El día 9 de septiembre de 2012, con motivo del 50 aniversario de conocerse los efectos teratógenos de la talidomida, la compañía farmaceútica alemana Grümenthal GmbH que la había elaborado y comercializado pidió por primera vez perdón públicamente por las muertes y graves deformaciones que había provocado en miles de niños, cuyas madres embarazadas habían tomado el fármaco. Durante el acto, se inauguró en Stolberg (Alemania) una escultura de bronce en recuerdo a los afectados, representados por una niña sin brazos y con malformación en los pies, sentada en una silla, junto a otra silla dramáticamente vacía. Las palabras que pronunció el director ejecutivo en el acto no estuvieron a la altura de las circunstancias. Sus palabras sonaron insuficientes, poco sinceras y vacías a los miembros de las asociaciones de afectados de Alemania, Gran Bretaña, Japón, Canadá, Australia y España.
Si la talidomida fue una palabra maldita en el mundo que nadie quería recordar, ni pronunciar, en España fue un auténtico tabú. Durante más de 30 años, los gobiernos españoles negaron la mayor asegurando que la talidomida no se había vendido en el Estado. La evidencia de 1.500 a 3.000 niños enfermos se impuso, pero la falta de un registro oficial de afectados puso muchas trabas para acceder a las indemnizaciones. De momento, Madrid solo ha reconocido a 24 afectados, dejando fuera las peticiones de otras 500 personas con idénticas malformaciones. El miércoles, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo confirmó la sentencia dictada el año pasado por la Audiencia Provincial de Madrid desestimando la demanda de responsabilidad civil contra la farmaceútica alemana al aceptar que los hechos habían prescrito. Las víctimas han comprobado que la ley es ciega y que casi siempre barre para el poder. No entienden cómo pueden prescribir hechos como estos, mientras ellos arrastran a diario sus discapacidades. Ahora solo les queda recurrir al Constitucional y a Estrasburgo.
