El concepto troncal del vigente pacto de gobierno entre el PNV y el PSE es el de autogobierno efectivo y garantizado: ambos comparten diagnóstico y constatan, literalmente, con preocupación, “la existencia en el Estado de un fuerte impulso recentralizador que desconoce la voluntad política territorial e ignora su pluralidad y diversidad”. Para hacer frente a tal deriva se persigue que la dimensión real de bilateralidad en la relación competencial con el Estado sea efectiva y se admite que la vía para poner fin a la minusvaloración de las competencias propias de Euskadi que se han materializado de la mano de sucesivas legislaciones básicas por parte del Gobierno central es lograr la creación y el reconocimiento de verdaderos espacios competenciales de exclusividad.
Vinculado a ello se persigue lograr una bilateralidad real: la actualización de los Derechos Históricos debe abarcar un mecanismo que obligue a ambas partes (Gobierno central y Gobierno Vasco) a actuar política y legalmente bajo un esquema de bilateralidad y concertación.
¿Reforma o ruptura? La reforma del Estatuto y el reconocimiento del derecho a decidir del Pueblo Vasco y su ejercicio pactado en un marco de negociación y acuerdo dentro del ordenamiento jurídico vigente en cada momento plantea cuestiones muy controvertidas: ¿cómo cabría solventar esta doble cuestión? La prudencia invita a diseñar una estrategia política que complique los objetivos de los inmovilistas, interesados en mantener inalterado el statu quo actual, cuanto no en orientarlo hacia una involución competencial en beneficio del Estado.
Hasta el momento el debate se ha centrado por un lado en la definición del denominado derecho a decidir, y por otro lado en la polémica surgida tras la propuesta de Elkarrekin Podemos de separar y abordar en diferentes momentos ambas cuestiones: la referida al derecho a decidir y la vinculada a la mejora y a la profundización del autogobierno vasco.
Uno y otro obstáculo podrían tener solución: por un lado, si se impusiera el pragmatismo para la búsqueda de acuerdos básicos cabría tratar de huir de definiciones maximalistas acerca del denominado derecho a decidir para pasar a su concreción específica que evite indefiniciones; por otro, y respecto a la forma de superación de la segunda polémica cabría aconsejar que se procediera a abordar parlamentariamente ambos planos de debate de forma sincrónica pero no adscritos a un mismo texto.
En todo caso no cabe retrasar la necesidad de avanzar en una nueva y más segura redacción de los pilares del autogobierno vasco a la espera de una incierta nueva actitud del Gobierno central frente al derecho del pueblo vasco a ser consultado para decidir su futuro de forma libre y democrática. Hay que avanzar en la redacción de un nuevo texto estatutario que fije nuevas cotas de autogobierno y trabajar a su vez en la formulación parlamentaria de la reclamación de tal derecho a ser consultados.
Mezclar ambos debates cuando solo uno de ellos depende competencialmente de nosotros supondrá un retraso sin plazo de la actualización del autogobierno y un futuro incierto en el análisis de legalidad del futuro estatuto.
No se puede reducir el derecho a decidir a una cuestión exclusivamente plebiscitaria sobre la independencia, la secesión o sobre si se quiere crear un Estado propio. Ese planteamiento reduccionista desvirtúa el contenido y el significado democrático del derecho a decidir y excluye de dicho ámbito de decisión acontecimientos históricos de nuestro pueblo, que ya ejerció su derecho a decidir cuando en 1979 aprobó en referéndum por una importante mayoría el Estatuto de Autonomía.
Si en esta legislatura se consiguiera un acuerdo suficiente en el Parlamento en torno al nuevo Estatuto y se lograse un acuerdo con Madrid, el texto que se someta a referéndum será resultado de su derecho a decidir. Y si algún día se consigue celebrar una consulta o referéndum legal sobre la secesión, también ese día los vascos habrán ejercido su derecho a decidir.
El gran reto es intentar conseguir entre nosotros un consenso sólido en torno a un gran proyecto de autogobierno. Junto al Estatuto político, pero al margen de él, es viable que en el Parlamento Vasco se trabaje un pronunciamiento en torno al derecho a decidir donde se plantee habilitar cauces legales para que las comunidades políticas que mediante decisión expresa y clara de sus instituciones parlamentarias quieran celebrar una consulta sobre la independencia lo puedan llevar a cabo, pero como propuesta concreta.
¿Podría abrirse mediante esta metodología parlamentaria la solución frente a un potencial freno al consenso, más necesario que nunca entre las formaciones vascas, que permita materializar el deseo mayoritario de una actualización y profundización de nuestro autogobierno?
