l próximo mes de abril y tras una larga espera en la que ha sido necesaria una ardua negociación no exenta de tensiones en la que se han tenido que vencer múltiples prejuicios, está prevista la histórica transferencia a Euskadi de la competencia de Prisiones, prevista en el Estatuto de Gernika aprobado hace ya más de 42 años. La asunción de estas atribuciones supone un reto para la administración vasca. La gestión de una materia tan sensible ha de ser integral y ni puede ni debe constituir un mero trámite que dé traslado a las cárceles vascas de la misma política que se lleva a cabo desde hace décadas en el Estado español, con resultados, como mínimo, cuestionables en el núcleo central del objetivo fundamental respecto a la orientación general que deben tener, en su caso, las penas privativas de libertad. El artículo 25.2 de la Constitución española -insertado, conviene tenerlo muy presente, en el Título I (De los Derechos y Deberes fundamentales), Capítulo II (Derechos y Libertades), Sección 1ª (De los Derechos fundamentales y de las Libertades públicas)- establece de manera taxativa que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados". Esta premisa constitucional debe fijar de modo ineludible la política penitenciaria y así lo viene reivindicando públicamente el Gobierno Vasco, llamado a su gestión ya a corto plazo. En este sentido, el Ejecutivo autónomo cuenta al menos con precedentes, principios y planteamientos clave que avalan su apuesta por una política penitenciaria orientada hacia la resinserción y resocialización de los presos y la justicia restaurativa para la recuperación de los delincuentes para la sociedad. El nombramiento del juez Jaime Tapia por parte de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, para el diseño del modelo penitenciario vasco es, por la trayectoria profesional, experiencia y convicciones personales del magistrado, una apuesta decidida por un cambio de política en las cárceles en favor de la reinserción. En la práctica, los buenos resultados obtenidos por el Gobierno Vasco con la puesta en marcha del Plan de Justicia Juvenil -con un bajo nivel de reincidencia- impulsan también las bases de este nuevo reto que afronta el autogobierno de Euskadi.