Con motivo del medio millón de euros que arrancó EH Bildu en Madrid para que se estudie un proyecto alternativo al nudo de Bazkardo de Andoain, hablábamos aquí en su día de fueros y de huevos. Y es que, donde algunos veían un logro digno de celebración, otros percibíamos una preocupante intromisión en una materia en la que tenemos plenas competencias. Añadíamos que entre defender el fuero sin abrir peligrosos resquicios y aceptar huevos por muy sabrosos que nos parezcan en el momento, siempre es preferible lo primero.
Vuelve la polémica con motivo del acuerdo en torno a la Ley de Vivienda, alcanzado entre los partidos del Gobierno español, ERC y EH Bildu. Mientras el PNV pone pie en pared clamando contra lo que considera una invasión competencial, la coalición liderada por Arnaldo Otegi lo desmiente aclarando que se respeta nuestro autogobierno. A la par, el podemismo vasco parece hacer suya –una vez más– la máxima de que todo vale para el convento, que qué más dará. El debate debería circunscribirse al ámbito jurídico y dilucidarse en él mientras los legos nos mantenemos a la espera de su resolución. Debería, pero resulta misión imposible.
Por ello, optamos por fijar nuestra mirada en dos aspectos que no son menores, y a partir de ahí extraer nuestras propias conclusiones. El primero: la innegable voracidad recentralizadora del Gobierno de Pedro Sánchez, con infinidad de intentos de metérnosla doblada, como la manta de los militares. El segundo: el hecho de que no son pocas las ocasiones en las que, tras una queja inicial de los jelkides y un tajante desmentido posterior de los que allá gobiernan (y algunos aliados), ha terminado por acordarse una corrección de decretos y leyes en trámite parlamentario, lo que suponía, de facto, un reconocimiento de que los primeros tenían razón. Desconoce uno si este será el caso, pero cumple recordar que quien atenúa la exigencia en algunas ocasiones, pierde legitimidad para blandir firmeza en otras.
