El vuelco

LA crisis económica sistémica desencadenada con la quiebra de Lehman Brothers en setiembre de 2008 ha tenido efectos devastadores sobre las economías de los países de la Unión Europea (UE) en forma de incremento del déficit, de la deuda y del paro, de la caída de las inversiones y de los ingresos fiscales, de la falta de liquidez de las pequeñas y medianas empresas, del deterioro de los servicios públicos y del estado del bienestar? de tal manera que hoy los objetivos de convergencia del Tratado de Maastricht (febrero de 1992; entrada en vigor, octubre de 1993), que permitió la implantación del euro en enero del 2002, no se cumplen casi por ningún país de la Eurozona. Así, por ejemplo, la media de la deuda pública en la zona euro se sitúa hoy en el 94,15% del PIB cuando en los objetivos de convergencia no se permitía superar el 60%. En muchos países, este porcentaje dobla o supera en un 50% o más dicho objetivo: Grecia, 174,2%; Italia, 132,1%; Portugal, 127,8%; Irlanda, 109,0%; Bélgica, 105,7%; Chipre, 103,3%; España, 98,2%; Francia, 95,7%; Austria, 87,2%; Eslovenia, 83,6%; Alemania, 73,5%; Malta, 70,1%; Holanda, 70,0%. En el caso del Estado español, esto supone que a cada ciudadano le corresponde un endeudamiento per cápita de 22.522 euros.

La crisis ha comportado un declive económico que ha hecho que el PIB total de la Eurozona sólo haya crecido modestamente entre 2008 y 2013, con caídas absolutas en 2009, 2012 y 2013, cuando algunas economías iniciaron una cierta recuperación que se confirmó en 2014. No ha sido así, sin embargo, en el caso español, donde el estallido de la burbuja inmobiliaria hizo mucho más grave la crisis, de tal manera que en 2013 el PIB todavía era un 6% inferior al de 2008. Pero los efectos más perniciosos se han manifestado en un incremento brutal del paro (23,7% en diciembre de 2014; 11,4% de media en la Eurozona) y en unos recortes (sanidad, educación, cobertura social) que han mermado el estado del bienestar. Paralelamente, la corrupción ha minado la credibilidad en el Estado de Derecho y en la imparcialidad de la Justicia. El resultado es que hoy uno de cada cinco ciudadanos vive por debajo del umbral de la pobreza, casi 1,8 millones de hogares tienen todos los miembros activos de la familia en paro, el trabajo se ha precarizado y la pérdida de poder adquisitivo se aproxima a los diez puntos entre 2008 y 2014. Al mismo tiempo, España ha pasado a liderar el ranking de desigualdad en la UE con un coeficiente incluso superior a los de Letonia, Rumanía, Bulgaria, Lituania, Grecia e Italia que son los países que vienen a continuación.

La crisis ha tenido también importantes repercusiones políticas. Por un lado, asistimos a un incremento de la xenofobia y el racismo contra la inmigración, que se ha traducido en diversos países (Francia, Holanda, Suecia, Austria, Reino Unido, Grecia?) en un avance electoral y social de los movimientos de extrema derecha, populistas y euroescépticos. Por otro, los sistemas de partidos tradicionales (y el bipartidismo en particular) se han visto cuestionados por nuevas fuerzas políticas que ponen el acento en los temas sociales, denuncian la pobreza y la exclusión, la precarización y las desigualdades y la prevalencia de los mercados y la troica cuyas políticas, advierten, conducen a un «austericidio» irreversible.

Y, en un año pleno de compromisos electorales (Andalucía, 22 de marzo; municipales y autonómicas, 24 de mayo; Cataluña, 27 de septiembre; elecciones legislativas españolas a finales de año o en enero de 2016), los parámetros políticos parecen más inciertos que nunca. Por un lado, la irrupción con fuerza en las encuestas de nuevas formaciones políticas que disputan el voto a los partidos tradicionales e incluso llevan a cabo opas sobre los que se encuentran en su entorno ideológico: es el caso de Podemos y, en menor medida, de Ciudadanos. El desconcierto es tal que en la Comunidad de Madrid el PSM e IU celebraron primarias para escoger a sus candidatos y ninguno de los dos elegidos (Tomás Gómez y Tania Sánchez) concurrirá finalmente en las listas para las que se presentaron: cesado uno por el secretario general del PSOE y decidida Sánchez a impulsar una candidatura de unidad popular al margen de IU. También en la ciudad de Barcelona, IC-EUiA se presentará en una candidatura conjunta, Barcelona en común, donde el primer representante de la coalición ocupará el tercer lugar en las listas. Por otro, la corrupción está haciendo estragos en los partidos tradicionales. En el PP los niveles de corrupción (Gürtel, Bárcenas, Blesa, Mallorca, Valencia?) resultan de escándalo y apuntan a una trama de corrupción destinada a financiar el partido o a lucrar a algunos de sus dirigentes. El tema de los ERE en Andalucía, con la reciente imputación de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, puede castigar las buenas perspectivas electorales que hasta ahora tenía Susana Díaz. Lo mismo le puede suceder a CDC en Cataluña con las derivadas del caso Jordi Pujol y familia. Por si fuera poco, el caso de las tarjetas black de Bankia salpica, en mayor o menor medida, a casi todos los partidos y sindicatos estatales mayoritarios.

Así pues, podemos asistir a un vuelco en el sistema político heredado de la transición -una transición cada vez más cuestionada a la vista de la situación creada por la crisis y la corrupción- incapaz de dar soluciones a los que más padecen los efectos de la crisis y de encontrar una respuesta judicial, rápida y ejemplar, que penalice a los responsables de la misma. En otras palabras, el movimiento de los indignados del 15M, que fue menospreciado por los grandes partidos, puede tener traducción política en el presente ciclo electoral y comportar un cambio sin precedentes. Además, encima de la mesa siguen estando los dossiers del encaje de Cataluña y Euskadi que, al menos en el primer caso, parece que no van a tener resolución sin pasar por las urnas para que los ciudadanos puedan elegir libremente su futuro político.

En definitiva, la sensación es que la crisis ha puesto al descubierto todos los defectos del sistema político español y de las instituciones del Estado llevando a los ciudadanos a una situación cada vez más difícil de afrontar: paro (incluidas millones de familias que han agotado las prestaciones sociales), desahucios, pobreza, precarización del empleo, disminución del poder adquisitivo, deuda pública resultante de la mala gestión empresarial de entidades financieras rescatadas, pérdida de los ahorros de toda una vida (preferentes), sueldos e indemnizaciones inmorales a algunos directivos responsables de mala gestión, corrupción, evasión fiscal y de capitales, jóvenes excelentemente preparados obligados a emigrar al extranjero en busca de trabajo, economía sumergida, privatización de los servicios públicos, deterioración de la calidad democrática de las instituciones, inversiones irrecuperables, públicas (construcción de infraestructuras innecesarias, aeropuertos donde no aterrizan aviones -España tiene el doble de aeropuertos que Alemania-, trenes de alta velocidad en los que no viaja casi nadie, autovías o autopistas poco transitadas) o privadas (viviendas y segundas residencias invendibles). Así, lo que en Europa -una Europa cada vez más insolidaria- se presenta como una decadencia más o menos placida, en el Estado español adquiere visos de desplome, de un Estado que se hunde ahogado por sus propias contradicciones, por la ineficacia para solucionar los problemas derivados de la crisis, por la corrupción y por la poca credibilidad de sus instituciones. Y nadie quiere seguir tocando en la orquesta mientras el barco desaparece bajo las aguas.