a conmemoración hoy del 41º aniversario del Estatuto de Gernika tiene lugar en unas circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia de COVID-19 y su gran impacto sanitario, social y político y también en un contexto especial en el arranque de una nueva legislatura en Euskadi en la que se van a producir importantes avances en el cumplimiento de las competencias aún pendientes y en el diseño del nuevo estatus que mejore, amplíe y modernice nuestro sistema de autogobierno. La gestión de la crisis del coronavirus y sus distintas derivadas ha puesto de manifiesto, aún más si cabe, la imperiosa necesidad de un nuevo estatus jurídico-político. No únicamente en lo referido a la necesaria ampliación competencial, sino fundamentalmente por la cada vez más imprescindible adaptación del autogobierno a los derechos y necesidades de la nación vasca en la Europa del siglo XXI y a las exigencias de una sociedad moderna, democrática, compleja y plural como la que compone Euskadi, así como sus relaciones internas y externas. Como se ha podido comprobar a lo largo de toda la pandemia y más allá de la a todas luces equivocada interpretación que ha realizado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) respecto a una de las restricciones planteadas por el Gobierno Vasco, la ciudadanía de Euskadi y sus instituciones precisan, más de cuatro décadas después de aprobado el Estatuto, de nuevos instrumentos para gestionar de manera eficaz, propia e íntegra y con total capacidad y certidumbre y garantías los desafíos, necesidades y realidades propios de este momento histórico. El nuevo calendario de traspasos remitido hace apenas diez días por el Gobierno español al Ejecutivo vasco dota por primera vez en estos 41 años de certidumbre al cumplimiento íntegro del Estatuto, con transferencias importantes como Prisiones para dentro de cinco meses y otras más “complejas” como la gestión del régimen económico de la Seguridad Social para 2022. Asimismo, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu tiene fijada como prioridad en su programa tanto el traspaso de las competencias pendientes como, tras ello, la actualización del autogobierno vasco su actualización y ampliación con la base del acuerdo alcanzado en la ponencia parlamentaria en la pasada legislatura mediante la negociación y el pacto en la Cámara vasca y su refrendo ciudadano.