Un país de complejos
Ahora que sabemos que los vascos estamos citados con las urnas el próximo día 25 de septiembre, en ese tránsito entre el recuerdo veraniego y el otoño por empezar, para elegir un nuevo Parlamento Vasco del que saldrá el lehendakari que conforme el nuevo Gobierno Vasco, bueno será recordar algunas cuestiones que, probablemente por la urgencia en la resolución de otros asuntos más perentorios, no han tenido una atención preferente, teniendo en cuenta el escenario de incertidumbre en el que se mueven la política y la economía en este momento.
Uno de esos asuntos pendientes es el Concierto Económico, que es la columna vertebral de nuestro autogobierno, y la necesidad de articular una gran conciencia social entre los vascos en su defensa ante los ataques que desde el punto de vista político y judicial se producen, sin que, como contrapartida, haya existido una respuesta tanto política como ciudadana contundente y firme. Parece como si existiera un cierto complejo por reivindicar y defender, sencillamente, lo que es nuestro no solo por razones históricas, sino porque como ley orgánica que es, está reconocido en el propio marco jurídico estatal.
Por ejemplo ha sido llamativa la poca reacción que ha existido desde un planteamiento institucional, político, económico y social contra la sentencia 118/2016 del pasado 23 de junio del Tribunal Constitucional que blinda el Concierto Económico al dar carácter material de ley a las normas forales fiscales con lo que no pueden ser recurridas ante los tribunales ordinarios, sino ante esa alta instancia estatal, rechazando de esta forma los trámites incoados por los gobiernos de La Rioja y Castilla-León, pero que recoge importantes y preocupantes sombras y dudas.
Esta sentencia, aparentemente favorable, no es ni más ni menos que el mayor ataque a la foralidad que ha existido en toda la historia en cuanto supone la negación de la vigencia de los Derechos Históricos, afirmando que es solo un derecho derivado de la propia Constitución española, a tenor de la lectura que hacen prestigiosos juristas vascos.
La sentencia del Tribunal Constitucional es clara en este sentido cuando señala que el contenido y alcance del régimen tributario foral “es fruto de un poder tributario derivado, cuyo ejercicio, como sucede también con el que corresponde en materia tributaria a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales no solo queda condicionado por la Constitución, sino también por las normas que dicte el Estado en la materia”.
En consecuencia, la sentencia del Tribunal Constitucional entra en una flagrante contradicción cuando considera a los Derechos Históricos Vascos como derivados de la Constitución Española de 1978, cuando es notorio y evidente que no solo son anteriores al propio texto constitucional, sino que emanan del derecho propio reconocido por ley a Gipuzkoa, Bizkaia y Araba en 1878 y a Navarra por la Ley Paccionada de 1841.
Esta nueva vuelta de tuerca en la concepción de un estado unitario que realiza desde Madrid utilizando todos las instancias legislativas y judiciales pertinentes no solo coloca al sistema tributario vasco en situación de dependencia, sino que deja a merced de los tribunales ordinarios los aspectos procedimentales de las normas forales fiscales. Es decir, puede ser recurrido en la jurisdicción ordinaria y europea no el carácter sustancial de la norma tributaria, que por su ámbito se sitúa en el Tribunal Constitucional al ser reconocida como ley, sino su desarrollo y gestión en aspectos procedimentales y posibles infracciones del derecho comunitario en lo que se refiere a la libertad de movimientos de individuos, mercancías, capitales o a la libre competencia, etc.
De la misma manera no se hace uso de las enormes virtualidades que atesora el Concierto Económico, a la hora de poner en marcha nuevas herramientas con las que hacer frente a los efectos negativos que tiene en nuestra estructura productiva la pertenencia a una economía absolutamente globalizada, como es la puesta en marcha de fondos de inversión propios, en un momento de explosión monetaria con gran disposición a la colocación de recursos desde un planteamiento de rigor en la gestión y desde parámetros profesionales y colaboración público privada. Es una asignatura pendiente que queda todavía por resolver por el carácter de enorme palanca de afianzamiento que tiene para nuestras empresas no solo a la hora de su desarrollo e internacionalización, sino como herramienta de anclaje de nuestras compañías al entorno donde están ubicadas. Las continuas ventas y adquisiciones de capital extranjero por parte de empresas vascas, algunas de ellas de gran importancia estratégica por ser tractoras en su sector, hace cada vez más urgente poner en marcha mecanismos de salvaguarda de nuestro tejido productivo.
De la misma manera, resulta chocante la iniciativa que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha para captar inversores y atraer empresas y multinacionales con sede en el Reino Unido, así como entidades financieras extracomunitarias con sede en Londres para su negocio en Europa para que opten por la capital española aprovechando la incertidumbre y los efectos negativos que está teniendo para la economía británica la decisión de abandonar la Unión Europea. El argumento que utiliza la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para convertir la capital madrileña en una suerte de City londinense, es su condición de ser una especie de paraíso fiscal, ya que la comunidad madrileña tiene la menor carga impositiva de todo del Estado, sin que nadie se haya rasgado las vestiduras en el Gobierno en funciones de Rajoy comenzando por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Es más, la iniciativa cuenta con el apoyo de la patronal, la Cámara de Comercio y los sindicatos CCOO y UGT, que entienden que el proyecto “puede ser una fuente de creación de empleo”.
Si en vez de ser la Comunidad de Madrid, hubiera sido el Gobierno Vasco el autor de la iniciativa, el revuelo por parte de todos sectores políticos, financieros y empresariales del Estado hubiera sido mayúsculo y todos coincidiendo en el sonsonete de siempre que es el de afirmar que el Concierto Económico convierte a Euskadi en un paraíso fiscal por contar con la menor carga impositiva. Algo absolutamente falso, pero que está instalado en la demagogia y en el analfabetismo que sobre el régimen fiscal vasco demuestran continuamente los políticos de todos los partidos españoles.
El problema es que nadie nos va a acusar de utilizar el Concierto Económico para atraer inversores y empresas británicas a Euskadi en un momento en el que el Reino Unido puede entrar en recesión en este trimestre por la caída de la inversión y el consumo que provoca la incertidumbre sobre el proceso de ruptura con la UE, sencillamente porque hasta ahora, nadie lo ha planteado encima de la mesa, ni parece que lo vaya a hacer en el corto plazo. Como muy bien dice el padre del Concierto Económico y exconsejero de Hacienda, Pedro Luis Uriarte, en un reciente twit comentando la iniciativa madrileña, “resulta imperativo utilizar el Concierto Económico para generar actividad económica”. Que Madrid es una especie de paraíso fiscal fomentado y sostenido por los gobiernos del Estado es tan cierto como que el tipo marginal de renta en la CAV es del 49%, mientras que en la comunidad madrileña es del 44,5% a lo que hay que sumar que, mientras nuestras Haciendas forales cobran el Impuesto de Patrimonio, en la capital española esa figura no existe, al estar bonificada al 100%.
La carga fiscal en la CAV puede llegar al 65% de la renta anual que en Madrid desciende al 44%. Por no hablar del Impuesto de Sociedades que en la CAV es del 28% frente al 25% en Madrid. Todo un agravio silenciado y consentido por unos y sin ser tenido en consideración a la hora de ejercer el impulso político por otros.