Del fuego, venden humo

Tras una década de crecimiento descontrolado, el turismo se presenta hoy como una de las principales preocupaciones de los y las donostiarras. Así lo recoge la última encuesta de percepción ciudadana realizada por la Oficina de Estrategia 2030 del Ayuntamiento de Donostia. Por primera vez, el turismo entra en la lista de problemas/retos que tiene la ciudad, y lo hace en tercera posición, por detrás de la vivienda y la seguridad. Lo cierto es que la ciudadanía venía expresando su malestar desde mucho antes, ya fuera a través de movilizaciones, iniciativas institucionales u otras encuestas promovidas por el propio Ayuntamiento, como el Análisis de Percepción turística de las y los donostiarras de 2022, en el que siete de cada diez donostiarras manifestaron no confiar en la política turística municipal. Sin embargo, los partidos que forman el gobierno de la ciudad prefirieron hacer oídos sordos. No sólo eso, sino que además de menospreciar, incluso negar el problema, se empeñaron en criminalizar toda opinión crítica, calificándola de “turismofobia”. Y en eso siguieron, sin bajar del burro, al menos hasta que el malestar ciudadano se reflejó en los resultados electorales. Fue entonces cuando tomaron la regulación por bandera. Algo que, por cierto, la mayoría de los y las donostiarras reclamaba desde hace tiempo, no lo olvidemos.

Hoy nos dicen que el objetivo es que Donostia sea una ciudad para vivir. Que Gurera apuesta por transformar el turismo para que contribuya al bienestar de la ciudad y de quienes la habitan. Entonces, ¿para qué y para quién habéis gestionado el turismo hasta ahora? La pregunta, además de pertinente, era obligada, pero también, y sobre todo, retórica. Porque si hoy hablamos de desequilibrios, de gentrificación o de pérdida de habitabilidad, es precisamente consecuencia de la política turística que PNV y PSE han llevado a cabo en los últimos diez años. Una política que ha primado el interés de unos pocos sobre el interés general, priorizando la unidimensional tasa de ganancia frente a la rentabilidad social. 

Y de aquellos polvos vienen estos lodos. Hoy nos dicen que el fenómeno turístico tiene un impacto directo en el ámbito de la vivienda, lo que me alegra, porque hasta ayer negaban la evidencia. Pero en lugar de hacer autocrítica, sacan pecho. En cuanto a los alojamientos turísticos, hablan de restricciones y limitaciones, mayor control y sanciones, haciendo suyas medidas que han venido adoptando a regañadientes. Y lo hacen sin sonrojarse, aunque no les falten razones para ello. Para muestra, un botón. Entre 2016 y 2022 se crearon más de 10.700 nuevas plazas de alojamiento, lo que supone un incremento del 116,62% en seis años. No es casualidad, ya que en los últimos años se han abierto más de 55 hoteles y, además, en 2018 se flexibilizó la norma de viviendas turísticas legalizando cientos de pisos turísticos en situación irregular. No obstante, dicen que el número de viviendas turísticas ha descendido un 35%, y eso a pesar de que no se sabe exactamente cuántos hay actualmente. En 2024, por ejemplo, el Ayuntamiento contabilizaba 1.424, mientras que en el registro del Gobierno Vasco figuraban 1.262. Pero hay más, porque en septiembre de 2025 fue el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana español el que tuvo que comunicar la existencia de 138 pisos turísticos ilegales en la ciudad. La mayoría de las medidas que ahora reivindican, por no decir todas, han sido fruto de la presión popular. Se dice que nunca es tarde si la dicha es buena, pero no es el caso. Porque muchas medidas han llegado tarde, cuando el daño ya estaba hecho y las consecuencias eran irreversibles. Prueba de ello, la pérdida de población en los barrios sometidos a mayor presión turística. Además, las medidas que se han implantado no se ajustan con los objetivos anunciados, como es el caso de las excepciones que permitirán la apertura de nuevos hoteles en barrios declarados saturados de alojamientos turísticos. Otro tanto podríamos decir de la regulación de las visitas guiadas o del impuesto turístico, por citar otras dos medidas que recoge Gurera. Han llegado tarde, se han quedado cortos y son insuficientes. Es más, el impuesto ni siquiera ha llegado, y eso que ya lo habían anunciado en 2017, al igual que el Observatorio del Turismo. Y qué decir de la Zona de Bajas Emisiones y los tres párkings disuasorios que también recoge Gurera. Nada hay de nuevo, salvo el envoltorio.

El turismo es hoy uno de los principales retos a los que se enfrenta Donostia. Ciertamente, se trata de un reto al que hay que responder como ciudad. Una tarea colectiva que implica necesariamente corresponsabilidad. De ahí que Gurera nos hable de “gobernanza compartida”, de transversalidad en la toma de decisiones y de participación. Pero del dicho al hecho hay gran trecho. Es más, lo dicho, una vez más, no se corresponde con lo hecho. Porque no es que no se haya realizado ningún trabajo previo en Donostia Turismoa o en la comisión no permanente de Turismo Sostenible, los dos órganos municipales más representativos, sino que no se ha hecho ni el más mínimo contraste. Y el truco quedó al descubierto antes incluso de que se levantara el telón.

Ni ilusionismos, ni trucos de magia, ni escapismo. Para que Donostia sea una ciudad verdaderamente habitable se necesitan políticas firmes y audaces. Y las necesitamos ahora. Se debe limitar, pero también reducir y decrecer. Blindar, pero también revertir y recuperar. El compromiso de EH Bildu por hacer de Donostia una ciudad habitable es claro, y mantenemos la mano tendida, siempre al descubierto, sin trampas ni cartón.