Euskadi se ha distinguido desde hace ya muchos años por su generosidad para con las poblaciones inmigrantes y se ha ganado con todo merecimiento el sobrenombre de “tierra de acogida” para estos colectivos.
Considero que nos debemos sentir orgullosos de poder subvenir desde nuestra prosperidad a necesidades básicas de personas muy por debajo de nosotros en la escala socio-económica.
Ahora bien, es perfectamente detectable a nivel de calle una percepción claramente generalizada en el sentido de que muchas de estas ayudas son radicalmente improcedentes, tanto en las cuantías como en la naturaleza de las necesidades que se pretenden cubrir (sueldos incrementales según el número de hijos, viviendas gratuitas, alimentación gratuita a veces despreciada y desechada subrepticiamente, etc.)
¿Estamos quizá creando involuntariamente una praxis y una cultura de parásitos profesionales expertos en ordeñar las orondas ubres del erario público?
Esta situación trae como resultado que en muchos casos, con razón o sin ella, exista un sentimiento de agravio comparativo ante las dificultades por las que atraviesan nuestros hijos y nietos a la hora de intentar alquilar un piso, pagar puntualmente los plazos de sus hipotecas, etc.
Creo que compete a las autoridades, e incluso a las organizaciones privadas de ayuda al inmigrante, despejar estas percepciones mediante la divulgación de los datos reales de estas ayudas, tanto en sus montos como en sus destinos, con toda la transparencia que el caso exige, y por encima de su natural renuncia a publicarlos.
La ciudadanía tiene derecho a ello porque, en definitiva, es de nuestros impuestos y donativos de donde salen estas ayudas...
