasta ahora la hayan demandado.

Con esta situación al PNV no le queda más remedio que dar un golpe encima de la mesa del Gobierno español, como lo ha hecho con anterioridad, en un escenario en el que y nadie sabe qué puede pasar de aquí a final del año, que es la fecha de la próxima reunión bilateral Gobierno central-Gobierno Vasco, y que se antoja como un periodo corto e incierto. Sobre todo, si Yolanda Díaz sigue marcando posición política contra decisiones y propuestas de Pedro Sánchez en su competencia con Podemos para liderar el espacio de la izquierda estatal. Veremos.