Editorial

Al fondo, la batalla sindical

02.10.2021 | 01:16

La acusación de ELA al sistema de las residencias tras detectarse deficiencias en un centro a raíz de una inspección foral hay que entenderla en el contexto del enfrentamiento laboral contra la Diputación

La tercera edad y particularmente los usuarios de las residencias de mayores fueron durante los primeros meses de la pandemia el colectivo con el que el virus se cebó con más saña. La masacre que provocó el patógeno en los geriátricos abrió en canal el debate público sobre el modelo de atención residencial de la tercera edad. Gipuzkoa no ha sido ajeno a ese debate y, de hecho, el departamento de Política Social de la Diputación foral, una vez superada la fase más crítica de la pandemia y con los usuarios protegidos por la vacuna, presentó el pasado mes de abril en las Juntas Generales un plan estratégico recogido en la Agenda 2020/2030. Se trata de una hoja de ruta para diseñar el modelo de cuidados de los usuarios de estos centros de forma coparticipada con todos los agentes, desde los expertos a los familiares, los profesionales, etcétera. Esta reflexión está enmarcada por tres necesidades que deberán ir cubriéndose según la urgencia: a corto plazo, dar respuesta a la emergencia del covid; a medio plazo, garantizar la calidad de vida de los usuarios; y, a largo plazo, diseñar una agenda de transiciones ligada a la innovación. Y mientras se produce esta transición hacia el nuevo modelo, que evolucionará hacia un sistema más humanista e individualizado, ha saltado la polémica a raíz de las deficiencias detectadas en la residencia Txara I de Donostia. Un informe realizado en el mes de agosto desvela carencias en la atención a un grupo de usuarios y déficits en los ratios de personal. El informe, que todavía es provisional, es el resultado de una inspección realizada por la propia Diputación en respuesta a una denuncia de una trabajadora de ELA, y de su contenido, la titular del departamento, Maite Peña, ya ha dado cumplida cuenta a los grupos políticos de las Juntas Generales. La reacción del sindicato ha sido hacer causa general contra el conjunto del sistema, convirtiendo este caso en pauta común y diaria en los centros de mayores de Gipuzkoa. A todas luces un exceso que desfigura el funcionamiento real de una red que atiende a 5.400 personas y que no hace justicia al desempeño profesional de técnicos y trabajadores. Y a la hora de analizar la polémica, no conviene perder de vista que el de las residencias es un frente de batalla sindical de ELA desde hace años y que durante la fase más cruda de la pandemia presentó, sin éxito en los tribunales, media docena de denuncias contra la Diputación y varias residencias por poner en riesgo a las trabajadoras.

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