Está claro que las decisiones políticas adoptadas desde planteamientos ideológicos y sin tener en cuenta la realidad de los ciudadanos y de la situación de la industria del automóvil –a la que han forzado a meterse de lleno en la producción de coches eléctricos, mediante sanciones y multas, sin planificar un proceso de transición más largo y coherente hacía la descarbonización de la movilidad–, han provocado que Europa haya perdido competitividad en un sector donde era referente mundial en innovación y calidad.

La amenaza viene de China y los fabricantes europeos ya no tienen capacidad para responder a esa invasión de vehículos más baratos con prestaciones de buen nivel y que, paradójicamente, están fabricados sin tener en cuenta ninguna normativa medioambiental. Una situación que coincide con la incertidumbre en la que se encuentran los consumidores europeos que no están tirando de la demanda, lo que provoca estar revisando continuamente las previsiones de fabricación, y la caída de las ventas de los coches eléctricos en unos niveles mucho más bajos de lo que se podría imaginar. La tormenta perfecta.

Como consecuencia de esta nueva realidad, algunos fabricantes europeos, que están sufriendo fuertes caídas en sus ventas, están amenazando con el cierre de plantas productivas y recortes de sus plantillas en medio de una recesión como la que registra Alemania. En cascada, estas afecciones negativas van a llegar en muy corto plazo de tiempo a nuestras empresas del sector de automoción que muestran signos de debilitamiento, tal y como recoge la última encuesta de coyuntura de Adegi.

Esta apresurada obsesión de los dirigentes europeos –entre los que se encuentran la ministra Teresa Ribera y aspirante a convertirse en vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea–, por alcanzar cuanto antes la electrificación de los vehículos en el año 2050, sin tener en cuenta la realidad del mercado y las capacidades de la industria europea y no permitir un proceso gradual y sostenible con la inclusión de todos los modelos de motorización, sin demonizar a ninguno de ellos, ha provocado un auténtico efecto boomerang con unas consecuencias muy graves que ya se están manifestando.

La demanda de coches eléctricos no responde a las previsiones que planteaban desde la Comisión Europea porque los ciudadanos ante el alto precio de los vehículos eléctricos, la ausencia de una estructura sólida de electrolineras y la falta de amplias ayudas públicas, no están optando por este tipo de coches hasta el punto de que sus ventas en Europa suponen el 14,6% del total, mientras que en el Estado solo alcanza el 6,5%. Y la tendencia sigue decreciente con caídas en ventas del 44% en la UE, donde destacan mercados como Alemania (-68,8%) y Francia (-33,1%). En Gipuzkoa, la venta de coches eléctricos registró una bajada del 9,9% en el pasado mes de septiembre.

La primera consecuencia desfavorable de esa imprudente decisión de la Comisión Europea ha sido el aumento del envejecimiento del parque automovilístico en toda Europa, con lo que ello significa de aumento de las emisiones de CO2, al optar los consumidores por coches de segunda mano y de combustión que son más contaminantes. Se calcula que el 65% de los coches que circulan por las carreteras de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) tiene una edad media de 14,5 años, una cifra que ha crecido en cuatro décimas respecto del año pasado que era de 14,1 años.

Teniendo en cuenta esta realidad, que en el caso de La Rioja supone una media de 15,6 años, cuando el promedio en el Estado es de 14,2 años, el Gobierno de esta comunidad, ha puesto en marcha, hace escasos 14 días, el programa VER que tiene por objeto, precisamente, renovar los coches que circulan por sus carreteras mediante la concesión de una ayuda de 3.750 euros por la compra de un coche de combustión, diésel o gasolina, eléctrico o hibrido, mediante la entrega de vehículos de más de 10 años que serán objeto de achatarramiento. De esta forma, se pretende reducir en un año o año y medio la edad media del parque automovilístico de esta comunidad.

La particularidad del plan Renove de La Rioja, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de noviembre y del que pueden beneficiarse ciudadanos que residan o no en esta comunidad, es que la ayuda de esos 3.750 euros se hace al momento de la adquisición del nuevo vehículo y no como en el Plan Moves, destinado solo a la compra de coches eléctricos, donde la subvención tarda casi un año y medio en ser cobrada.

Para la puesta en marcha del programa VER, el Gobierno de La Rioja va a invertir dos millones de euros, mientras los concesionarios de esa comunidad aportan un millón. Está destinado a la adquisición de vehículos con un coste inferior o igual a 45.000 euros (impuestos no incluidos) y que no desprendan más de 150 gramos de CO2 por kilómetro, que se amplía a los 60.000 euros para vehículos eléctricos con una autonomía por encima de los 30 kilómetros en modo eléctrico.

La iniciativa riojana se une a otros planes con idéntico fin como el gallego Renueva tu vehículo, que contemplaba ayudas entre 3.000 y 4.000 euros por achatarrar un vehículo de 10 años de antigüedad y adquirir uno nuevo de cualquier tecnología, al contar con un parque automovilístico de 15,9 años de edad media. Cantabria ha tenido uno activo de parecidas características hasta septiembre.

El gobierno de una comunidad limítrofe a la CAV también está preparando su propio plan Renove, con lo que el Ejecutivo vasco será la única administración de su entorno más próximo que no está contemplando, siquiera a día de hoy, poner en marcha una iniciativa de este tipo, teniendo en cuenta que la media de edad de los coches que circulan por nuestras carreteras alcanza los 14,5 años. De momento, ni está ni se le espera.

El Gobierno Vasco tiene ya experiencia, puesto que el Plan Renove que aprobó en el año 2020, –que fue todo un éxito al agotarse en muy pocos meses–, supuso enviar a la chatarra a un total de 5.000 coches que fueron sustituidos por otros más eficientes y menos contaminantes y, de esta forma, contribuyó a activar toda la cadena de valor del sector de la automoción.

Faconauto, la asociación que engloba a todos los concesionarios del Estado, ha puesto de relieve que la puesta en marcha de un plan Renove en la CAV con una inversión por parte del Gobierno Vasco de 2,9 millones de euros en un año, más la aportación de los propios concesionarios, significaría enviar a la chatarra alrededor de 1.100 vehículos de más de 10 años, lo que equivaldría a reducir el 63% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. A ello habría que añadir la recaudación fiscal, a través de los tributos que se concentran en la adquisición de un coche, que alcanzaría los 3,4 millones de euros con lo que el retorno de la inversión realizada supondría 6,5 millones de euros. Y ello sin contar con el empleo que generan los concesionarios que es bastante superior al de los fabricantes de automóviles, que tienen más ayudas, como por ejemplo los actuales PERTE. Sería preocupante, con el peso que el sector de la automoción tiene en este país, que la CAV fuera la excepción de esta regla que no para de extenderse.