a monarquía española, quiérase reconocer o no por parte de las altas instancias del Estado, está cada día que pasa más en cuestión, por múltiples factores. Más allá del tradicional e inacabable -y, por ende, irresuelto- debate dicotómico sobre monarquía o república, las circunstancias que rodean al modelo fijado en la Constitución del 78 y las actuaciones y omisiones llevadas a cabo por los dos reyes que hasta ahora han representado la jefatura del Estado, Juan Carlos I y Felipe VI, denotan carencias muy significativas, derivadas fundamentalmente del déficit de legitimación social y de la absoluta falta de control institucional y de fiscalización con que cuenta la Corona, características ambas imprescindibles en un régimen democrático. De ahí que el debate y la polémica sean una constante en la denominada Casa Real. Cuando se cumplen dos meses desde que el rey emérito abandonara España en plena investigación de la justicia sobre sus presuntos negocios millonarios irregulares sin se que sepa aún oficialmente su paradero, la monarquía ha vuelto a situarse en los últimos días en el ojo del huracán político y mediático. El anterior monarca, pese a su huida, porque según una grabación realizada al excomisario José Manuel Villarejo, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) llegó a parar una investigación llevada a cabo para “descabezar” al soberanismo en Catalunya -lo que ya de por sí es gravísimo- porque implicaba al rey emérito por unas transferencias a una cuenta de Suiza. El nuevo, Felipe VI, por haber actuado con deslealtad o irresponsable indiscreción hacia el Gobierno y en cualquier caso por haber roto, una vez más, su labor constitucional de moderación y neutralidad, al desvelar el presidente en funciones del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes -en una actitud impropia y con clara intencionalidad contra el Ejecutivo-, una conversación en la que le comunicaba su desagrado con la decisión del gabinete de Pedro Sánchez de que no acudiera a un acto judicial en Barcelona. Todo ello es indicador de la misma carencia: la falta de control, ejemplaridad, transparencia y legitimación social, tal y como resaltó el viernes el lehendakari, Iñigo Urkullu, en el Parlamento Vasco, en su acertado planteamiento de “republicanizar la monarquía”. La alternativa solo puede ser abundar, aún más si cabe, en su autodestrucción.
