¿Interesa a los vascos el TTIP?
De forma casi silente, aunque se abre paso en la opinión pública poco a poco, el Acuerdo Transatlántico sobre libre comercio entre EEUU y Europa, cuyas negociaciones comenzaron en julio de 2013 va avanzando en su proceso de elaboración. La falta de transparencia y de información sobre lo que está en juego provocó una potente respuesta ciudadana e institucional, y a regañadientes la Comisión Europea ha ido filtrando a la opinión pública puntuales documentos, datos y aspectos de una negociación en la que está en juego nuestro modelo europeo de sociedad, de protección del consumidor, de protección de estándares en materia de salud, de seguridad alimentaria, de regulación de los servicios financieros, de concepción de los servicios públicos o de protección medioambiental, entre otras materias.
¿Tenemos información para formarnos opinión los vascos en torno a la enorme dimensión de este acuerdo? ¿Somos conscientes del alcance del mismo? ¿Podemos cegarnos ante la mareante cifra de 119.000 millones de euros que se supone aportaría a la Unión Europea la celebración del acuerdo? ¿Se reforzaría o debilitaría la situación de nuestra empresa vasca, atendiendo a su poder exportador por un lado pero a su reducido tamaño por otro? ¿Conducirá el TTIP a una liberación de servicios públicos que devalúe los derechos de la ciudadanía en ámbitos como la sanidad o la educación? ¿Supondrá una victoria de los mercados sobre los estados? ¿Eliminará este acuerdo la red de protección que la crisis ha demostrado necesaria para frenar los abusos y conductas desviadas derivadas de dejar a las leyes del mercado la autorregulación cuasiabsoluta de la economía?
Estos y otros interrogantes deben ser despejados durante este proceso de negociación. Demonizar o entronizar un acuerdo sin tener toda la información, exhaustiva y de letra pequeña, supone una cierta precipitación en el juicio.
Por eso tenemos, como ciudadanos, y las instituciones vascas, como garantes de nuestro sistema social, el derecho y la obligación de conocer todos los extremos del mismo para poder así completar un juicio de valor con pleno sentido.
La credibilidad de las propias instituciones europeas está en juego, porque si optan por sacrificar en el altar de la liberalización del comercio transatlántico nuestros derechos ciudadanos, conquistas de protección de nuestro modelo social y garantía de principios básicos para la construcción de una pacífica y razonablemente armonizada convivencia social, la ciudadanía se opondrá al no comprender los beneficios de tal liberalización comercial.
Como todo en la vida, la clave radica en el equilibrio entre los intereses en presencia. EEUU y sus empresas, con la pujanza derivada de un pragmatismo innato para los negocios internacionales, pujan a tope a favor de la materialización del TTIP, este tratado o acuerdo internacional que permita dar cobertura a una auténtica nueva cultura, una catarsis normativa y práctica en materias de acceso a los mercados y en la regulación y ordenación de las reglas globales de intercambios comerciales a ambos lados del Atlántico.
La clave radica en marcar líneas rojas imperativas que sean imposibles de superar bajo el argumento de la libertad de los mercados.
¿Se reducirá el coste de la energía al incrementarse la competencia? ¿Es cierto que las pymes se verán beneficiadas al poder penetrar en mercados hoy día de imposible acceso por los costes de gestión necesarios para superar todas las trabas administrativas y aduaneras? ¿Es cierto que no se eliminarán controles de etiquetaje alimentario e industrial, para saber qué productos estamos consumiendo o adquiriendo?
De nuevo múltiples incógnitas que solo la redacción del acuerdo podrá despejar. Nuestras instituciones europeas, primero, y las internas después deben velar por la garantía de estos derechos ciudadanos. Y la primera medida política ha de ser insistir en obtener toda la información en detalle para poder hacer prospección y analizar sus efectos hacia generaciones futuras. Hay mucho en juego.
La clave radica en marcar líneas rojas imperativas que sean imposibles
de superar bajo el argumento de la libertad de los mercados
Nuestras instituciones europeas, primero, y las internas después deben velar por la garantía de estos derechos ciudadanos