No hay día que pase que no se conozcan datos que muestran un debilitamiento del sector industrial vasco como consecuencia de la crisis que está sufriendo Europa, a donde se destinan dos tercios de nuestras exportaciones, la guerra comercial y los aranceles de Trump y el retraso tecnológico respecto a Estados Unidos y China, etc. Una serie de acontecimientos económicos y geopolíticos que comienzan a pasar factura, sin que, por el momento, se vislumbre la adopción con carácter urgente de medidas que intenten paliar las consecuencias de la nueva coyuntura en la que nos encontramos en un sector que significa el 24% de nuestro PIB.
Si hace unos días supimos que las exportaciones vascas habían caído un 5,1% durante el año 2024 y con un panorama nada halagüeño para este ejercicio, el pasado viernes, pudimos saber que la facturación de la industria vasca había descendido un 5%, lo que representa la mayor caída de todas las comunidades autónomas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). A estos datos hay que añadir una reducción del 1,6% en la cifra de negocios vinculados al sector industrial en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).
Con esta preocupante situación y con el aumento de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en el horizonte, se hace necesario poner en marcha cuanto antes una política industrial que trate de responder a la delicada situación con medidas efectivas y se anticipe en la consolidación y arraigo de aquellas empresas estratégicas del país y en el impulso y desarrollo de nuevos sectores tecnológicos que vayan asentando un nuevo tejido productivo.
En las actuales circunstancias parece poco coherente tener que esperar al mes de junio para que la consultora a la que el Gobierno Vasco ha encargado la elaboración de un plan estratégico industrial presente el trabajo con todo lo que significa de retraso en la toma de decisiones. Se supone que dentro del Gobierno habrá técnicos cualificados que puedan plantear unas mínimas líneas de actuación para afrontar de manera decidida la coyuntura adversa en la que nos encontramos, porque, de lo contrario, no se entiende que nos hayamos dotado de una gran estructura administrativa sí, luego, se externaliza la elaboración de documentos estratégicos importantes para el desarrollo y futuro del país. Si la respuesta es que la externalización de este tipo de actividades es una práctica habitual en administraciones de países avanzados habrá que colegir que se están produciendo unas duplicidades que habrá que atajar por algún lado.
Gran mesa de la industria
Al igual que se ha hecho con Osakidetza, es necesaria la formación de una gran mesa sectorial en el que se planteen las bases para el desarrollo de una política industrial con una serie de actuaciones en el corto plazo y perspectiva en el medio y largo plazo desde la creencia de que es una cuestión de importancia capital para este país de donde depende nuestro futuro y bienestar. Se trata de cambiar el chip y abandonar la actitud de defensa ante lo que nos vienen encima, por una actitud proactiva para alinear todas nuestras capacidades en responder a los nuevos retos y en el diseño de un nuevo escenario más estable y previsible.
Y en esa mesa deben estar no solo los agentes inst itucionales económicos y empresariales, sino también los partidos políticos con representación parlamentaria y los sindicatos mayoritarios, que algo tendrán también que decir al respecto. El Grupo para la Defensa Industrial que, se reunió hace unos días en Donostia, fue una magnífica oportunidad para avanzar en esa dirección y haber trabajado ya en la elaboración de un borrador sujeto a las aportaciones de los presentes y no tener que esperar a que los convocantes envíen posteriormente un borrador para la recogida de las pertinentes alegaciones. Es la misma dinámica utilizada en la iniciativa Euskadi Globala que reunió a un gran número de agentes empresariales, económicos, sociales y culturales en el astillero Albaola de Pasai San Pedro. Lo positivo de estas iniciativas es que hay un alineamiento del Departamento de Industria y la secretaría general de Acción Exterior, un tándem necesario a la hora de reforzar la presencia de Euskadi en el mundo y la internacionalización de nuestras empresas, que no se daba en la época de Urkullu.
Y en esta difícil coyuntura seguimos adoleciendo de un ecosistema financiero propio y de la existencia de un fondo vasco que sea capaz de favorecer procesos de crecimiento, internacionalización y desarrollo de nuestras empresas, así como de dar respuesta a procesos de adquisición o venta de empresas estratégicas por fondos de capital riesgo con todo lo que ello significa de traslado de los centros de decisión fuera de Euskadi y el desarraigo de las compañías con su entorno.
La reciente operación de Talgo ha puesto una vez más en evidencia la urgente necesidad de contar cuanto antes con un instrumento financiero que sea capaz de neutralizar procesos de compra-venta de empresas vascas por parte fondos de capital extranjeros que solo buscan la rentabilidad cortoplacista a la inversión realizada sin ningún afán de permanencia. De momento, cuando estamos cerca de cumplirse un año desde que el lehendakari Pradales se refiriera a la necesidad de crear un gran fondo vasco, estamos en stand by y sin visos de que se materialice en el corto plazo. Lo único que sabemos es que, según el consejero de Hacienda, Noël d’Anjou, en una reciente comparecencia en el Parlamento Vasco, puede “haber avances” sin concretar ningún plazo.
Fondo Finkatuz
El fondo Finkatuz, gestionado por el Instituto Vasco de Finanzas (IVF) del Gobierno Vasco, cuenta, tras la entrada en Talgo, con un remanente de 180 millones euros para entrar en el capital de empresas, una cantidad absolutamente exigua para poder dar respuesta a las necesidades de aquellas empresas estratégicas para el país. Parte de los recursos que administra Finkatuz no deberían ser destinados, como alguno pudiera pretender, para entrar en un grupo de distribución vasco y evitar su venta por parte de un fondo de capital riesgo francés que ostenta el 70% del capital, bajo la excusa de preservar su arraigo y favorecer el sector primario y dinamizar el agro vasco. Unos argumentos que no se tuvieron en cuenta cuando los dueños de la compañía hicieron caja al vender hace tres años, esa importante participación accionarial y conocían las consecuencias de una venta a un fondo de capital extranjero. Y todo ello, cuando la compañía no pertenece a ningún sector estratégico.
El éxito de que Talgo se haya quedado en Euskadi, con todo lo que ello significa de conservar su arraigo y convertirse en señuelo para otras nuevas operaciones, se debe a la conjunción en un solo objetivo de diferentes actores que han demostrado que, cuando existe unión de voluntades y hay persistencia en un fin, las cosas se consiguen por muy difícil que sea alcanzarlas.
Frente a aquellos que se han puesto las medallas, incluso se han arrogado el mérito de que Talgo siga en Euskadi —como si se tratara de una pugna colegial para demostrar quién ha hecho más—, hay que reconocer de una manera clara y sin ambages que esta operación no hubiera sido posible sin la presencia del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, que en toda su trayectoria profesional ha demostrado una auténtica vocación industrial a la hora de contribuir a que este país no pierda su capacidad manufacturera y mantenga su ADN industrial.
Lo hizo hace nueve años cuando recuperó para este país la empresa Sidenor, propiedad, hasta entonces, de la brasileña Gerdau, y lo ha hecho ahora con Talgo. En el medio, la creación del fondo MIrai Investements, que participa en 15 empresas de cinco sectores de actividad industrial que dan trabajo de manera directa a 1.000 personas. A lo que hay que añadir que Jainaga ha sido el único de los actores que han participado en la operación de entrada en Talgo que ha puesto dinero directamente de su bolsillo. Todo un ejemplo.
