A 90 años de la ocupación franquista

El próximo año se cumplirán 90 años de la ocupación franquista de Irun y Hondarribia, así como del devastador incendio que consumió el centro de la ciudad. Un episodio cuya autoría material y responsabilidad histórica han sido sistemáticamente ocultadas bajo el relato impuesto por el régimen franquista y perpetuadas por el silencio institucional que ha caracterizado la política de memoria en estas localidades.

Resulta profundamente lamentable que, durante décadas, se haya negado de forma deliberada la implicación directa de la aviación franquista —con el respaldo activo de la aviación nazi alemana y la fascista italiana— en el incendio de Irun. A pesar de que investigaciones rigurosas, como las realizadas por Xabier Irujo, han demostrado con documentación fehaciente la participación de dichas fuerzas aéreas en los 33 bombardeos que hubo en la ciudad y en la estrategia de tierra quemada, las instituciones locales y sus representantes políticos no han reaccionado ni asumido públicamente estos hechos ya contrastados. El silencio persistente de las denominadas “fuerzas vivas” de la ciudad resulta, por tanto, no solo cómplice, sino revelador de una voluntad de amnesia selectiva que reproduce los mecanismos de impunidad del franquismo.

El informe oficial del Ayuntamiento de Irun de 1938 cifraba en 153 las casas destruidas y en 252 los comercios reducidos a cenizas. Resulta inverosímil atribuir tal grado de destrucción a la acción de “elementos incontrolados”, actuando en plena ofensiva militar franquista, bajo intensas lluvias y en medio de combates activos. La narrativa oficial, sin embargo, ha insistido en responsabilizar al Frente Popular de Irun, especialmente a militantes anarquistas, cuya memoria ha sido criminalizada. La figura del “dinamitero” ha sido sostenida en el imaginario colectivo como chivo expiatorio, al tiempo que se omite toda referencia a la aviación fascista y a sus pilotos, cuyos nombres, unidades y bases de despegue constan en los archivos militares y documentales.

No existe rastro, en el discurso público dominante, de los procesos judiciales o administrativos posteriores al incendio, ni de los informes elaborados por la policía republicana de Irun, que ya en su momento ofrecían datos contundentes sobre la verdadera naturaleza de los hechos. En la causa judicial de Irun, personas que perdieron sus casas, utilizaban la expresión «ignora la forma en que se llevara a cabo el incendio ni por quienes», sin hacer mención alguna a los bombardeos. Es destacable también el informe policial de los agentes Gomez y Regulez, una vez evacuada la ciudad. En el se certifica la utilización de bombas incendiarias el día 3 de septiembre de 1936. Como en tantos otros episodios de la Guerra Civil y la represión franquista, el relato del bando vencedor se impuso como verdad incuestionable, sin espacio para la crítica ni la revisión histórica, una imposición que sigue condicionando el acceso a la verdad noventa años después.

Hoy, cuando se conmemora este aniversario, es imprescindible reivindicar una memoria histórica crítica, libre de manipulaciones y comprometida con la verdad. El silencio institucional no es neutral: constituye una forma de continuidad ideológica con el franquismo, que sigue negando justicia, reparación y reconocimiento a las víctimas de aquellos crímenes.