Que las compañías eléctricas y petroleras, así como las entidades financieras, no gozan de buena prensa es una evidencia que muy pocos pueden negar. El ejercicio de su actividad, que es estructural y esencial para el buen funcionamiento de una sociedad y de su economía, hace que los ciudadanos seamos absolutamente dependientes de sus decisiones o de sus inacciones, con las consiguientes consecuencias en nuestros bolsillos. Una realidad que, en muchas ocasiones, se constata siempre en términos negativos y que muchas veces tiene que ver con esa falta de responsabilidad y empatía social que muestran estas grandes corporaciones, más preocupadas por maximizar los beneficios y el dividendo a sus accionistas que cercanía para resolver los problemas de sus clientes.
Hace unos meses las entidades financieras en su conjunto estuvieron en el ojo del huracán por el desprecio y la brutal exclusión que estaban realizando a los clientes jubilados por obligarles, en su afán desmedido de reducir personal y cerrar oficinas, a tener que utilizar las nuevas tecnologías de la información a la hora de realizar sus trámites financieros, sin tener en cuenta que uno de cada tres clientes de banca no es digital, según datos del propio sector. En Euskadi, según un estudio del Eustat, el 58% de las personas mayores de 65 años, lo que significa el 13,07% del conjunto de la población vasca, no utiliza Internet. Todo un dato.
Tuvo que ser el médico jubilado Carlos San Juan y las 600.000 firmas que recogió en una tenaz y persistente campaña, los que exigieron a las entidades financieras un mayor respeto y atención hacia las personas mayores y un cambio radical en sus procesos de digitalización para no excluir a sus clientes jubilados que no pueden acceder a las nuevas tecnologías.
Ahora y en un ámbito más local como el donostiarra, ha tenido que ser la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa la que ha tenido que denunciar públicamente el deficiente servicio de una compañía eléctrica como Iberdrola que, en tan solo un mes, ha realizado cinco cortes de suministro en un área determinada de la Parte Vieja, sin que durante ese tiempo hubiera realizado ninguna actuación para solventar una anomalía que ha generado graves quebrantos económicos a restaurantes y bares. Los apagones, de una duración de tres horas, se produjeron en los horarios de máxima afluencia de público, es decir, durante los turnos de comidas o cenas y en plena temporada alta.
El primer apagón tuvo lugar el 17 de junio y el último, el pasado sábado, tiempo más que suficiente para que Iberdrola hubiera realizado alguna actuación para paliar la anomalía y evitar la sobrecarga de una línea para derivar el suministro eléctrico por otras en el transformador que suministra a un área comprendida entre las calles Puerto y Mayor de la Parte Vieja.
El coste de esta falta de diligencia de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ha sido importante en los establecimientos hosteleros, no ya porque es imposible dar servicio a las personas que pretendían comer o cenar, sin contar con suministro eléctrico, sino también por toda la maquinaría tanto frigorífica, cocinas y hornos como digital que dejan de funcionar, con el consiguiente despilfarro de los productos alimenticios que se pierden por su condición de perecederos, amén de las averías producidas. Algunos establecimientos hosteleros afectados han evaluado en más de 8.000 euros las pérdidas económicas derivadas de los apagones de un solo día, en el que los cortes de suministro se produjeron tanto al mediodía, a la hora de la comidas, como a la noche, en el turno de las cenas.
Como consecuencia de ello, la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa ha iniciado los trámites administrativos ante las instituciones competentes, no ya para solventar de manera inmediata esta deficiencia por parte de Iberdrola, sino para lograr una compensación económica por parte de la compañía eléctrica por los daños y perjuicios ocasionados a los establecimientos afectados. Si no se sustancia una reparación de los daños causados por ese procedimiento, la asociación ha anunciado utilizar la vía judicial para exigir responsabilidades a la operadora eléctrica.
Pero los apagones no tienen solo un componente económico, sino también afecta a la reputación y a la imagen de Donostia como destino turístico de calidad. Sería bueno conocer la impresión que se habrá llevado de la ciudad el turista que tuvo la mala fortuna de pillarle en dos ocasiones y en diferentes días, los apagones cuando acudió a uno de los establecimientos afectados a comer y cenar. Supongo que el primer día se lo tomaría a broma y el segundo pensaría sobre si se había confundido de destino y se encontraba en un país caribeño, donde los cortes de luz son el santo y seña de cada día. Lo que está claro es que el recuerdo de su viaje a Donostia tendrá más sombras que claros debido a este incidente.
Sorprende que una compañía como Iberdrola no haya reparado en que la Parte Vieja, que es uno de los principales emblemas y atractivos de Donostia, al margen de ser una zona residencial, también es un centro de actividad económica con sus innumerables bares, restaurantes y comercios, con lo que, ante determinados picos de demanda de suministro eléctrico –como ha podido ocurrir en estos días, como consecuencia de las altas temperaturas que hemos tenido–, no hubiera previsto poner en marcha los mecanismos oportunos para evitar cortes de fluido en unas instalaciones y una red de distribución que son de su competencia. Estoy seguro de que este tipo de contingencias se tienen en cuenta en instalaciones que suministran energía eléctrica a polígonos industriales o parques empresariales, con el fin de evitar colapsos en el suministro.
Este tipo de hechos ponen de nuevo de manifiesto la incongruencia que significa que un servicio esencial público, como es el suministro eléctrico, esté gestionado por empresas privadas que solo defienden sus intereses corporativos, sin que los ciudadanos no tengan ninguna otra alternativa en el mercado, y solo les quede la resignación y la paciencia a la espera de que, en el momento más inesperado, pueda volver la luz, como decían nuestros aitonas.
Este es el problema de tener grandes compañías, como es el caso de Iberdrola, que tienen una actividad operativa integral, es decir, que tienen negocio de generación de luz, distribución y comercialización, con lo que en los dos primeros aspectos los consumidores somos absolutamente dependientes de su actividad porque no existe competencia alguna.
En lo que se refiere a la comercialización, las dos grandes compañías del sector, como son Iberdrola y Endesa, a las que hay que sumar en menor medida Naturgy, están saliendo reforzadas, a pesar del alza generalizada de los precios de la electricidad, y están frenando a las casi 500 pequeñas empresas comercializadoras de luz independientes que surgieron al calor de la liberación del sector, hace ya dos décadas.
Estas tres compañías que aglutinan el 80% del mercado estatal, frente al 11% de las 500 pequeñas comercializadoras, están haciendo frente a la competencia en una situación de fuerte incremento de precios que teóricamente beneficiaría a las empresas low cost, por su mayor músculo financiero y operativo, ya que integran todo el proceso desde la producción, distribución y comercialización, lo que les permite hacer mejores ofertas a precios fijos en la luz. Es lo mismo que han hecho las grandes petroleras para absorber la bonificación de los 20 céntimos decretada por el Gobierno español, al lanzar ofertas para eliminar a las compañías de bajo coste. Con esta falta de competencia por la vía de facto, habrá que preguntarse dónde se sitúan los intereses de los ciudadanos y consumidores.
