Editorial

Poner coto a los alborotadores

30.08.2021 | 00:25

Los altercados se siguen repitiendo en lugares como Donostia mientras las fiestas, no permitidas con objeto de controlar la pandemia, se extienden por el territorio, por lo que urge atajarlos desde todos los ámbitos

La reiteración de altercados violentos que vienen produciéndose de manera sistemática en Donostia vivió la pasada madrugada un nuevo e ingrato capítulo, cuando volvieron a producirse ataques a agentes de la Policía y la destrucción de mobiliario urbano, con un saldo de catorce personas detenidas, a las que hay que añadir otro arresto en Hernani por idénticos motivos. La continua repetición de este tipo de actos en los que grupos de jóvenes lanzan piedras y botellas a la policía resulta ya insoportable para la ciudadanía, que en su inmensa mayoría cumple las restricciones de manera ejemplar. Precisamente, mientras se producían los altercados de Donostia y Hernani, en la playa de Hondarribia se detectó la presencia de más de un millar de jóvenes en una macrofiesta improvisada en torno a la playa con la música a todo volumen, haciendo botellón e incluso con carreras de coches, sin dar tiempo a sobreponerse de la fiesta ilegal detectada en Astigarraga, en la que participaban medio millar de jóvenes, de los que más de 200 pudieron ser identificados y sancionados. Es, por ello, necesario poner coto urgente tanto a los botellones como a los disturbios que no solo alteran la paz ciudadana sino que vulneran la normativa impuesta para evitar el avance del covid 19 –por lo que son profundamente insolidarios y ponen en riesgo la salud pública–, atentan contra la autoridad que únicamente pretende proteger al conjunto de la ciudadanía y causan destrozos de titularidad pública y privada. En este sentido, la contundente respuesta de la Fiscalía de Nafarroa frente a recientes actos de este tipo puede suponer un precedente para afrontar estas situaciones, por cuanto acaba de solicitar hasta cuatro años y siete meses de prisión para los detenidos en los disturbios que tuvieron lugar el jueves en Iruñea, donde hubo once arrestos. Además, y hasta la celebración del juicio rápido el próximo 9 de septiembre, los acusados, como medida cautelar, no podrán acceder al Casco Viejo de la ciudad. Es la primera actuación judicial de envergadura contra este tipo de incidentes violentos en nuestras calles. Ni puede ni debe ser la única, porque la acción de la justicia, como la de la policía, solo es un elemento más de una labor que concierne a toda la sociedad. Los alborotadores no pueden imponer su ley.

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