"Tiempo de crisis", por Carlos Etxeberri

Los 42 jefes de Servicio del Hospital Universitario de Donostia que están denunciando la mala gestión de los responsables del departamento de Salud y Osakidetza no solo se están refiriendo a una mala gestión a la hora de adoptar decisiones de carácter técnico, sino al traslado de actividades, algunas de ellas ligadas a la investigación médica, a centros de Bizkaia con todo lo que ello supone de pérdida de recursos humanos y materiales. La gota que ha colmado el vaso ha sido la posibilidad de que el Hospital Universitario Donostia deje de ser centro de referencia en el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal para ser trasladado a Bizkaia. Por no hablar de la situación de Onkologikoa, uno de pocos centros estatales especializados en el tratamiento del cáncer, y la pérdida de talento que se está produciendo.

Esta política centralizadora en favor del territorio al este del Deba, –léase Bizkaia–, que, al parecer, está practicando el departamento de Salud y Osakidetza no es nada nueva, sino la constatación de una praxis que desde hace años existe en las instituciones comunes vascas y que ha tenido como consecuencia la existencia de un desequilibrio en los tres territorios que nada tiene que ver con la realidad económica y social de cada uno de ellos, y menos, si se apela a cuestiones demográficas. Gipuzkoa significa el 33% de la población vasca, frente al 52% de Bizkaia y el 15% de Araba. Llueve sobre mojado.

Hace ya varios años, y desde estas mismas páginas, puse de manifiesto la situación claramente desfavorable en la que se encuentra Gipuzkoa, en relación a Bizkaia y Araba, atendiendo al mapa donde se ubican las sedes sociales de las empresas y las sociedades públicas impulsadas y desarrolladas por el Gobierno Vasco. La importancia de decidir el lugar donde se ubica una empresa pública va más allá de ser una cuestión puramente formal por las repercusiones que tiene en términos de creación de empleo, que se focaliza en el territorio donde se sitúa la sede, y en la generación de recursos económicos de todo tipo vinculados a la actividad que desarrolla.

Si hacemos un repaso a las sedes sociales de las empresas y organismos públicos de este país, exceptuando el Gobierno Vasco y el Parlamento Vasco, veremos que 23 de ellas se encuentran en Bizkaia, entre ellas, EITB, EHU/UPV, SPRI, EVE, Eusko Trenbidea Sarea, Osalan, Innobasque, etc., por citar algunos ejemplos, que cuentan con importantes plantillas de trabajadores y administran unos recursos económicos notables. Se da la paradoja de que un organismo, como era el Servicio de Emergencias 112, que tenía una sede en Gipuzkoa, fue objeto hace unos años, de una centralización en favor de Bilbao y de que una entidad como el Instituto de la Memoria Gogora esté radicado en la capital vizcaína, cuando el territorio guipuzcoano ha sido el que más ha sufrido la violencia terrorista en todas sus formas y expresiones.

Si el análisis lo trasladamos a Araba, nos encontramos que es un territorio que da cobijo a un total de 20 sociedades públicas, entre las que destacan Osakidetza, que es uno de los organismos públicos que más recursos económicos mueve por su actividad, a los que hay que sumar la Academia de la Er-tzaintza Eustat, Lanbide o la última incorporación del Centro Vasco de Ciberseguridad, que se constituyó cuando, por impulso de la Diputación Foral, Gipuzkoa tenía muy adelantada la creación de un organismo de este tipo, que al final ha tenido que especializarse en el ámbito industrial.

Y en este reparto de sociedades públicas a Gipuzkoa le ha llegado unos restos que puede responder a aquel viejo modelo de país donde en este territorio debía de concentrarse la actividad cultural del país, mientras que la financiera y la de los negocios se ubicaba en Bizkaia y la institucional residía en Gasteiz, sin tener en cuenta que en estos 40 años la situación ha cambiado radicalmente y a ese perfil se han incorporado otras variables y sectores económicos. En Gipuzkoa, se asientan las sedes de Musikene, HABE, Instituto Etxepare, Orquesta de Euskadi y el Museo Vasco del Ferrocarril, todas ellas vinculadas al mundo de la cultura y de la promoción y desarrollo del euskera, cuya actividad económica generada en su entorno es menor en comparación con otros organismos públicos.

Este panorama no estaría completo si no hacemos referencia, por citar algunos ejemplos, al desarrollo que ha tenido Kutxabank, que, tras la integración de las cajas vascas, ha situado su centro de decisión y su operativa en Bilbao, o el centro tecnológico Tecnalia, que tiene su sede central en Bizkaia, cuando Gipuzkoa era el territorio, en su día, con un mayor número de centros tecnológicos, por no hablar de Euskaltel que se ubicó en Zamudio, a pesar de los ímprobos esfuerzos que en aquel tiempo hizo la Diputación Foral de Gipuzkoa para que se quedara en este territorio.

Está claro que algo está pasando en este país para que aquellos sectores que proporcionaban referencialidad por el buen hacer y gestión practicadas y que causaban admiración en el exterior estén siendo objeto de una serie de crisis que, en algunos casos, parece tener difícil solución.

A la crisis que vive Osakidetza, hay que sumar la que existe en el mundo cooperativo por la voluntad de Orona y Ulma de abandonar la Corporación Mondragon, sin que, a día de hoy, cuando faltan cinco días para tomar la decisión, sus socios cooperativistas, es decir, los accionistas en una empresa de capital, conozcan las razones de peso que existen para esta salida y los objetivos que se quieren conseguir, una vez que las dos cooperativas rompan con su vinculación al grupo de Arrasate.

Algunos están pensando que el ideólogo de este proceso, que lleva año y medio en un segundo plano y sin apariciones públicas, pudiera pretender crear un grupo cooperativo, a partir de Orona y Ulma, al estilo que intentó Koldo Saratxaga con Irizar y Ampo, que también salieron de Mondragon en 2008. En el caso de Irizar se mantuvo independiente y no entró a formar parte de esta alianza, mientras que Ampo si lo hizo, aunque la abandonó varios años después.

Tanto los directivos de Orona como Ulma están dando pasos muy significativos que dan alguna muestra de la dirección que van a tomar en el futuro. En el primer caso, el fabricante de ascensores no está en ninguno de los nuevos órganos de gobierno de la renovada Cámara de Gipuzkoa, cuando hasta unos meses formaba parte de su comité ejecutivo, al ser una de las empresas guipuzcoanas que más contribuían económicamente a esta entidad. En lo que se refiere a Ulma, acaba de abandonar la alianza Mondragon Hospitality formada junto con otras ocho cooperativas para constituir una oferta agrupada para el sector hotelero, turístico y sociosanitaria. Se da la circunstancia de que esta iniciativa fue presentada hace algo más de un mes en Madrid.

De momento, las dos cooperativas mantienen un silencio sobre los planes de futuro a la espera de las asambleas extraordinarias que se celebrarán el próximo viernes, día 16. En el caso de Orona, parece que la oposición entre los socios que poseen una mayor cultura cooperativista está creciendo, por lo que la dirección ha contratado seis vuelos chárter para trasladar a Donostia a 800 socios de todo el Estado, con el fin de asegurarse el resultado favorable a la segregación para lo que se requiere una mayoría simple y un quorum del 75% de las personas con derecho a voto. Hasta el próximo viernes todo está en el aire y a pesar de cual sea el resultado, el daño reputacional a Mondragon y a las dos cooperativas concernidas ya está hecho.