os alcaldes de los municipios afectados por la N-121 llevan meses predicando en el desierto. Piden que se prohíba o, al menos, se limite el tráfico de camiones porque la carretera no reúne las condiciones de seguridad para soportar una circulación tan intensa de vehículos. Buena parte del revirado trazado de esa N-121 que une Irun con Iruñea se sometió a una profunda reforma a principios de este siglo, pero basta circular un día laborable para comprobar in situ que la carretera está desbordada de tráfico. La estadística no engaña y los accidentes mortales tampoco. En su tránsito del norte al sur de Europa, y viceversa, un aluvión de camiones elige este recorrido, en lugar de la autovía de Leitzaran, por razones muy simples: es más rápido y más barato. Ante las numerosas voces que reclaman que se restrinja el tráfico de vehículos pesados, el Gobierno de Navarra ha respondido con otra reforma. Prevé gastar 80 millones y convertir los 60 kilómetros del tramo Iruñea-Endarlatsa en una vía 2+1 (un carril alterno para los dos sentidos de circulación). En La Rioja, el Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia que avala la decisión del Gobierno de la comunidad de restringir el paso de camiones por la N-232 y obligarles a circular por la AP-68 porque supone una mejora de la seguridad vial y reduce la siniestralidad y mortalidad. Como diría aquel, sí, se puede.
