a firma el pasado lunes de la transferencia de prisiones que salda "una deuda histórica" con Euskadi, según resumió el propio ministro Miquel Iceta, permitirá a la comunidad autónoma vasca gestionar esta materia sensible a partir del próximo 1 de octubre. Durante su intervención, y ante los insultos de "traidor" por parte de seguidores de Vox y las advertencias de "vigilancia estricta" por parte de Covite y de PP+Ciudadanos, el titular de Política Territorial del Gobierno español se apresuró a subrayar la necesidad de separar el traspaso de las prisiones de la "política penitenciaria" a aplicar, que seguirá estando en manos del Estado. Una obviedad que no obsta para que a partir de octubre Euskadi cuente con un modelo penitenciario propio, diferente del que está actualmente en vigor en España. No se trata únicamente de que la CAV vaya a gestionar las instalaciones penitenciarias y a asumir y abonar los sueldos de los 700 funcionarios adscritos a ellas, sino de que podrá desarrollar también un tratamiento propio para las personas privadas de libertad -para todas, sin discriminaciones ni supuestos privilegios para los reclusos de ETA-, que el Gobierno Vasco ya ha anunciado que será más humano y orientado hacia la resocialización, el bienestar de los internos y la protección de los derechos e intereses de las víctimas de los delitos. De hecho, el Ejecutivo ya está trabajando en esta clave. Solo un día después de la firma de la transferencia, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, presentó ayer en el seno del Consejo de Gobierno un documento de Bases para la implantación del modelo penitenciario en Euskadi, depositado también en el Parlamento Vasco, que tendrá el correspondiente contraste también con los diferentes agentes que trabajan en las prisiones vascas. Un modelo propio, adaptado a la realidad vasca, que, bajo la perspectiva de género, apuesta sin ambages por la reinserción, la inclusión social y la justicia restaurativa y el régimen de semilibertad de las personas presas bajo su necesario compromiso y exigencia personal. Se trata de los pilares que, bajo estándares internacionales de la ONU e instrumentos y experiencias contrastados, deben configurar un sistema penitenciario alternativo, humano y garantista de derechos y deberes y que redundará en una sociedad más libre, justa y humana.