Cuando vivimos una situación de total incertidumbre y con un horizonte desdibujado por una realidad política, económica y social que nos está atenazando parece que lo que urge es incorporar algunas dosis de cordura y sosiego que, como un antídoto, nos vaya haciendo más llevadero este largo camino que estamos recorriendo hasta que al final veamos la luz.
No parece que, en medio de la gran crisis económica y social como la que sufrimos, la sensatez y la moderación sea en este momento el distintivo de actuación en el que se reflejan tanto el Gobierno de Madrid como los de algunas regiones del Estado, que han convertido al sistema fiscal en un auténtico mercado persa a la hora de rebajar y eliminar algunos impuestos o, por el contrario, poner en marcha otros para contrarrestar la desaparición de aquellos, convirtiendo sus decisiones en pura estrategia electoralista con tintes ideológicos.
Unos acusan a los otros de favorecer a los ricos y discriminar a los pobres y viceversa, sin que nadie se haya atrevido a plantear encima de la mesa de manera decidida como afrontar dos asuntos de gran calado en el sistema fiscal estatal como son el fraude fiscal y la existencia de una importante economía sumergida, que supone el 25% del PIB español, precisamente, en aquellas regiones que han decidido eliminar impuestos. Dos problemas que llevan mucho tiempo dejados a título de inventario.
En esta difícil y volátil coyuntura, sorprende que todavía haya socios de la EPSV Geroa Pentsioak que, a través de la autodenominada Asociación de Perjudicados por Geroa, siguen reclamando el cobro de sus pensiones vía rescate de capital y no como renta, cuando sus pretensiones han sido rechazadas ya en dos ocasiones y en apenas cinco meses, por juzgados de Donostia y Eibar.
Los dos jueces han coincidido en desestimar las demandas presentadas, -en el caso de Donostia, por un socio, y en el de Eibar por once-, al rechazar de plano la posible existencia de vicio de consentimiento por carecer de información sobre el cambio de estatutos que realizó la EPSV en favor del pago de la pensión en renta y no como rescate del capital, tal y como planteaban los demandantes.
Los argumentos de la magistrada-juez del tribunal de lo Social Nº 1 de Eibar, Julia María Bobillo Blanco, son contundentes al señalar que los demandantes no pueden alegar “desconocimiento del contenido de los estatutos y sus sucesivas modificaciones”, debido a que Geroa Pentsioak cumplió con su obligación de información a los socios y al Gobierno Vasco, al tiempo que señala que se encuentran representados en los órganos de gobierno de la entidad.
Llama la atención que entre los once demandantes de Eibar, pudiera encontrarse algún delegado sindical, que, en función de su responsabilidad, debería de conocer las modificaciones de los estatutos de Geroa en favor de recibir la pensión a través de una renta mensual y no de una sola vez, ya que los cuatro sindicatos con representación en Gipuzkoa junto con Adegi forman parte de los órganos de gobierno y realizan asambleas informativas para dar a conocer a los trabajadores socios de la EPSV su evolución y de las decisiones que les pueden afectar.
El segundo varapalo judicial que reciben los miembros de la autodenominada Asociación de Perjudicados por Geroa vuelve a confirmar el posible fallo de la estrategia que está siguiendo la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), con la que se han aliado para defender sus intereses en los juzgados, al plantear la cuestión desde la creencia de que Geroa es una entidad financiera y que, por lo tanto, el cobro del capital invertido durante los años laborales puede ser rescatado al igual que ocurre en las EPSV individuales, que precisamente fomentan esta figura.
Desde esta premisa, tomando como ejemplo el comportamiento de algunos bancos con las preferentes, donde no informaron a sus clientes de los riesgos del producto que firmaban y de sus posibles consecuencias, Asufin incide en una falta de conocimiento por parte de los demandantes sobre los cambios que se han producido en Geroa a la hora de primar el pago como renta mensual y no como rescate por encima de los 45.000 euros.
Se olvidan los demandantes que Geroa nació hace 26 años fruto de la negociación colectiva entre los empresarios y los trabajadores como una entidad de previsión social voluntaria y sin ánimo de lucro, destinada a satisfacer las pensiones y prestaciones económicas de jubilación, invalidez, fallecimiento, viudedad y orfandad, desde la filosofía de cobrar esas prestaciones en forma de renta y no de capital.
Precisamente, los promotores de Geroa: la patronal Adegi y los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT, deben verse seriamente interpelados ante esta situación y deben romper el silencio que mantienen para defender el modelo de las EPSV de empleo por el importante papel que juegan como factor de cohesión social y desarrollo económico del país, sobre todo en estos momentos de crisis con una inflación que no termina de estar controlada.
Es muy significativo que los trabajadores socios de las EPSV de empleo en Euskadi a la hora de cobrar su pensión complementaria lo hacen por el sistema de renta, ya que el 69% del importe total de las prestaciones se perciben en forma de renta (309.545.282 euros), mientras que el 27% se realiza en forma de capital (120.466.193 euros). Ello significa que dos tercios del importe total de las prestaciones de las EPSV de empleo en Euskadi se perciben en forma de renta, lo que va en línea con el objetivo social de estas entidades que es la de aportar a los trabajadores un complemento a la pensión pública que reciben.
Estos datos, -correspondientes al año 2021 y que se recogen en el Informe de la Previsión Social Complementaria en el País Vasco elaborado por el departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco-, revelan que el 61% del importe total de las prestaciones abonadas por las EPSV de empleo, que hace un año alcanzaron la cifra de 446.294.908 euros, se cobraron en forma de renta actuarial, en concreto, 272.636.915 euros, mientras que el 8% fue en renta financiera, lo que significó una cantidad de 36.908.367 euros.
Al margen de la poca eficacia que, parece estar teniendo la vía judicial en favor de sus intereses, los demandantes de Geroa pueden ser considerados unos privilegiados por tener la suerte de disponer de una pensión complementaria, en la que sus empresas han contribuido con el 50% de sus aportaciones, cuando el conjunto de los trabajadores de Gipuzkoa no pueden participar de esa ventaja. A muchos de ellos, les gustaría poder contar el día de su jubilación con un capital en forma de renta que va desde los 64.539,22 euros, la cantidad más alta, a los 49.715,67 euros, la más baja, que reclaman los socios de la EPSV que han visto frustradas sus demandas en el juzgado de Éibar.
Unas pretensiones que también presentan ciertos rasgos de insolidaridad respecto a los socios trabajadores de Geroa cuando los 626.223,58 euros que reclaman en conjunto los once demandantes de Eibar deberían de salir, en el caso de que hubiera prosperado su demanda judicial, de los recursos de la EPSV con el consiguiente perjuicio económico para la entidad y sus beneficiarios, teniendo en cuenta el fin social al que se destinan. En tiempos de zozobra, mantener la cordura puede ser la mejor actitud. l
