Resulta sorprendente como un modelo de empresa como las cooperativas vascas, fundamentalmente vinculadas al sector industrial, son referencia en el mundo por su excepcionalidad, a lo que hay que añadir la gran capacidad de adaptación y resiliencia que presentan a la hora de afrontar las crisis económica, como la que, recientemente, hemos vivido con la pandemia del covid-19 y, sin embargo, algunas de ellas se hallan inmersas en toma de decisiones que están poniendo en cuestión los propios valores cooperativos.

Mientras en Europa y Estados Unidos se fijan de manera casi continuada en el modelo cooperativo vasco como ejemplo para su implantación en sus países, por lo que significa de colocar a la persona en el centro del proyecto empresarial, aquí en Gipuzkoa, varias cooperativas, alguna de ellas no vinculada a Corporación Mondragon, están viviendo situaciones en las que, el cortoplacismo y la preocupación de los intereses personales por encima del colectivo de los socios-cooperativistas, están provocando el olvido del carácter de transformación social y distribución de la riqueza que forma parte del ADN de las empresas de economía social y la desaparición de la conciencia del legado a las futuras generaciones.

Por eso, el hecho de que desde fuera se ponga el foco en la importancia de las empresas de economía social en una situación económica tan crítica como la actual con una inflación galopante, un alza de los tipos de interés, una guerra que ha encarecido las materias energéticas y con una recesión en el horizonte, puede ser motivo para que los valores cooperativos vuelvan a prevalecer y se recupere la misión social que forma parte de la razón y el sentido de este tipo de empresas. Resulta paradójico que el movimiento cooperativo genere más reconocimiento en el extranjero que dentro de casa.

Que el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, haya reconocido a Euskadi como un ejemplo del poder transformador que tiene la economía social no deja de ser un motivo de satisfacción. “Euskadi es una de las regiones europeas que están más avanzadas en el impulso de la economía social, que demuestra cómo se puede funcionar en favor de la prosperidad, la calidad de los puestos de trabajo y el mantenimiento de servicios sociales sólidos”, manifestó.

Schmit hizo esta afirmación durante su intervención en el pleno del Parlamento Europeo sobre el Plan de Impulso de la Economía Social que está elaborando la Unión Europea (UE) a una pregunta de la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, sobre si el modelo de economía social vasco puede ser un referente para mejorar los valores del sistema económico y productivo europeo.

En su intervención, la eurodiputada jeltzale reivindicó el desarrollo de la economía social y sus valores como un factor clave para el éxito del Plan Europeo de Recuperación y Resiliencia. “Impulsar la economía social es impulsar la transformación digital y ambiental de la UE, pero centrada en las personas”, dijo Izaskun Bilbao. La eurodiputada del PNV se basa en cinco factores para razonar esa afirmación, como son que la economía social cuida las condiciones de trabajo, impulsa la responsabilidad, fija el desarrollo en el territorio, lo que tiene como consecuencia natural de actividad la responsabilidad social corporativa, junto el papel que debe ejercer el sistema financiero como un instrumento al servicio de la economía productiva.

Por si fuera poco, Bloomberg, la prestigiosa cabecera internacional especializada en información sobre empresas, mercados y negocios, ha publicado un reportaje sobre la respuesta que las cooperativas de Mondragon han dado a la pandemia, al tiempo que destaca el impacto que tiene el modelo cooperativo en su entorno y su papel en la reducción de las desigualdades sociales.

La publicación de este reportaje se debe al creciente interés que muestran las cooperativas estadounidenses por el modelo cooperativo vasco al haber sabido resistir mucho mejor los efectos de la crisis económica producida por la pandemia. Para los estadounidenses, el movimiento cooperativo vasco es un modelo de “eficacia probada”.

Bloomberg destaca que Gipuzkoa, donde se encuentra la gran mayoría de las cooperativas de Mondragon, tiene menor nivel de desigualdad social que países como Finlandia o Suecia, a pesar de que pagan más impuestos, según el coeficiente Gini, que es un instrumento que mide las desigualdades sociales en los territorios. La razón de este hecho hay que buscarla en la existencia de un tejido cooperativo que distribuye riqueza y genera empleo.

Otro ejemplo exitoso de una empresa de economía social es el de CAF, que tiene una participación de sus trabajadores que alcanza el 24,9% de su capital, y que está abriendo nuevos mercados como lo estamos viendo estos días con la adjudicación de 60 trenes en Suecia, donde cuenta con una filial de mantenimiento, por valor de 300 millones de euros.

El próximo día 31 de julio CAF dará un gran paso de gigante al hacerse cargo de la planta de Reichshoffen, en la Alsacia francesa, que ha adquirido a Alstom –su principal competidor en el mercado galo–, y la de Bombardier en Alemania, tras contar con el visto bueno de la Comisión Europea, que obligó a las dos compañías a desprenderse de esos activos como consecuencia de su fusión. La planta tiene carga de trabajo al 100% para los próximos tres años y prepara el trienio siguiente con la fabricación de trenes Regiolis de hidrógeno y para la línea Charles De Gaulle Express, que conectará el aeropuerto con el centro de París en 20 minutos.

Con el reciente encargo de 60 tranvías en el área metropolitana de Montpellier por valor de 200 millones de euros, CAF está reduciendo de manera considerable la distancia que tenía con Alstom en el mercado francés, hasta ahora su verdadero feudo, al reducir en un año cinco puntos su capitalización bursátil respecto a la compañía guipuzcoana. Si el año pasado, el valor de capitalización de Alstom era trece veces mayor que CAF, a día de hoy, esa proporción ha quedado reducida a ocho. En esta contienda, CAF está teniendo un papel protagonista muy importante que le puede situar en el ganador europeo de la transición energética hacia la movilidad sostenible al contar con un portfolio que va a contemplar desde los trenes impulsados por hidrógeno hasta los de alta velocidad, pasando por el metro, tranvías y autobuses eléctricos o híbridos.

Con este panorama sorprende que el Gobierno Vasco, con la excusa de que no tiene competencias, lleve cerca de cuatro años haciendo oídos sordos al Parlamento Vasco, que, a través de una proposición no de Ley apoyada por unanimidad por todos los grupos de la Cámara, instó al Ejecutivo a impulsar y desarrollar el modelo de participación de los trabajadores en la empresa. A día de hoy, no sabemos el nivel de ejecución de esa demanda unánime del Parlamento Vasco y cuáles son las gestiones que se están realizando con el Gobierno de Madrid para desarrollar este modelo de economía social, desde el supuesto de que Euskadi no tenga las competencias en esa materia.

Sea como fuere, la Diputación Foral de Gipuzkoa es la institución vasca que más interés ha puesto en el desarrollo de la participación de los trabajadores en el capital de las empresas, a través de normativas forales específicas, hasta el punto de que en el período 2016-2020 un total de 319 empresas se convirtieron en participadas. La aportación de los 1.738 trabajadores en sus empresas totalizó una inversión de 25,95 millones de euros, lo que arroja una media de 14.930 euros por persona. Querer es poder.