El mundo y la geopolítica internacional están cambiando de una manera tan rápida que todo el “status quo” construido desde la Segunda Guerra Mundial está saltando con tanta rotundidad por los aires que es muy difícil forjar las bases de un retorno a la situación anterior cuando los valores básicos de la convivencia entre los pueblos y el respeto de los Derechos Humanos están más en cuestión que nunca.
La guerra y el uso de las armas se están convirtiendo en categorías legitimadoras para la destrucción y el aniquilamiento de pueblos indefensos con el objetivo de construir un nuevo orden mundial, mientras la comunidad internacional expresa de manera clara su gran debilidad por mor de intereses contrapuestos y su incapacidad para parar uno de los episodios más sangrientos de la historia reciente de la Humanidad.
Israel, que poco a poco se está convirtiendo en un Estado “paria”, no le ha importado, a través de su primer ministro, Benjamín Netanyahu, seguir proclamando sus atrocidades en Gaza ante un auditorio semivacío en la sede de la ONU y con 160 países que ya han reconocido el Estado de Palestina, gracias al único apoyo que tiene en el mundo como es el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Un Trump, supuesto abanderado del mundo democrático y de los valores que respetan los Derechos Humanos, que es el eje central de la corriente populista que ha dinamitado el multilateralismo, ha roto con sus aliados y ha desconectado su país en la lucha contra los problemas globales como el cambio climático, y cuya actuación trata de revertir la situación conocida hasta ahora en el mundo. Paradójicamente, mientras Estados Unidos se cierra en sí mismo, China, que es una autocracia, se abre al mundo hasta el punto de que su primer ministro Li Quiang, defendió en la ONU la cooperación y el multilateralismo, al tiempo que advirtió que el gran problema actual en el mundo es el unilateralismo y “las medidas proteccionistas como los aranceles”.
Y en este mundo tan convulso es cuando más se hace necesaria la aplicación de la máxima ignaciana de que “en tiempo de desolación nunca hacer mudanza”. Una reflexión que se antoja imperativa cuando la política, acostumbrada, últimamente, a los trazos de brocha gorda y al cortoplacismo e inmediatez, entra en unos asuntos como los relacionados con la economía que deberían requerir de una mayor sensatez y prudencia, sobre todo cuando, la complejidad de la situación así lo requiere y la afectación, que en términos negativos puede producirse a posteriori, así lo demanda. Sobre todo, en un contexto de una economía totalmente globalizada.
En el caso de CAF y su contrato en Israel, el afán por no perder posición ante la opinión pública ante un asunto de gran sensibilidad en la ciudadanía como el genocidio de Gaza, ha hecho que algunos de nuestros dirigentes políticos, curiosamente, de distintas sensibilidades políticas, no hayan optado por la mesura y la templanza con la que deben de actuar, llegando, en un caso, a la frivolidad de afirmar conocer las cuentas de la empresa, cuando nadie tiene constancia de su pertenencia a su consejo de administración, o de decirnos, en otro caso, por si nadie lo sabía, cual es el objeto del negocio.
Como no podía ser de otra manera, días después se ha producido la corrección necesaria de posiciones que ha tenido como último colofón la respuesta que el lehendakari Pradales, hizo el pasado viernes, en el Parlamento Vasco ante una pregunta del parlamentario de Sumar, Jon Hernández, en la que tras recriminarle que no todo vale en política, hizo una defensa de CAF al señalar que “no es responsable del genocidio de Gaza” y que, en su tiempo, el Gobierno español había confirmado la resolución del contrato con Israel al no poner ninguna objeción por ajustarse a la legalidad internacional.
Aquellas primeras opiniones se produjeron en un momento crítico, cuando la adjudicación a CAF del megacontrato por valor de 3.400 millones de euros del operador ferroviario de Bélgica estaba todavía sin resolver, a la espera de la decisión última del Consejo de Estado belga sobre los recursos presentados por las empresas Alstom y Siemens en contra del fallo de concurso a favor de la empresa guipuzcoana. Uno de los demandantes utilizó todo tipo de artimañas en su recurso como es la existencia del contrato del tranvía de Jerusalén por parte de la empresa guipuzcoana, con lo que, de una manera clara los intereses económicos iniciales en el proceso se confundieron intencionadamente con otros de carácter político.
Cuatro ONG’s se adhirieron en el recurso de Alstom para añadir el contrato de CAF para la construcción de la línea de un tranvía en Jerusalén, -adjudicado en 2019 por valor de 1.800 millones de euros-, como una nueva variable más a sumar a la denuncia interpuesta. Todo ello, al hilo del informe de la relatora especial de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, -que este verano ha tenido una especial actividad y presencia en muchos foros en Bélgica-, en el que se denuncia a la empresa guipuzcoana de beneficiarse de “las políticas israelíes de ocupación, apartheid y genocidio”. La funcionaria de la ONU instó a la SNCB (la Renfe belga), a través de una carta, a que CAF fuera excluida de futuras licitaciones públicas por parte de la operadora ferroviaria.
El Consejo de Estado de Bélgica rechazó la demanda por no ser parte de la causa que se estaba dirimiendo, mientras que el abogado de SNCB salió en defensa de CAF al afirmar que “a pesar de que para algunas ONG’s y otras personas parece fácil ejecutar sumariamente a una empresa sin un juicio justo, eso nosotros no lo podemos hacer, ni tampoco sobre la base de un informe de una persona cuyo membrete dice ONU por casualidad”. De esta forma, el Consejo de Estado de Bélgica rechazó todos los recursos, después de casi ocho meses de pleitos, con lo que solo queda cerrar los flecos finales antes de la firma de la licitación ferroviaria más importante de la historia de CAF.
A pesar de la inclusión de CAF en la lista de empresas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por su actividad en Cisjordania, no tiene formalmente efectos jurídicos y se desconocen posibles consecuencias futuras, sin embargo, la resolución solicita que la actividad de aquellas empresas que operan en zonas conflictivas no tenga ningún impacto adverso al cumplimiento de los Derechos Humanos.
Precisamente, la propia CAF se adelantó a la publicación de la lista del Alto Comisionado de la ONU, -algo que no ha sentado muy bien en la organización multilateral ya que marcaba el terreno de debate-, con una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde defiende su compromiso con “la ética empresarial y el respeto a los Derechos Humanos en todas las operaciones, incluyendo la cadena de valor, en base a los más altos estándares de responsabilidad y transparencia”. La compañía ferroviaria guipuzcoana señala que su actuación en el proyecto de Cisjordania se está ejecutando con arreglo a la Guía de Diligencia Debida en Contextos Afectados por Conflictos de la ONU y con el respaldo de la Administración española y de la Corte de Apelación de Versalles (Francia).
En un mundo tan convulso como el que estamos viviendo se antoja más que necesario que nunca abandonar el cortoplacismo declarativo por un afán comunicativo mal entendido, mirar a todos los lados para ubicarse en el lugar correcto, contextualizar en el tiempo los hechos y las decisiones y actuar con perspectiva y luces largas para saber que nos depara el camino.
Alguien ha pensado qué responsabilidad tienen las empresas en las relaciones comerciales que gestionan, si, hasta ahora, no ha existido un marco jurídico que avale la suspensión de esa actividad con un país determinado, más allá de las declaraciones y gestos de carácter institucional. Esta semana, el Gobierno español ha aprobado un decreto-ley de embargo de armas de Israel y prohíbe la importación de productos de asentamientos ilegales en territorios palestino, aunque con autorizaciones excepcionales. Es una medida que empieza a fijar un escenario. Por otra parte, dónde está la posición de las patronales como Confebask sobre este asunto, que sigue sin pronunciarse, cuando como es el caso de Euskadi, hay un buen número de empresas vascas que tienen relaciones comerciales con Israel. En esta difícil coyuntura en la que nos hallamos, el maniqueísmo no es el mejor consejero.
