En el peor momento
A pesar de que algún directivo de Orona puede discrepar que el koopexit, impulsado desde la cooperativa hernaniarra y Ulma, no es una cuestión de país, que no solo afecta a todos los cooperativistas, los propios y los de Mondragon, sino también al conjunto de los vascos, lo cierto es que el proceso de segregación se ha puesto en marcha en un momento de gran incertidumbre económica y cuando, desde algunas instancias del Gobierno español, se puede estar planteando la posibilidad de revisar el régimen especial de prevención social y sanitaria que los socios del grupo cooperativo de Arrasate tienen, precisamente, por pertenecer a ese colectivo.
En este momento, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha comenzado a estudiar las medidas a aplicar, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, para que las bases de cotización de los autónomos a la Seguridad Social se ajusten a sus ingresos reales y no como ahora, cuando las aportaciones que realizan no coinciden con sus ganancias. Esta modificación en las cotizaciones de los autónomos se va a hacer de manera progresiva hasta el año 2030.
Y en este sentido, entre los autónomos, es decir, los trabajadores por cuenta propia, se encuentran también los cooperativistas, salvo los pertenecientes a la Corporación Mondragon, que disfrutan de un régimen especial gracias a un acuerdo tácito suscrito en su día con la Seguridad Social a través de la entidad Lagun Aro. Un estatus diferente dentro del sistema de la Seguridad Social estatal, que se divide entre trabajadores por cuenta ajena y autónomos, y que algunos en Madrid no ven con buenos ojos.
Gracias a este acuerdo, los cooperativistas pertenecientes a la Corporación Mondragon destinan el 60% de su cotización al sistema de Seguridad Social estatal y el 40% restante lo aportan al sistema de Lagun Aro para financiar las prestaciones complementarias de pensiones, sanitarias y sociales, al margen de los retornos (dividendos) que reciben.
Ahora, con la intención de equiparar las base de cotización a la Seguridad Social con los ingresos reales que perciben los autónomos, ese régimen especial que disponen los socios cooperativistas de Mondragon se ha puesto en entredicho, con lo que los responsables de la Corporación mantienen negociaciones con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, con el fin de aminorar el efecto negativo que esa medida puede tener en las prestaciones de Lagun Aro y mantener el estatus actual, aunque con un baremo distinto.
Una adecuación total de las bases de cotización a la Seguridad Social de los cooperativistas de Mondragon con los ingresos reales que perciben pondría en peligro la viabilidad de Lagun Aro y, en consecuencia, las prestaciones complementarias en materia de pensiones y asistencia sanitaria que realiza esta entidad en favor de los socios del grupo cooperativo. Un escenario que, como es lógico, provoca una gran preocupación en el seno de la corporación de Arrasate.
Por ello, la salida de Orona y Ulma, que suponen el 50% de la rama industrial de la Corporación Mondragon, podría significar un hándicap muy importante en las negociaciones que mantienen sus responsables con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social a la hora tener una mayor fortaleza en los argumentos que están presentando para que se mantenga la excepcionalidad de Lagun Aro y, con ello, las coberturas complementarias que presta a sus socios.
Si en el pasado se consiguió que la propia Seguridad Social reconociera una nueva figura, inexistente hasta entonces, como es la de los cooperativistas, y estableciera un régimen especial para los pertenecientes a Mondragon, se debió a todo lo que significa en términos económicos y sociales el grupo cooperativo vasco, lo que le permite contar con ese poder e influencia en la defensa de los intereses colectivos en aquellos organismos e instituciones concernidos con su actividad.
Gracias a esta fortaleza y a lo que representa Mondragon, tanto en Euskadi como en el Estado y en el mundo, las dos cooperativas que han iniciado el koopexit han podido desarrollar sus proyectos empresariales en un caso, por poner un ejemplo, con una iniciativa inaudita hasta ese momento, como fue la inversión de siete millones de euros realizada hace un año por parte del Gobierno Vasco. Y en el otro, a través de favorecer su crecimiento inorgánico con la adquisición de empresas locales o dar contenido a nuevas infraestructuras a través de la participación de entidades cooperativas del mundo del conocimiento e investigación.
Por eso, no se entiende la urgencia que le han querido dar los órganos de gobierno y dirección de Orona y Ulma a su koopexit, cuando la propuesta que presentaron el pasado mes de junio, de establecer una nueva figura de cooperativa “conveniada”, en vez de adherida como hasta ahora, con un acuerdo revisable cada año y sin participar en los mecanismos de intercooperación y solidaridad que existen en el grupo, es de tal calado que supone un cambio profundo de lo que hoy es el grupo. Semejante modificación en las estructuras de organización de Mondragon requiere de una discusión de manera más pausada y reflexiva, para lo que es necesario un debate sosegado que concluya con la celebración de un congreso monográfico. Un escenario que, por lo que parece, no es el más apetecible para los promotores del koopexit.
Las acusaciones de injerencia y de falta de respeto a la autonomía y soberanía de las cooperativas que tanto Orona como Ulma han lanzado contra Mondragon por la difusión de un comunicado a todos los cooperativistas del grupo informando sobre la situación y explicando las razones por las que su propuesta no se llevó a discusión en el pasado congreso, parecen querer desviar la atención sobre una de las razones de peso que ha podido justificar esta crisis y que tiene su base en la solidaridad intercooperativa. Cómo se puede hablar de afrenta a la soberanía de Orona, cuando el máximo responsable ejecutivo del fabricante de ascensores ha reconocido, en una asamblea informativa celebrada hace unos días, que nunca ha pisado la sede de la Corporación Mondragon, ni siquiera como muestra de cortesía.
¿Qué es lo que nos aporta Mondragon? Esa es la pregunta tácita que subyace en el fondo de este koopexit, con el fin de obtener una respuesta en clave negativa, cuando se pone de relieve los 2,4 millones de euros y los 1,85 millones que Orona y Ulma, respectivamente, aportaron el año pasado a los instrumentos de solidaridad intercooperativa de Mondragon a cambio de prácticamente nada, en opinión de sus promotores.
Ese es el fondo de la cuestión que ha llevado a convocar unas asambleas extraordinarias que, en el caso de Orona, va a suponer contratar seis vuelos chárter desde Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia y Alicante, cuando en una ordinaria se movilizan cuatro aeronaves, para trasladar a Donostia a 800 socios cooperativistas del Estado, con el fin de asegurarse un resultado favorable a la iniciativa de segregación. Hay que tener en cuenta que el espíritu y la cultura cooperativa de esos socios no tienen nada que ver con la de sus compañeros de Euskadi. Si para algunos de la cooperativa hernaniarra, Mondragon está muy lejos, no es difícil imaginarse la distancia que existe para un cooperativista andaluz o levantino. Todo un alarde de movilización de importantes recursos económicos que, como en el caso de Orona, han llegado al punto de contratar los servicios de una agencia de comunicación barcelonesa, en la que uno de sus máximos responsables tiene una trayectoria política vinculada al PP y al movimiento antiindependentista catalán. Ver para creer.