Se trata de decidir
DESDE el momento en que comenzó el debate público sobre el derecho a decidir, entendido como el ejercicio de la facultad inherente a un país para elegir su estatus jurídico-político, aparecieron sus detractores enarbolando el sofisma de que "ya se ejercita ese derecho en las elecciones", cada cuatro años y a través de las urnas. Es mentira. En el Estado español, la participación de la ciudadanía en los procesos electorales está reducida, en primer lugar, a la admisión al censo por parte de la autoridad competente y lamentablemente en Euskal Herria hemos podido comprobar que el censo puede ser manipulado, mermado y pervertido a conveniencia de intereses políticos partidistas. Asimismo, esa participación ciudadana está condicionada a unas reglas del juego no siempre aceptadas libremente, impuestas incluso, que limitan por imperativo legal las opciones de los electores.
Por si fuera poco, los vascos hemos podido comprobar en nuestras propias carnes que de esa limitación que imponen las reglas del juego se derivan el portazo, el cepillado, el anatema judicial y la amenaza militar, nada menos. Esa penosa experiencia nos reafirma en que cuando un Estado centralista pretende ponerle puertas al campo, el pueblo al que obligan a renunciar a su derecho se solivianta y se estimula para luchar en su defensa. Y cuando digo luchar, no pretendo legitimar la violencia para lograr ese derecho primero por injusta, luego por inútil y por último por haber servido de pretexto durante décadas para impedir cualquier intento democrático destinado a superar nuestro actual estatus.
En democracia, el derecho de los pueblos a decidir su futuro no puede ser impedido y es interesada y falsa la interpretación que habitualmente hace el centralismo español de que el derecho a la autodeterminación solamente es admisible en casos de descolonización. Ejemplos hay, en la propia Europa.
El próximo domingo no nos vamos a autodeterminar participando en las elecciones, pero sí tenemos la posibilidad de otorgar el voto a quienes llevan en su programa la reivindicación del derecho a decidir y la superación del actual marco jurídico-político.
Y en esta posibilidad es preciso tener claro qué tipo de marco se pretende a partir de considerar la realidad del pueblo vasco como una realidad histórico-cultural coherente basada en la lengua, la cultura y el trayecto vital común.
El debate puede plantearse entre quienes defienden que a esta realidad histórico-cultural a la que compete el concepto de nación le corresponde automáticamente un Estado, y a los que creen que esa decisión libre de determinar su propio estatus debe tener en cuenta fundamentalmente y sobre todo la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas que participan de esa realidad histórico-cultural común.
Es evidente que las formaciones nacionalistas vascas tienen claro que el derecho de autodeterminación, el derecho a decidir, precisa de la suma de voluntades de esa sociedad, para algunos definida como "acumulación de fuerzas". Porque la realidad histórico-cultural vasca no está por encima de la voluntad de los ciudadanos, no existe un pueblo vasco considerado como individuo colectivo que sea ajeno a todos los cambios históricos, ni el derecho a la autodeterminación es un derecho prácticamente mecánico. Solamente la suma de las voluntades puede hacerlo viable. Y, eso sí, cuando la suma de voluntades es mayoritaria, no son aceptables límites a ese derecho.
Al ejercer el derecho al voto el próximo domingo, aunque se vaya a cumplir en un acto acotado por unas reglas de juego impuestas, nos llega la oportunidad de acumular fuerzas para que esa realidad histórico-cultural sea esgrimida por una amplia mayoría de la sociedad de forma que esas reglas del juego sean modificadas y quede clara cuál es la voluntad de esta ciudadanía: que le dejen decidir libremente su futuro como pueblo.
Los tiempos son propicios para volverlo a intentar. El invento del Estado de las Autonomías hace aguas por todas las esquinas, hay comunidades que estarían dispuestas a renunciar a su autogobierno después de verle las orejas al lobo obligadas a gestionar lo que nunca pretendieron, la Generalitat catalana va a imitar el intento de insumisión protagonizado por el Gobierno de Ibarretxe en la pasada legislatura, el Estado español es más dependiente que nunca y la Europa de los Estados necesita una profunda revisión.
En este momento, un avance significativo de la sociedad vasca propicia al cambio de marco sería más difícil de frenar que en la pasada legislatura. Y para ello, no solamente se trata de elegir sino de decidir. Y quienes sean elegidos estarán emplazados a avanzar en esa dirección.